No para la tensión entre la Procuraduría y la Sociedad de Activos Especiales, por la empresa de servicios públicos de Barranquilla, Triple A. En medio de esta polémica, hace unos días la Procuraduría suspendió provisionalmente al director de la SAE Daniel Rojas.
Precisamente, buscando espacios de diálogo para allanar una salida por la comercialización de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A, la Procuraduría General de la Nación programó una mesa de trabajo para el hoy jueves 16 de febrero en Bogotá.
En otras palabras, la venta de las acciones de la Triple A generó un conflicto entre los negociadores -la SAE y la Sociedad K-Yena S.A.S.- que derivó en la suspensión del proceso ante posibles irregularidades. No es para menos; según cálculos del ministerio público, la demanda para el Estado sería por el orden de los 59 mil millones de pesos por incumplimiento al contrato de venta de acciones, pero también hay dudas por el montó que se desembolsó que podría ser menor al valor real, como sostiene Rojas.
Para tales fines, la Agencia Especial Designada por el Ministerio Público, en cabeza del procurador, Luis Ramiro Escandón, citó al alcalde de Barranquilla, al gerente de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, al representante legal de la Sociedad K-Yena S.A.S., a la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Y aunque el Ministerio Público sugirió que no se realizara la asamblea para elegir nueva mesa directiva de la Triple A, mientras no se aclarara la situación, evitando que esto condujera a acciones penales y disciplinarias futuras, la recomendación no fue acatada.
Ahora, como agente facilitador, la Agencia Especial de la Procuraduría señala en un documento conocido por SEMANA, que busca alternativas que permitan a las partes llegar a un acuerdo “en donde el patrimonio público no se vea en riesgo”.
¿Por qué suspendieron al director de la SAE?
Precisamente, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, a quien se suspende por tres meses; también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
En el caso de este último, según el Ministerio Público, al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE “que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales”.
Según la denuncia que generó la apertura de investigación y estas decisiones, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82,16 % las acciones de la empresa, avaluadas en 565 mil millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
De hecho, advierte la denuncia, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.
Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían “generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A”.
Y es que no fue nada fácil la asamblea extraordinaria de accionistas de la Triple A en la que se eligió a la nueva Junta Directiva de esa entidad. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, dejó en evidencia el duro enfrentamiento que tuvo con la procuraduría durante la asamblea.
“Lamentable que la procuraduría haya intervenido en la asamblea de la triple A para prejuzgar nuestra lucha anticorrupción”, escribió Rojas en un trino, y luego continuó: “Los entes de control están para defender el patrimonio público, increíble que la respuesta a quienes actuamos con honestidad sea el amedrentamiento”.
La petición del presidente Petro
El presidente de la República, Gustavo Petro, tomó una drástica decisión en la que pidió que de manera urgente se revise minuciosamente el caso de la Triple A de Barranquilla y detectar si se vendieron las acciones por debajo de su valor real.
De acuerdo con el mandatario colombiano, la tarea la deberá asumir cuanto antes la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que deberá adelantar las acciones correspondientes frente a la situación accionaria que podría rondar la Triple A de la capital del departamento del Atlántico.
“He ordenado, bajo mis funciones constitucionales, a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa triple AAA de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor”, trinó Petro.