La Procuraduría General de la Nación acaba de absolver a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el denominado escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht que sacudió a más de doce países, incluyendo Colombia.
Uno de los argumentos principales que encontró la Procuraduría es que ni Álvarez ni Parody lideraban sus respectivas carteras durante la época en que se elaboraron los dos documentos Conpes y se suscribió una resolución que emitía concepto vinculante, previo al establecimiento de estaciones de peaje en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra.
El Ministerio Público advierte en la decisión conocida por SEMANA que comprobó que “miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban”.
La entidad comprobó además que “los hermanos Parody fueron representantes legales de una sociedad que era minoritaria y accionista de otra que finalmente fue escogida por Cormagdalena para otorgarle la concesión sobre el puerto fluvial, meses después de haberse desarrollados las sesiones Conpes en que participaron las exministras”.
El auto advierte puntualmente: “Luego del análisis de la conducta que le fue imputada a las disciplinadas, de revisar el material probatorio y decantar el concepto de conflicto de intereses a partir de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la Procuraduría concluyó que el interés que podía existir no era directo y, por tanto, no se cumplían las condiciones para determinar un conflicto de intereses y la comisión de una eventual falta disciplinaria”.
Cabe recordar que este escándalo se desató en el momento en que las autoridades descubrieron que la constructora Odebrecht hizo pagos millonarios en calidad de sobornos para poder quedarse con concesiones en Latinoamérica y el mundo. Durante más de 15 años, la firma entregó plata e inmuebles a gobernantes, partidos políticos, empresas y personas naturales, relaciones que le significaron ganancias y contratos multimillonarios. En total, entregó 788 millones de dólares en coimas a funcionarios en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
El 21 de diciembre de 2016 se firmó un acuerdo entre Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, en el que altos directivos de Odebrecht reconocieron los delitos. En esa ocasión, en un informe revelado por el Departamento de Justicia de EE. UU., se conoció que en Colombia los sobornos sumaban 11 millones de dólares.
Recientemente, fue condenado el excongresista Antonio Guerra de la Espriella por estos hechos.
De hecho, Estados Unidos está investigando el escándalo en América Latina, a través del Departamento de Justicia y el FBI.
La recompensa para esta ocasión es de hasta 5 millones de dólares, el cual es el valor máximo que puede ofrecer el programa y con lo que se pretende lograr encontrar a los que permitieron y fueron cómplices de los robos millonarios y de los sobornos que se dieron por las empresas Braskem S. A. y Odebrecht S. A. en América Latina.
Según versiones de medios, el objetivo de esta nueva búsqueda es encontrar a los políticos y empresarios que fueron claves en el movimiento de piezas que permitieron que se diera este escándalo por lo que habría culpables tanto en el país de la multinacional, como en Colombia y Perú.