Café del Mar es uno de los sitios más reconocidos por los turistas en Cartagena y desde donde muchos disfrutan el atardecer con una bebida en compañía de amigos. Sin embargo, una decisión judicial acaba de obligar al establecimiento a cambiar de ubicación.
Precisamente, ante la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación solicitó al director general de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Rafael Cuesta Castro, adelantar las acciones competentes encaminadas a finalizar el contrato de arrendamiento sobre el baluarte Santo Domingo, lugar donde funciona el establecimiento Café del Mar.
Esta medida se toma teniendo en cuenta la vulneración de derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
El fallo, según señala el Ministerio Público, que modificó la sentencia de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, ordena a la autoridad competente “la terminación y liquidación de todo tipo de negocio jurídico sobre el bien público y patrimonio cultural de la Nación, de conformidad a las normas legales”.
El Ministerio Público le insistió al director de la escuela taller, “en el deber legal de proteger el patrimonio cultural de la Nación, y el cumplir y hacer que se cumplan las decisiones judiciales que los vinculen directamente, donde sobre el particular, la corporación judicial otorgó el término de seis meses para dar observancia a lo ordenado en la providencia”.
En el lugar suelen agolparse visitantes que quieren tener una vista panorámica, pero al tratarse de un establecimiento comercial, se encuentran con la imposibilidad del ingreso en caso de no consumir o no haber mesa disponible.
El caso de Club de Pesca
En octubre de 2022, el Ministerio de Cultura impuso una millonaria multa al Club de Pesca de Cartagena. equivalente a 300 salarios mínimos en ese momento, es decir, 281 millones de pesos. Esto debido a la intervención realizada al Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en el barrio Manga.
Esta sanción fue impuesta luego de que el recinto modificara una intervención en la muralla, específicamente la aplicación de una pintura amarilla. Según la Resolución 2259, que se enmarca en el artículo 15 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, numeral 4, estas acciones serían una falta contra el patrimonio cultural de la nación.
“El Club de Pesca cartagenero incurrió en una falta contra el patrimonio cultural de la nación, materializada en la intervención sin autorización del Ministerio de Cultura en el Fuerte de San Sebastián de Pastelillo, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, el cual está incluido en el Plan Especial de Manejo Protección del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe”, se indica en el documento.
Lo mencionado ocurrió en agosto de 2021, que en su momento desató una polémica en el país. Según el Club, todo habría sido parte de un error de los contratistas. Sin embargo, la Oficina asesora jurídica del Ministerio de Cultura, en su investigación, evidenció que la intervención a la infraestructura habría sido sin la autorización previa del Ministerio.
Por esta razón, el Club de Pesca posteriormente declaró que habían aplicado una capa de pintura durante 12 horas, luego una capa de cal y finalmente la pintura amarilla que generó la polémica.
Los hechos
El 18 de agosto de 2021 se desató un escándalo por las obras de pintura que se realizaron sobre las murallas del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo en la ciudad de Cartagena. Pese a que fueron suspendidas casi de inmediato, expertos y ciudadanos han señalado la falta de conocimiento y divulgación de las normas del cuidado del patrimonio en el país.
Ante los hechos, se reunieron las autoridades de la ciudad con el Ministerio de Cultura y la junta directiva del Club de Pesca, espacio en el cual se definió la hoja de ruta para recuperar los daños que se hicieron sobre las murallas y la forma en que debe actuar cada parte para que las mismas recuperen su estado original.
Tras la reunión se concluyó que las obras, aparte de no contar con ningún tipo de permiso, sí constituyen una afectación al patrimonio cultural de las murallas.
“Revisamos el informe preliminar de los arquitectos expertos en patrimonio, donde definitivamente es evidente que hay una afectación al patrimonio cultural de las murallas. Hemos acordado una ruta de trabajo para iniciar el proceso de restauración la próxima semana”, indicó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.
En su pronunciamiento, precisó que la ruta de trabajo involucra que, en primer lugar, se removerán la pintura y el material de la intervención que no es compatible con la estructura original de las murallas. Para este trabajo, el Ministerio otorgará los permisos correspondientes y determinará las técnicas restaurativas que se deban aplicar.