La Procuraduría General de la Nación ofició a la Gobernación del Cauca, Unidad Nacional de Protección, Unidad de Víctimas, y a la Policía del Cauca y Ejército Nacional del Cauca, para que informen las acciones adelantadas en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe recordar que el pronunciamiento del ministerio púbico se refiere a que la CIDH requirió la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carlos Mauricio Mosquera Miranda, Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya y sus núcleos familiares, quienes residen en el municipio de Argelia.
En su comunicación, la Procuraduría señaló que estos líderes comunitarios habrían sido objeto de una serie de amenazas por sus actividades políticas, y por actuar como defensores de derechos humanos en la zona que habitan; y afirmó que su situación de riesgo persiste a pesar de haber sido trasladados a otros municipios.
Teniendo en cuenta la decisión tomada por esta instancia internacional frente al Estado colombiano, y en cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría solicitó a las entidades requeridas, informar si desde el ámbito de sus competencias han activado la ruta de protección respecto de las personas antes mencionadas.
Así mismo, pidió en su misiva, indicar si han adelantado coordinaciones con otras entidades del orden municipal y/o nacional con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes de la CIDH y, en caso positivo señalar las acciones propuestas, así como los resultados obtenidos.
Adicionalmente, en reunión interinstitucional convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cauca solicitó a la Secretaría de Educación departamental concertar las medidas de protección con las personas beneficiarias, entre ellas, la docente Elcira Mosquera, sin necesidad de esperar a que sea ella quien active la ruta de docentes amenazados, teniendo en cuenta las medidas cautelares adoptadas.
El ente de control precisó que mediante esta actuación preventiva se busca garantizar los derechos de un grupo de líderes sociales y sus familias, sin que ello implique coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas.
Las cifras: ONU se pronunció
Desde hace 26 años (1997), el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viene adelantando anualmente un informe en el que se refleja el panorama sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia.
Se trata de una radiografía de ese asunto y que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza). El 3 de marzo de 2023 se conoció el más reciente informe sobre la situación de 2022 y las cifras son preocupantes por los homicidios de líderes sociales y las masacres.
La cifra de masacres es la más alta en la última década y el panorama para los defensores de derechos humanos es preocupante. La violencia se disparó el año pasado, por lo que el Gobierno Petro tendrá la responsabilidad de hacer un cambio de enfoque en la política de seguridad para proteger a las comunidades en riesgo.
Para la ONU, la paz total del Gobierno Petro sería clave para reducir las cifras, siempre y cuando se implemente el acuerdo de paz que se firmó en 2016. Además, asegura que se están haciendo avances y asesoramientos en la reforma de la Policía y la doctrina de las Fuerzas Militares. La oficina de los Derechos Humanos recibió 71 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida por parte de la fuerza pública, entre ellas, los hechos sucedidos en Puerto Leguízamo (Putumayo) y en Chochó (Sucre).
Según la respuesta que dio el Ministerio de Defensa, en 41 de los casos denunciados no se cometió una violación al derecho de la vida, debido a que se aplicaron los protocolos según los lineamientos del derecho internacional humanitario. No obstante, indicó que en 30 de los casos ya se han tomado acciones disciplinarias o penales.
Fuerza pública
Según el Observatorio de los Derechos Humanos y Defensa Nacional, en 2022, 103 miembros de la fuerza pública fueron asesinados por grupos criminales.
Excombatientes Farc
El número de excombatientes de las Farc asesinados ascendió a 50 durante 2022, lo que indica que desde la firma del acuerdo en 2016 han sido asesinados 355.
Reclutamiento forzado
Hay documentados 115 casos de menores de edad reclutados por organizaciones al margen de la ley. De esa cifra, 74 eran niños, 37 niñas y se desconoce el sexo de 4 de ellos. Lo que sí confirmaron las autoridades es que, del universo de los menores reclutados en 2022, 11 niñas y 9 niños fueron asesinados. Las mujeres llevan la peor parte tras dichos reclutamientos, el reporte revela que 12 de estas niñas fueron víctimas de abuso sexual.