La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos o llamó a juicio disciplinario a los servidores de la Policía Nacional Hyalmar Juver Balaguera Siabato y Wilfredo Valencia Pérez, por presunto acceso carnal violento a una menor de edad y la presunta exigencia de dinero a un tercero, que estaba en el lugar de los hechos.

Al parecer, los uniformados, estando de servicio de patrullaje, accedieron carnalmente y de forma violenta a una menor de edad en un terreno despoblado del barrio Villa Nariño del municipio de Yopal, Casanare.

Posteriormente, Balaguera Siabato “habría exigido e inducido a un ciudadano que se encontraba en el lugar de los hechos a dar a su compañero y a él mismo $ 500 mil con la excusa de no reportar a la Policía de Infancia y Adolescencia que había sido encontrado con la menor”, según señala la Procuraduría General de la Nación.

El ente disciplinario señaló que los miembros de la fuerza pública “se habrían apartado de su principal y más importante labor como policía, que era brindar protección a los ciudadanos y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, se olvidó de sus deberes y desplegó conductas que en lugar de beneficiarlos, les causó grave daño, traicionando la confianza que le depositó toda la comunidad”.

Policías investigados por supuesto abuso de autoridad en medio del paro nacional, ¿serán gestores de paz?

El senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar se sumó a las voces que consideran que los policías investigados por supuesto abuso de autoridad en medio de las protestas también estén incluidos en la propuesta de paz total del Gobierno.

“Sí a gestores de paz. Y pido respetuosamente al presidente Gustavo Petro que incluya en el decreto a policías judicializados por abusos durante el estallido social. Con equilibrio avanzamos más. Esos policías fueron adoctrinados en el odio contra la juventud. Ese atenuante juega en su favor”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

Precisamente, en las últimas horas se ha generado toda una tormenta alrededor de este tema, ya que mientras el presidente Gustavo Petro impulsó el decreto que crea la comisión para la revisión de casos de detenidos con ocasión de las marchas sociales, los uniformados que están relacionados con algún cuestionamiento en medio del Paro están siendo retirados de la institución y contarían con pocas garantías.

SEMANA reveló que desde hace unos días se empezaron a tomar decisiones de fondo sobre estos casos. Una de ellas fue una resolución que sacó de la institución al patrullero Abberson de Jesús Acosta, quien fue retirado del servicio activo de la Policía.

El argumento fue que la institución “perdió confianza y credibilidad en el funcionario”. Acosta está relacionado con la muerte de Alejandro Zapata, quien participó en las revueltas de la primera línea en el sector de Banderas, en Bogotá, en 2021 y falleció por esos hechos. Según expresó el uniformado, no entiende por qué se tomó la decisión luego de once años de servicio. Además, asegura que es inocente, ya que hasta el momento está imputado por homicidio, por lo que aún no ha sido condenado.