Cada hora que pasa se conocen más detalles sobre los hechos que rodean el crimen que sacude a Bogotá este viernes. Las autoridades están en el proceso de identificar a las cuatro víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en una camioneta abandonada en el norte de la capital de la República.
Por el momento se ha podido esclarecer que una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Juan Carlos Useche, quien estuvo vinculado hace algunos años a la Policía, sin embargo, habría salido en medio de polémicas.
Useche incluso estuvo privado de su libertad durante unos meses en la cárcel La Picota de Bogotá en medio de un proceso que se le adelantaba por el delito de concierto para delinquir.
Una fuente cercana indicó que el expolicía era prestamista y tenía una oficina en cercanías al San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, donde se reunía con sus clientes.
Las otras víctimas, cuyas identidades están por ser esclarecidas, serían sus dos hombres de confianza. Frente a la mujer se busca establecer si tenían una relación sentimental o laboral con Useche. Igualmente, se quiere establecer quién era el dueño de la camioneta.
A primera hora de este viernes, el coronel Hebert Benavides, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la hipótesis más fuerte que se maneja por el momento es un “ajuste de cuentas”, esto teniendo en cuenta el modus operandi y la forma en que fueron encontrados los cadáveres en el puesto trasero y el baúl del vehículo. “Lo más probable es que las personas fueron ultimadas en otro lugar y movilizadas hasta ese sector”.
Esto en medio de una lucha que existe por el control del microtráfico de drogas en la capital de la República y que se ha encrudecido con el pasar de los meses. Los agentes que llegaron a la escena del crimen recolectaron diferentes documentos, un juguete, un bate de béisbol y ropa para buscar pistas sobre los autores del asesinato.
El oficial detalló que una de las primeras labores investigativas es la ubicación del dueño de la camioneta Toyota Prado con placas CJE 825 de Tunja. Informaciones preliminares indican que el vehículo estaría a nombre de un hijo de la empresaria de productos de belleza, Stella Durán, quien enfrenta desde hace más de cuatro años un proceso por estafa.
Sin embargo, el apoderado judicial de la familia manifestó que el vehículo fue vendido hace algunos meses, pero se ha presentado un problema en el traspaso. La persona que aparece en los documentos se encuentra actualmente en España y, su apoderado judicial, asegura que desde hace mucho perdió cualquier tipo de relación con el vehículo.
Esta situación ya está en conocimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Se viene haciendo la trazabilidad sobre el último propietario, tendría un traspaso abierto, se busca establecer quién fue su último propietario y a partir de ahí se realiza una investigación”.
¿Qué se sabe hasta el momento?
En la noche del pasado viernes, las autoridades fueron alertadas por la presencia de una camioneta abandonada a la altura de la Autopista Norte con calle 222. Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de dos personas en el puesto trasero, una de ellas, con una bolsa de basura en la cabeza.
En la inspección, hallaron otros dos cuerpos en el baúl de la camioneta. En el reporte oficial se señaló que los tres hombres y la mujer presentaban señales de tortura y heridas con arma de fuego.
Un grupo especial de la Sijín de la Policía se encuentra revisando todas las cámaras ubicadas de la Autopista Norte con el fin de establecer la ruta que hizo la camioneta. Para esto, se aplicará una técnica para rebobinar todos los videos y así establecer exactamente el curso del vehículo.
Por información que permita identificar a las personas que estuvieron detrás de esta masacre se ofrece una recompensa de 25 millones de pesos.
El Tren de Aragua, la temida banda criminal originaria de Venezuela, y cuyos crímenes exceden la violencia son los principales sospechosos. Sus integrantes son despiadados asesinos que exhiben en video sus crímenes. Tiene la orden, desde Venezuela, de matar a los “prestados” delincuentes de otras organizaciones, que son secuestrados y brutalmente “triturados” para meterlos en bolsas, como sello criminal.