SEMANA conoció la nueva fecha en la que la excongresista Aida Merlano deberá acudir a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento que la justicia en Colombia ha dispuesto en su contra tras ser deportada desde Caracas.
Puntualmente, la audiencia será el próximo 19 de abril, a partir de las 12:00 m., por el caso de fuga de presos.
Los hechos que serán presentados en la imputación se centran en lo ocurrido el primero de octubre de 2019, cuando la excongresista fue trasladada, en un inusual procedimiento, hasta el centro médico La Sabana, ubicado en la calle 116 con carrera Séptima, en el nororiente de Bogotá, para que reanudara una sesión del diseño de sonrisa que se estaba realizando.
Su fuga, como el país la recuerda, fue cinematográfica. Luego de despedirse de sus hijos y darle un emotivo abrazo al odontólogo, Javier Guillermo Cely Barajas, la excongresista se cambió la ropa, se puso unos guantes especiales, se amarró una cuerda a su cintura y, como si estuviera emulando una película de acción, abrió la ventana del consultorio y saltó al vacío. Luego huyó en una moto.
SEMANA conoció además que son en total seis diligencias en las que Merlano deberá “cantar” lo que sabe sobre el entramado de corrupción sobre el que, asegura, tiene pruebas contundentes que comprometen a varias casas políticas de la costa Caribe, como los Char, especialmente. La primera declaración se dio en la noche del pasado martes, desde la cárcel El Buen Pastor.
El día de la fuga, en el que el país vio cómo, a plena luz del día, y pese a la violencia del golpe contra el pavimento luego de saltar con ayuda de una cuerda a través de una de las ventanas del consultorio odontológico, la exdirigente política conservadora se levantó rápidamente para montarse a una motocicleta que la esperaba en la esquina de la carrera Séptima, para así emprender –y finalizar– su cinematográfica huida.
El 28 de enero de 2020, Merlano fue recapturada en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela. Estaba en un apartamento del sector de El Milagro junto al hombre que la había ayudado a fugarse. En ese punto remoto fue encontrada por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía de Venezuela, una de las más violentas y que se encarga de misiones de alto impacto.
Cabe recordar que Merlano tiene una condena inicial de 11 años de prisión, que en principio era de 15, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Y otra condena por cinco años de cárcel por violar topes electorales, decisión que fue revelada, en su momento, en exclusiva por SEMANA.
Las condenas por la fuga de Aida Merlano
En noviembre de 2021, el capitán David Alexander Álvarez Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión por su participación activa en el plan de fuga de Aida Merlano. Tras dos años de juicio, el oficial adscrito al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue hallado culpable de los delitos de prevaricato por acción (autor) y favorecimiento en la fuga de presos (coautor).
El juzgado determinó que el capitán, quien para el momento de los hechos era el comandante de custodia y vigilancia de la cárcel El Buen Pastor, avaló de manera injustificada y firmó todo el trámite para que la excongresista fuera trasladada a la cita odontológica. Este documento fue firmado por Cárdenas pese a que se encontraba de vacaciones y ya había designado a alguien para que continuara con sus funciones.
En esa oportunidad –y teniendo en cuenta las versiones conocidas durante el juicio–, el despacho judicial ordenó investigar a varios agentes del Inpec y de la Policía por su participación en la ejecución del plan de fuga.
La pena que deberá pagar Merlano
Penalistas explican que, en este caso, Merlano deberá pagar una pena de 11 años por ser la condena más alta proferida en su contra.
El abogado Juan Camilo Sanclemente, por su parte, explica que podría afrontar una pena de hasta nueve años por fuga de presos: “En este caso se pediría acumulación de las penas, pero pagaría la más alta. Es importante entender que los años que pagó de cárcel antes de su fuga no se tienen en cuenta. Es decir, comienza su pena desde cero. De aquí en adelante, son 11 años y se deben tener en cuenta otras condenas u otros procesos que podrían ser falso testimonio o fraude procesal”.
Abogados como el profesor Francisco Bernate explican además que se acudió a la figura de la deportación y no de la extradición, por tratarse de un trámite mucho más rápido para ambos gobiernos, tanto el de Venezuela como el de Colombia: “Si ellos la piden en extradición, esto habría tardado meses. La deportación se da, precisamente, porque el Gobierno de Colombia, durante la era Duque, había presentado la solicitud ante Juan Guaidó y eso no era legítimo. Por eso se usó esa figura esta vez”.