El Programa de Alimentación Escolar (PAE), un plan que beneficia a miles de niños en todo el país, sigue teniendo graves dificultades por cuenta de demoras en contratación y casos gravísimos de corrupción con la comida de los menores. Precisamente, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega, así como a los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, por los retrasos registrados en el inicio y ejecución del programa.
La indagación también fue abierta para Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia, respectivamente, así como contra otros funcionarios de esas entidades territoriales que, al parecer, pese a tener recursos aprobados, no están entregado de forma adecuada los alimentos, justo en La Guajira, el departamento que por décadas ha sido afectado por la desnutrición y la muerte de menores.
En la decisión conocida por SEMANA, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira indaga las razones por las cuales aún no se ha culminado el trámite contractual para la implementación del PAE, tanto el mayoritario como étnico, en sus respectivas jurisdicciones, y de esa forma garantizar la prestación del servicio de manera.
En las cuentas del Gobierno, 5.104.136 de niños, niñas y adolescentes que comenzaron el calendario académico ya se están beneficiando del programa. Eso no pasa en La Guajira.
Son 82 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), de las 97 que ejecutan el PAE, las que comenzaron la operación del programa, “asegurando que el inicio de clases en las instituciones educativas oficiales vaya de la mano con el Programa de Alimentación Escolar”.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió copia de los actos administrativos expedidos por cada entidad territorial en los que se fijaron las fechas de inicio y finalización de calendario escolar, así como el número de beneficiarios proyectados para atender durante el 2023.
En el caso de la Gobernación de La Guajira la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.
Con la apertura de la indagación, señala la Procuraduría, “el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Las regiones que aún no empiezan con el PAE
De acuerdo con la UApA, (Unidad de Alimentos para Aprender), los equipos PAE de Caquetá, Quindío, Santa Marta, Sincelejo y Vaupés anunciaron que, entre la presente y siguiente semana, 171.945 estudiantes también recibirán el PAE. De igual manera, en el seguimiento que realiza la UApA se identificó que Buenaventura, Ciénaga, Guainía, Ipiales, Lorica, Pitalito, Sucre, Valledupar y Yopal estarían operando el PAE a finales de febrero e inicios de marzo, lo que beneficiaría adicionalmente a 260 mil estudiantes.
“Este martes nos reunimos con las ETC Casanare y Yopal. Junto con el equipo PAE de Casanare estamos analizando alternativas para la prestación el servicio a cerca de 1.800 estudiantes indígenas, pues las tres asociaciones (indígenas) que operarán el programa no han podido obtener las pólizas de seguro que requieren”, aseguró el director de la UApA.
Por su parte, “Yopal, que planeó con anticipación su ejecución, tuvo varias convocatorias declaradas desiertas, por lo que avanzará en una selección abreviada que, esperamos, permita iniciar la entrega del PAE los primeros días de marzo”, agregó.
En el caso de la ETC Bolívar, el calendario académico arranca el 20 de febrero y, según la UApA, está adelantando las gestiones para entregar el PAE a sus 132 mil estudiantes a principios de marzo.
Indagación preliminar a Gobernación del Quindío el PAE
Pese al informe del Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar para identificar a los funcionarios de la Gobernación del Quindío responsables de presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Programa Escolar de Alimentación para el departamento para la vigencia 2023.
Al parecer, como lo indicaron medios de comunicación locales, las clases escolares iniciaron el pasado 23 de enero, “sin que el PAE se encontrara suscrito de manera formal y sin las garantías necesarias para las niñas, niños y adolescentes del departamento”.