La nueva ministra de las TIC tiene por lema personal “trabajar 24 por 7”, y en su primera semana al frente del ministerio tuvo que demostrarlo. Este lunes anunciará su decisión sobre el contrato para administrar el dominio .co, adjudicado en medio de polémica. Y tiene la tarea de garantizar el cumplimiento de las metas TIC del Gobierno, que incluye sacar adelante la licitación de conectividad rural por 2 billones de pesos y otras adjudicaciones importantes. SEMANA: ¿Cuáles son las nuevas medidas de alivio para el sector de las telecomunicaciones? Karen Abudinen: Hicimos tres anuncios importantes esta semana. El primero es el aplazamiento, hasta el próximo año, del pago de la contraprestación para la televisión abierta, con el fin de apoyar financieramente a los canales y proteger el empleo de quienes trabajan allí. El segundo es el apoyo a la televisión y las emisoras comunitarias, que tienen una vocación social y sin ánimo de lucro; con el decreto brindamos alivio económico, condonando sus deudas hasta el 31 de marzo de 2021, lo que les permite concentrar sus esfuerzos en prestar el servicio y proteger el empleo que generan estos medios. Y tercero, abrimos una línea de crédito con Innpulsa y Bancóldex para prestarles recursos a las grandes, medianas y pequeñas empresas de TIC y medios de comunicación. Es un fondo de 500.000 millones de pesos. Estamos revisando alternativas que nos permitan generar condiciones competitivas en el sector y reducir el costo de la inversión para atraer la mayor cantidad de capital a todo el país y sus regiones. SEMANA: Las empresas de telecomunicaciones propusieron bajar del 2,2 al 1,6 por ciento la contraprestación que deben pagar, y utilizar recursos del Fontic para subsidiar a los usuarios que no les han pagado las facturas. ¿Qué opina usted de esas propuestas? K.A.: El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene como misión cerrar la brecha digital mediante la financiación de proyectos para llevar las TIC a todos los colombianos. Por tratarse de recursos públicos, este fondo se somete a los principios de legalidad y planeación, es decir, no es un fondo especial de emergencias. Es importante tener en cuenta que la Ley 1978 disminuyó las cargas para quienes prestan el servicio de televisión. Cumpliendo con lo que la misma ley fijó, el ministerio publicó en enero de este año, para comentarios, el estudio en el que se analiza el valor de esta contraprestación. Al respecto, hemos estudiado los comentarios recibidos, siendo cuidadosos de garantizar las inversiones que debemos hacer para cumplir con las metas del Gobierno en materia de TIC. Y, en este momento, estamos revisando alternativas que nos permitan generar condiciones competitivas en el sector y reducir el costo de la inversión para atraer la mayor cantidad de capital a todo el país y sus regiones.
SEMANA: Si decide reducir la contraprestación de los canales privados, ¿se pondría en peligro la financiación de la televisión pública? K.A.: No tenemos por qué poner en riesgo la televisión pública. La Ley 1978 fijó una garantía de que todos los años, desde 2020, se le destinan como mínimo los mayores recursos recibidos entre 2012 y 2019, y se le suma el IPC. Además, tenemos los recursos de las convocatorias para crear contenidos multiplataforma exclusivos para operadores públicos, así como convocatorias para las empresas colombianas; estas últimas, en 2020, constituyen el 500 por ciento de lo que en su momento destinó el antiguo fondo de televisión, que administraba la ANTV, hoy en liquidación. Finalmente, debemos recordar que este Gobierno ha sido el más comprometido con la televisión pública. Llevamos dos años invirtiendo los presupuestos históricamente más altos para garantizar su funcionamiento, y solo en este año hemos apropiado 292.000 millones para los canales públicos nacionales y regionales. SEMANA: ¿Vienen más licitaciones? K.A.: Próximamente abriremos dos licitaciones muy importantes para cerrar la brecha digital. La primera es para conectar 90.000 hogares adicionales en estratos 1 y 2 a internet con tarifa social, con una inversión de 130.000 millones de pesos. Esto hace parte del gran programa de última milla del Gobierno, que tiene como meta conectar 500.000 hogares en el cuatrienio. Y la segunda es la licitación para conectar a internet gratuito a más de 10.000 escuelas públicas en zonas rurales, que es un proyecto de más de 2 billones de pesos. SEMANA: Sobre este último, las conexiones serán de 5 megas, una magnitud muy inferior a la verdadera banda ancha, definida a partir de 25 megas. ¿Por qué? K.A.: Con una conexión de 5 Mbps se pueden ver videos, animaciones, navegar en cualquier página web, acceder a cualquier contenido digital sin problema. En el ministerio hicimos ese análisis y dimensionamos un proyecto que garantizara un mínimo de calidad y hasta 10.000 escuelas conectadas al mayor plazo posible, que fue el año 2030. Conectar escuelas públicas a 25 Mbps cuesta muchísimo más de los recursos con los que contamos, y eso habría implicado conectar menos escuelas o el mismo número con mucho menos tiempo de operación garantizado. La idea del Gobierno es llevar las soluciones de conectividad a la mayor cantidad de población posible, garantizando unos mínimos de calidad.
