El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el 15 de enero del próximo año se instalará la comisión de expertos que se encargará de elaborar la reforma a la justicia, que tendrá no solo uno, sino varios proyectos de ley y que además planteará “retoques” a la constitución del 91.

“Seguramente esa reforma a la justicia va a traducirse en distintos proyectos de actos normativos. Es decir, no va a ser un proyecto de ley, serán varios.

Seguramente habrá algún retoque a la Constitución que sea necesario, no una gran reforma a la Constitución, pero sí algún retoque a la Constitución y algunos proyectos de ley, por ejemplo, uno se irá por el lado penal, otro se irá por el lado de familia, otro se irá por el lado de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que queremos fortalecer”, explicó Osuna.

Entre los “retoques” a la Constitución que pretende hacer el Gobierno Petro, está uno relacionado específicamente con las funciones sancionatorias de la Procuraduría general de la Nación.

Concretamente, el Gobierno busca que en la Constitución se incluya un texto en el que se deje claro, de una vez por todas, que el Ministerio Público no puede sancionar con destitución e inhabilidad a los funcionarios que hayan sido elegidos por voto popular.

Este aspecto está relacionado directamente con la controversia que tiene el presidente Gustavo Petro con la Procuraduría y cuyo antecedente es el pleito entre el entonces alcalde de Bogotá con el procurador de la época Alejandro Ordoñez, quien lo destituyó e inhabilitó por 15 años. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dio la razón al exmandatario de la capital.

Mientras Petro sostiene que la decisión de la Corte Interamericana establece que la procuraduría no tiene facultades para promover este tipo de sanciones, la Corte Constitucional determinó que la Procuraduría si puede sancionar a funcionarios elegidos por voto mientras estos estén en sus cargos y haya una revisión automática de estos fallos por parte del Consejo de Estado.

Otro “retoque” a la Constitución que se planteará en la nueva reforma a la justicia tiene que ver con las reglas y alcances de la acción de tutela en los casos en los que estas se interpongan contra fallos o sentencias judiciales. Según el ministro Osuna, las tutelas de este tipo no pasan del 1 por ciento del total de tutelas que se interponen en el país.

El tercer aspecto que tendría una modificación en la constitución tiene que ver con el presupuesto para el funcionamiento de la rama judicial. De acuerdo con el ministro, se debe establecer un monto mínimo para garantizar más y mejor justicia.

“El primer problema que tiene la justicia es que es muy poquita justicia para las dimensiones de la sociedad colombiana. Entonces, la reforma en la que estamos pensando se podría resumir en la palabra más justicia. Más justicia quiere decir, por supuesto, un poder judicial más robusto, mayor número de despachos judiciales con mejores condiciones de los servidores judiciales, con mejores equipos, con toda la tecnología, la digitalización a su disposición y al servicio, por supuesto, de la ciudadanía”, dijo el ministro.