El presidente Gustavo Petro ganó las elecciones prometiendo un cambio. Cuando se cumplen sus primeros 100 días en el Gobierno, tiene resultados para mostrar, pero sin duda hay muchos desafíos por delante. Su jugada maestra, al tomar posesión, fue convocar a un acuerdo nacional que le ha permitido avanzar con sus proyectos en el Congreso sin mayores dificultades.
Su primer gran logro fue la aprobación de la reforma tributaria, a pesar de la turbulencia que se generó en el debate público. Con ella se busca recaudar unos 20 billones de pesos. Petro pudo hacer realidad su promesa de campaña al sacar adelante una tributaria más dura con los que más ganan. Sin embargo, tuvo que ceder en algunas de sus aspiraciones.
En cualquier caso, hoy las alarmas están encendidas. Por ese motivo, el Gobierno tendrá que maniobrar de manera muy audaz para que una alta carga de impuestos no termine echando al traste la economía y golpeando el recaudo. Esto en momentos en que se habla de una recesión mundial y justo cuando Colombia tiene indicadores en rojo: una inflación del 12,2 por ciento, tasas de interés del 11 por ciento, una deuda pública disparada, un desempleo del 10,7 por ciento y un dólar volátil que ha tenido días por encima de los 5.000 pesos.
A la hora de hacer el balance, quizá una de las mayores dificultades que ha tenido el Gobierno Petro está relacionada con su manera de comunicar. Constantemente, durante estos más de tres meses, las declaraciones de algunos ministros han desatado más de una tormenta. Eso ha ocurrido especialmente con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha puesto a temblar los mercados con sus polémicos pronunciamientos sobre la no exploración y explotación de petróleo.
Aunque el propio ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la ha desmentido en público, lo que ha quedado claro con las recientes declaraciones del presidente Petro en la COP27, en Egipto, es que en realidad su intención es acabar con el petróleo y el carbón. Por lo menos ese fue el llamado que hizo en su discurso frente a líderes de todo el mundo. La clave allí será la responsabilidad a la hora de hacer la anunciada transición energética, que es necesaria, pero mortal si se hace de la noche a la mañana. En esta materia, la realidad es tozuda. Entre dividendos, impuestos y transferencias a la Nación, Ecopetrol aportó 26 billones de pesos en 2021. En 2022, al cierre, se incrementará la cifra, puesto que las utilidades de este año romperán récord.
Pese a que el Gobierno ha dicho que con el turismo se podrá sustituir ese billonario rubro, para lograr esa meta es necesario invertir grandes sumas de dinero en una infraestructura turística que hoy no existe y que deberá estar a los niveles de los mejores destinos del mundo para poder competir. De allí que sea necesario cuidar los mercados y no permitir que el nerviosismo haga de las suyas y lesione la confianza, con consecuencias devastadoras para la economía.
Buscando la paz total
En cuanto a la paz total, las encuestas revelan que los colombianos, mayoritariamente, le han entregado un aval al mandatario para que pueda lograrla. El Gobierno ha dado ya los primeros pasos en ese sentido. Tiene al ELN en Venezuela a punto de iniciar una negociación y hay varias cartas de todos los grupos armados ilegales mostrando su voluntad para formar parte de ese proyecto de paz total.
Los más grandes obstáculos han estado en encontrar las formas jurídicas para reintegrar a los disidentes de las Farc. La cabeza más visible de ellos es Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia. La presión ha sido grande porque, entre otros, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno Santos en La Habana, ha asegurado que Márquez tendría que ser castigado por ser un reincidente que traicionó el acuerdo de paz con las Farc. Mientras tanto, en el Gobierno buscan salidas para argumentar que Márquez simplemente se alzó en armas contra un supuesto entrampamiento de la DEA y la Fiscalía. Tanto Estados Unidos como el ente acusador han dicho que Márquez estaba involucrado en el narcotráfico y hoy la justicia en ese país lo busca por ese delito.
Por el lado de los narcos puros, como el Clan del Golfo, bajo ninguna circunstancia podrían recibir el mismo tratamiento político que el ELN. Por eso, se habla de un acogimiento con sometimiento a la justicia, y hasta la no extradición, bajo parámetros de una negociación que exija verdad, entrega de bienes y no repetición.
En relaciones internacionales, a pesar de la opinión de la oposición, y una alta desfavorabilidad de Nicolás Maduro en Colombia, que según la más reciente encuesta de Invamer llega al 83,3 por ciento, el Gobierno restableció las relaciones con Venezuela.
