En una decisión conocida por SEMANA, la Procuraduría le pidió este viernes 31 de marzo a la Corte Constitucional tumbar algunos apartes de la denominada Ley de Paz Total propuesta por el Gobierno delpresidente Gustavo Petro.
“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal”, señala el documento.
Según el Ministerio Público, la falta del concepto del Consejo Superior de Política Criminal no permitió un debate informado de los alcances de la ‘paz total’ en el Congreso de la República.
“Se llama la atención sobre el hecho de que el vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras constituye un yerro que no solo afecta a las disposiciones acusadas, sino que se proyecta sobre todo el articulado de la Ley 2272 de 2022, en tanto sus disposiciones están orientadas a la seguridad y el orden público y, por lo tanto, se encuentran asociadas a la política criminal del Estado cuya discusión parlamentaria debió estar informada por dicho dictamen”, indica el ente de control.
Uno de los aspectos a tener en cuenta que hacen inconstitucional la iniciativa, es que al permitirse que desertores del Acuerdo de Paz de la Habana, estos puedan llegar a beneficiarse del mecanismo de justicia transicional contrariando el artículo 66 transitorio de la Constitución.
Es de recordar que finalizando el 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Paz Total que permite negociar con Iván Márquez, desertor del proceso de paz de la Habana, Cuba.
El jefe de Estado le dio luz verde a la Ley de Paz Total, la cual le da las facultades necesarias a su gobierno del Pacto Histórico para que negocie con el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc y ahora comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, entre otros criminales.
Como se recordara, el mandatario colombiano firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno, en la cual revisó a profundidad los temas que se deben priorizar de cara al cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del Pacto Histórico.
El presidente Petro reveló detalles de los alcances de la iniciativa: “La ley de la paz, el marco jurídico que permite, desde hace muchos años, esta vez se ha renovado, la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la Paz Total en Colombia. Así que ahora le corresponde a nuestro Comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación”.
“Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país”, anotó el jefe de Estado desde la hacienda Hato Grande.
Como informó SEMANA, el proyecto, en esencia, entrega facultades al presidente para adelantar diálogos, en búsqueda de lo que él ha llamado la ‘paz total’, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.
En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida es que el Estado podrá volver a sentarse a negociar con Iván Márquez y los integrantes de la Segunda Marquetalia.
Sobre ese aspecto puntual, el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitió: “Queda habilitada la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo, será el comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”.