La JEP citó a los sargentos (r) Bernardo Alfonso Garzón, Gustavo Arévalo Moreno y al mayor (r) Óscar William Vásquez a una audiencia pública, el 24 y 25 de mayo próximos, para que aporten verdad sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia. Los tres uniformados eran miembros de inteligencia del Ejército durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Cabe recordar que en enero de 2022, la JEP aceptó el sometimiento de estos tres militares retirados exclusivamente por los hechos del Palacio de Justicia. Sin embargo, las víctimas impusieron un recurso de apelación que condicionó su sometimiento a la JEP a que hagan aportes “tempranos, efectivos y relevantes”.
Estos aportes de verdad, según señala la JEP en la decisión conocida por SEMANA, serán evaluados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para determinar si son significativas y suficientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos los 6 y 7 de noviembre de 1985. De lo contrario, señala el tribunal, sus procesos serán devueltos a la justicia ordinaria.
Los militares retirados tendrán cinco días hábiles para informar a la sala su voluntad de participar en esta audiencia y si tienen la voluntad de hacer contribuciones a la verdad que amplíen lo conocido en la justicia ordinaria. A esta audiencia pública de verdad están convocadas las víctimas acreditadas y sus apoderados. Para garantizar sus derechos y que se cumpla el proceso dialógico, la JEP realizará dos reuniones preparatorias con el fin de concertar con las víctimas la estructura de la audiencia y sus intervenciones.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue expulsado de la JEP por no hacer aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados a la verdad en la audiencia única de verdad efectuada en enero de 2023. El general en retiro fue el comandante de las unidades de la XIII Brigada, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
La historia de la toma y retoma del Palacio de Justicia
Al mediodía del 6 de noviembre de 1985, miles de palomas grises abrieron las alas y levantaron vuelo precipitado hacia el cielo bogotano, tan gris como el color de las aves de la Plaza de Bolívar, en la capital del país.
El sonido de un disparo pareció detener el tiempo en el Palacio de Justicia, que, como todos los miércoles desde hacía 37 años, era el único día de la semana en el que coincidían en su interior todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los disparos se repitieron y cientos de rehenes se encontraron cara a cara con la muerte (94 fallecidos), que en 28 horas, entre el 6 y 7 de noviembre, acechaba por cada rincón en el edificio que se habían tomado guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19), y que soldados del Ejército retomaron en un enfrentamiento a sangre y fuego que, como una de las peores pesadillas, Colombia no ha podido olvidar.
El 20 de septiembre, mes y medio antes de la toma, funcionarios del Gobierno se reunieron con magistrados y policías para revisar la seguridad del Palacio de Justicia, donde, por aquella época, se tocaba el tema de la extradición con Estados Unidos, y los magistrados Manuel Gaona, Carlos Medellín, Ricardo Medina y Alfonso Patiño habían recibido amenazas de Pablo Escobar. Aunque se hizo un estudio de seguridad arrojando un nivel alto de riesgo, el primero de noviembre se retiró la vigilancia de la Policía y quedó en manos de una empresa privada. Más de tres décadas después, no hay certeza de quién dio esa orden, aunque se han dado nombres sin prueba alguna.
El M-19 (SEMANA, diciembre de 1985) tenía planeada la toma para octubre durante la visita del presidente francés François Mitterrand para darle una dimensión mundial al asalto, pero algo falló. Ese día, dos guerrilleros fueron detenidos y les encontraron planos de la edificación. Todo se confirmó, el plan se cayó en ese momento, pero la idea seguía vigente.
La toma
Un camión Ford se estacionó frente al parqueadero del Palacio de Justicia; 35 personas (25 hombres y 10 mujeres) descendieron y abrieron fuego de inmediato para ingresar a la edificación.
Orden ministerial
Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, ordenó a los medios de comunicación suspender las transmisiones que relataban la toma del Palacio de Justicia. La orden fue clara: cambiar la información noticiosa por un partido de fútbol.
Desaparecidos
Once personas fueron reportadas. Los cuerpos de Cristina Guarín, Héctor Beltrán, Bernardo Hernández, Lucy Oviedo, Luz Portela y Gloria Anzola fueron encontrados en los últimos siete años. Sobre Gloria Lizarazo, Norma Esguerra, Carlos Vera, Ana Castiblanco y David Celis no se tiene rastro alguno. Este capítulo de la historia está vigente.
Decisiones
El coronel (r) Alfonso Plazas Vega, en un fallo histórico, fue exonerado en el 2015 por la Corte por su responsabilidad en las desapariciones de los trabajadores del Palacio de Justicia. Por su parte, en 2021, tres exmilitares fueron condenados a 40 años de cárcel. Del M-19 nadie respondió por esta masacre.