El senador Mario Castaño acudió a indagatoria el pasado fin de semana ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Castaño es señalado de coordinar una compleja red dedicada al saqueo del erario a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Se trata, sin duda alguna, de uno de los grandes caciques políticos del Eje Cafetero y quien se reeligió el pasado 13 de marzo. Castaño fue capturado la semana pasada a la salida del Congreso. Pero además, nueva personas, entre ellas varias de su entera confianza, ya fueron también capturadas por agentes del CTI de la Fiscalía en Manizales, Chocó y Bogotá, y quedó lista una compulsa de copias en contra del congresista ante la Corte Suprema de Justicia. Castaño es señalado de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.
SEMANA, precisamente, reveló en su momento en exclusiva al expediente en contra de Castaño. Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.
Castaño fue capturado la semana pasada y puesto a disposición de las autoridades, al quedar en evidencia el modus operandi de uno de los entramados de corrupción más escandalosos de los últimos años.
Sobre ese caso en particular, en poder del alto tribunal había un amplio expediente, en el que una serie de audios terminaron convirtiéndose en la prueba más sólida en su contra. Castaño rindió indagatoria ante la sala especial de instrucción, dedicada a investigar aforados.
En marzo, la Corte Suprema aclaró que se le abría investigación penal y se citaba a indagatoria, específicamente “por concierto para delinquir agravado, como presunto líder de red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos”.
Pero ahí no para el escándalo, la Fiscalía General le imputó a Daniela Ospina, pareja del senador, el delito de estafa agravada, esto al considerar que ejerció presión indebida sobre 16 personas para que aceptaran un contrato de prestación de servicios en diferentes entidades públicas, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Contraloría General, la Procuraduría General, el Sena, entre otros. Todo esto a cambio de entregar una comisión al senador y hacerle proselitismo político.