Próximamente se abrirán dos licitaciones: una para conectar 90.000 hogares de estratos 1 y 2, y la otra para llegar con internet gratuito a más de 10.000 escuelas públicas en zonas rurales. Las inversiones superan los 2,1 billones de pesos. SEMANA: Pero técnicamente quedaría sin cumplir la meta del presidente Duque de llevar banda ancha verdadera al sector rural. K.A.: Estamos cumpliendo con llevar banda ancha. Primero, con las obligaciones de cobertura que tiene la subasta de permisos de uso del espectro radioeléctrico, donde 3.658 localidades que no tienen servicio podrán acceder a internet móvil 4G. Igualmente, en todos los municipios de menos de 100.000 habitantes los operadores que ganaron permisos en la subasta tendrán que modernizar sus redes, también para llevar internet móvil 4G en donde hoy solo existe 2G o 3G. Este servicio 4G es el que permite la navegación a mayor y mejor velocidad. Igualmente, estamos llevando incentivos a la oferta y a la demanda, conectividad a 342.000 hogares en 404 municipios, y avanzaremos para llevar el servicio a las regiones restantes y para cumplir la meta de 500.000 hogares en estrato 1 y 2. Solo en lo corrido del Gobierno del presidente Duque, hemos obtenido el crecimiento más alto en nuevas líneas de internet móvil 4G, con un aumento de 8,1 millones de nuevos usuarios, lo que nos ha permitido llegar a los 21 millones de líneas de internet móvil 4G.
SEMANA: Esta licitación también ha sido criticada porque parece enfocarse en una sola tecnología, la satelital, que tiene alta latencia, es decir, proporciona una conexión lenta. ¿Por qué no aprovechar las redes de fibra óptica que tendió el Estado con grandes inversiones públicas en el proyecto anterior de banda ancha? K.A.: No es cierto que solo se considere la tecnología satelital. La Ley 1341, modificada por la Ley 1978, es clara en la definición del principio de neutralidad tecnológica. El proceso de licitación se enfoca en los requisitos del servicio, no en la tecnología a utilizar. Este es un proyecto que permite la utilización de cualquier tecnología e, incluso, combinaciones de diferentes tipos, según cada participante quiera proponer. Solo en lo corrido del Gobierno del presidente Duque, hemos obtenido el crecimiento más alto en nuevas líneas de internet móvil 4G, con un aumento de 8,1 millones de nuevos usuarios. SEMANA: Hubo problemas en dos grandes adjudicaciones, la subasta de espectro y la licitación del dominio .co, y hay críticas técnicas a la de conectividad rural ¿Algo está fallando en el MinTIC al momento de preparar licitaciones? K.A.: La asignación de permisos de uso del espectro no es una licitación, no es un proceso sometido a la Ley 80 de 1993; es un proceso administrativo, donde a quien cumple con unas condiciones la administración le otorga un permiso para usar el espectro. El país llevaba varios años esperando este proceso. Que me hayan notificado, esta subasta no tiene procesos penales en contra, además contó con el acompañamiento de la Procuraduría desde el segundo semestre de 2019, todos los documentos son públicos y los permisos se encuentran entregados desde febrero de este año. En cuanto al proyecto de conectividad rural, estoy conociendo los procesos que se están diseñando desde el ministerio y analizando hasta el último detalle para tomar las mejores decisiones. Y sobre el dominio .co, tengo hasta el lunes 18 de mayo para decidir, y esperaré hasta el último día. Quiero darles la tranquilidad de que tomaremos la mejor decisión, siempre pensando en el bienestar y el beneficio de los colombianos.