Ocho días después de la caída de la Ley de Financiamiento la cosa se ve más complicada minuto a minuto. El Gobierno aspira a que el Congreso la pase sin modificarla. Eso, sin duda alguna, sería lo más conveniente en términos institucionales. Al fin y al cabo se trata de unos artículos ya votados por las mismas personas que deben hacerlo ahora. Y esto daría la señal de que el Gobierno controla los asuntos económicos, lo cual genera confianza inversionista. Todos los gremios del país cerraron filas alrededor del presidente en la cruzada por salvar la ley. No es usual ese tipo de unanimidad entre tantos grupos de interés. Cada uno de ellos tiene una queja sobre el contenido o una iniciativa de cómo mejorarla. Sin embargo, en aras de mantener la confianza inversionista, se tragan ese sapo. Ese espíritu de resignación no se ve en el Congreso. Allá hay múltiples posiciones, incluidas las de quienes apoyan al Gobierno y comparten las preocupaciones de los gremios. Pero por ahora no parecen tener mayoría. SEMANA habló con líderes de varias bancadas y no solo tienen escepticismo, sino que las cuentas no están del lado del Gobierno. Como sucede con frecuencia, no están dispuestos a decir en público lo que afirman en privado.
Los principales obstáculos para que la ley pase intacta son Germán Vargas y César Gaviria. Pero no los únicos. El jefe de Cambio Radical se ha convertido en un hombre impredecible y no es fácil saber para dónde va. No solo estuvo entre los demandantes de la Ley de Financiamiento; además notificó sutilmente al Gobierno, desde su columna en El Tiempo, que su bancada apoyará la ley “en la medida en que sea la verdadera reforma estructural que el país necesita y se concierte para ofrecer respuestas a los aspectos que consideramos fundamentales”. A pesar del tono amable, el mensaje no puede ser más claro. Los principales obstáculos para que la ley pase intacta son Germán Vargas y César Gaviria. Pero no los únicos. En el círculo de Gaviria no pretenden ser amables. Aunque según la versión oficial el Partido Liberal tiene reparos frente a la ley, en realidad también hay algo de resentimiento personal. A Duque le ha faltado manejo con Gaviria, quien asumió un costo político alto por apoyarlo. Los expresidentes por lo general no pretenden mandar, pero hay que consentirlos un poco. Afortunadamente, César Gaviria es un hombre pragmático y responsable en lo económico. Voceros de su partido destacan que en la ley hay temas que deben permanecer, aunque afirman que la idea de bajar impuestos a los empresarios para dinamizar la economía no los convence.
La Alianza Verde insistirá en eliminar una serie de puntos que no comparte y muy seguramente con ellos se alineará el Polo, el petrismo y otras minorías opositoras del Gobierno. Como era de esperarse, verdes como Juanita Goebertus y Mauricio Toro son menos radicales que duros de la izquierda como Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo. Los partidos que más apoyan al Gobierno son el Centro Democrático y el Conservador. Pero a pesar del respaldo, también en estos hay diferentes opiniones. En el Centro Democrático, el partido de Gobierno, milita el congresista más influyente en temas tributarios: Óscar Darío Pérez. Este ha expresado reservas frente a algunos artículos, así como sugerencias que no forman parte del proyecto de ley. No obstante, Pérez es un hombre de partido, y no es imposible que deje a un lado sus reservas y más bien utilice su prestigio para traer al redil a algunas ovejas descarriadas.
El Partido Conservador inicialmente va a patalear. A todos los congresistas les gusta llamar la atención, y eso a veces se traduce en algún gesto de gratitud del Ejecutivo. David Barguil ha elogiado al Gobierno por haber dejado en el nuevo proyecto la sobretasa en renta para los bancos, una iniciativa parlamentaria con la cual el Ejecutivo no estuvo de acuerdo. Para él, eso muestra el compromiso de Duque por respetar lo aprobado previamente. En todo caso, a pesar de algunos shows, al final del día los godos van a acabar por apoyar al Gobierno. Para algunos escépticos hay otro escenario: que el proyecto de ley del Gobierno no logre pasar. Eso significaría que recuperaría su vigencia la reforma tributaria de 2016. Esta tuvo cinco cambios muy importantes: 1) Eliminó el impuesto al patrimonio. 2) Redujo la carta de impuestos de renta y patrimonio empresarial del 43 por ciento al 33 por ciento. 3) Creó el sistema de cédulas para el pago de impuesto de renta de personas naturales, que implicó un aumento en el recaudo.4) Adoptó medidas antievasión como el control a entidades sin ánimo de lucro. 5) Creó incentivos tributarios como el que permite a las empresas hacer obras en zonas de conflicto en lugar de pagar impuestos.
La anterior fórmula tiene beneficios a corto plazo. El principal efecto es que el recaudo sería más alto, pues la reforma de 2016 no incluía ciertas exenciones y reducciones de impuestos que el nuevo proyecto tiene para reactivar la economía. Pero volver al pasado tendría un costo institucional alto. Que al Gobierno no le pase una reforma tributaria le haría daño no solo a este, sino al país. Habría una pérdida de credibilidad en momentos en que el palo no está para cucharas. El principal efecto es que el recaudo sería más alto, pues la reforma de 2016 no incluía ciertas exenciones y reducciones de impuestos que el nuevo proyecto tiene para reactivar la economía. Lo anterior deja la impresión de que a la nueva reforma tributaria le espera un viacrucis con un final incierto. Sin embargo, la experiencia histórica deja una nota de optimismo. En temas económicos cruciales, los Gobiernos al final logran pasar lo que necesitan. Los congresistas son pantalleros, pero también responsables. Ningún sector quiere que le caiga la responsabilidad de dejar al país en el limbo en materia económica. Por lo tanto, a pesar de los tires y aflojes y del teatro de los partidos para poner al Gobierno contra las cuerdas, al final el poder presidencial se impondrá. En temas económicos cruciales, los Gobiernos al final logran pasar lo que necesitan. Los congresistas son pantalleros, pero también responsables No va a ser gratis. El presidente ha sido coherente en su guerra contra la mermelada, pero ingenuo no es. Duque no va a cambiar su gabinete como consecuencia del hundimiento de la Ley de Financiamiento, pues eso daría la impresión de que cedió a las presiones burocráticas. No obstante, es pragmático y seguramente hará algunas concesiones en su estrategia parlamentaria. Un poco de relaciones públicas, uno que otro puesto y la expectativa de una crisis ministerial a comienzos del año entrante podrían alinear a los tirapiedra. Al final, algo muy parecido al proyecto que presentó el Gobierno acabará aprobado.