La JEP anunció una de las decisiones más esperadas en el marco de las investigaciones por la desaparición de personas inocentes que luego eran presentadas como bajas en combate, en el municipio de Dabeiba. Se trata de la imputación a diez militares por su responsabilidad en los conocidos hechos llamados con el eufemismo de falsos positivos. En este caso puntual, se les imputa crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Según el expediente, para la JEP no hay duda de que en el cementerio de Dabeiba (Antioquia) hay más de 49 civiles asesinados por miembros del Ejército y reportados como bajas en combate.
“Debido a la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances (archivos) de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP”, señaló el tribunal.
La Sala encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).
De igual manera, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y un soldado profesional en retiro: Levis de Jesús Contreras Salgado.
Las cifras
Antioquia se convirtió en el departamento donde más se cometieron ejecuciones extrajudiciales (485 casos), seguido de Santander (183) y Huila (162), además de Cauca, Córdoba, Arauca, Bolívar, Casanare, Sucre, Magdalena, Guaviare, Nariño, Risaralda, Bogotá y Vichada.
El Centro Nacional de Memoria Histórica reveló en su momento quiénes eran los presuntos responsables. De las 2.319 víctimas, el Ejército tuvo responsabilidad frente a 1.870 muertes: la Policía en 39 y sin información hay 38 casos. Por su parte, la Armada es responsable de once víctimas, la Infantería de Marina en nueve y otros 352. Del total de víctimas, el 89 % son hombres, el 5 % mujeres y del 6 % no se tiene información.
Subcaso Antioquia
Este lunes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP llamó a rendir versión al general (r) Mario Montoya Uribe, dentro del subcaso Antioquia, una de las seis zonas priorizadas en el caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, luego de que el exalto oficial fuera mencionado en varios informes acopiados por la Jurisdicción en el curso de la investigación.
Las diligencias, que se llevarán a cabo el 28 y 29 de septiembre en Bogotá, forman parte de una de las seis zonas priorizadas dentro del caso 03.
A partir de la información que recopiló la JEP, se logró establecer que cuando el alto oficial fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, entre el primero de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003, se presentaron crímenes asociados con falsos positivos perpetrados por miembros adscritos a esa unidad militar.