La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó a la Delegada para la Fuerza Pública para que asuma las investigaciones necesarias tras las denuncias hechas por la Fiscalía, relacionadas con presuntos hechos irregulares en los que podrían haber tenido participación miembros del Ejército y la Policía Nacional, luego del secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en Tarazá, Antioquia, el 3 de febrero.
De acuerdo con la denuncia pública hecha por el fiscal general, Francisco Barbosa, a los funcionarios secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”, señaló.
Igualmente, la Jefe del órgano de control ordenó a la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal abierto por esos hechos.
Según conoció SEMANA, fue designado el Procurador 113 Judicial II Penal de Medellín, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo de ese caso.
Los funcionarios judiciales fueron plagiados a la altura de Valdivia, Antioquia, cuando se desplazaban por la vía que une a ese municipio con Medellín.
Y es que, tras el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía y una secretaria de un despacho judicial en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, el fiscal General Francisco Barbosa, advirtió que cerrarán la sede de la Fiscalía en esta zona del país por cuestiones de seguridad.
Dijo el fiscal que luego del secuestro, los funcionarios fueron trasladados por diferentes puntos de ese municipio e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se hiciera ningún procedimiento, de ahí que citarán a diligencia de declaración a las autoridades, para que expliquen qué operativos o procedimientos adelantaron en procura de rescatar a los funcionarios.
Barbosa aseguró que uno de los secuestradores de los funcionarios judiciales, sería alias Gonzalito, el máximo cabecilla del Clan del Golfo luego de la captura y extradición de alias Otoniel. Esa persona, alias Gonzalito, estaba en el listado que entregó el gobierno nacional para suspender las órdenes de captura lo que motivó un choque de trenes entre el ejecutivo y el ente acusador.
De acuerdo con los propios funcionarios, víctimas del secuestro, los delincuentes los trasladaron e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se adelantara algún procedimiento para editar su retención. Los secuestradores del Clan del Golfo se movilizaban con tranquilidad por esa zona del país.
“Por lo anterior se citará los funcionarios de Policía y fuerza militares responsables de esa zona en Antioquia, para que expliquen las acciones realizadas y los procedimientos tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y servidores públicos. En Tarazá la Fiscalía fortaleció su presencia con cooperación internacional, es lamentable que situaciones como estas sucedan”, advirtió el fiscal general.
Aseguró Barbosa que justamente Tarazá es uno de los municipios priorizados en el acuerdo de paz con las Farc y por eso se concentró la atención de los ciudadanos y no es posible que ahora esté nuevamente a merced de los delincuentes que transitan, según el jefe del ente acusador, de manera libre por esa zona del país. “No podemos admitir que nuestros funcionarios sigan siendo objeto de ataques por parte de grupos armados que transitan de una manera libre en ciertas zonas del país”.