El presidente Petro se reunió con Maduro en Caracas. Si bien es cierto que hay muchas expectativas y los empresarios ven una gran oportunidad de intercambio comercial, políticamente el Gobierno sigue recibiendo críticas por no condenar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen del vecino país. Las advertencias vinieron del presidente de Chile, Gabriel Boric: “Me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”.
A propósito del Gobierno de Daniel Ortega, Colombia volvió a nombrar un embajador en ese país y tiene sobre la mesa el pleito pendiente sobre el mar territorial de San Andrés. Petro dijo desde Europa que Ortega “nos está quitando el mar” y cambió el equipo de defensa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Frente a Nicaragua, también ha trascendido que la Cancillería intentó mediar por la liberación de los presos políticos en Managua, y hace unos meses se abstuvo de votar en contra de Ortega en la OEA.
Con Estados Unidos, las relaciones atraviesan un buen momento. No hay que olvidar la llamada de Joe Biden a Petro solo 36 horas después del triunfo del candidato del Pacto Histórico, y el desfile de funcionarios de alto nivel por la Casa de Nariño: desde el director de la CIA, William Burns, hasta el secretario de Estado, Antony Blinken.
Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, en SEMANA muestran que hay un entendimiento entre los dos países sobre la necesidad de explorar cómo podría ser más efectiva la lucha antidrogas. Sin embargo, Washington no va a ceder en la legalización de la droga y en un freno total a la extradición.
Entre tormentas
Estos 100 días han sido intensos, entre anuncios, polémicas, discusiones y algunas promesas que definitivamente el Gobierno Petro no va a poder cumplir, como la eliminación del Esmad o la condonación de todas las deudas de los estudiantes en el Icetex. Sobre este último punto, el Gobierno dio esta semana una muy buena noticia y es que de más 900.000 créditos, unos 550.000 serán condonados, dándole continuidad a un plan que venía del Gobierno Duque. Para los demás jóvenes, habrá otras oportunidades e incluso para los nuevos, a partir de 2023, la tasa de interés podría ser cero.
Cuando se habla de cambio, el Gobierno no ha logrado un viraje significativo en la manera de relacionarse con los congresistas y los partidos, pues ha tenido que hacer acuerdos y entregar puestos para lograr sus objetivos. Así ha podido darle manejo al Partido Liberal, cuyo jefe único, César Gaviria, y sus congresistas, le han hecho hasta paro. Con los conservadores, La U y un amplio sector de los verdes, la relación fluye. Con la oposición, si bien hay protagonistas muy críticos como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia, el diálogo entre Petro y el expresidente Uribe ha ayudado a que el ambiente no sea tan caldeado. Uribe ha dicho que, en la diferencia, quiere ser constructivo. La imagen favorable del expresidente Uribe ha repuntado en los últimos meses y, según Invamer, es del 42 por ciento.
En materia social, a pesar del anuncio de que el programa Ingreso Solidario terminará el próximo 31 de diciembre, Petro ha sido muy enfático en que entregará subsidios de 500.000 pesos a más de un millón de madres cabeza de familia. A raíz de las fuertes lluvias, también fue decretada la situación de desastre nacional para atender a los miles de damnificados por el invierno. La primera inversión será de unos 2 billones de pesos. Por ahora, los aguaceros continúan agravando el panorama y encareciendo aún más la canasta familiar.
¿Qué pasará con la salud?
Una de las polémicas más fuertes que ha enfrentado el Gobierno ha sido por la anunciada reforma a la salud. Aunque quedó para 2023, el temor de pacientes, empresarios y médicos por lo que pueda ocurrir con el sistema, si se llega a desmontar, tiene que ver con la posible eliminación de las EPS. Lo que se conoce hasta ahora es un borrador del proyecto y la ministra Carolina Corcho ha dejado en claro que aún no hay nada en firme, que todo está para la discusión y que hay una realidad cierta: el sistema está quebrado y solamente algunas empresas prestadoras cumplen con su función a cabalidad.
Fuentes del Ministerio de Salud aseguran, por ejemplo, que ya habría una decisión en torno a no tocar los planes de salud prepagada. Sin duda, el debate el próximo año será candente, mientras la zozobra continúa a tal punto que las EPS están en alerta porque los pacientes, ante los temores por lo que pueda venir, han decidido acudir masivamente al médico y esto pone en aprietos a todo el sistema.
Otro de los asuntos en los cuales el Gobierno se ha empeñado a fondo tiene que ver con la búsqueda de la libertad para los integrantes de la primera línea que han sido judicializados, a pesar de todo lo que hicieron durante el paro de abril de 2021. Nada de eso ha ocurrido, y varios de ellos ya están condenados.
Paradójicamente, lo que sí ha sucedido es que ha surgido un movimiento ciudadano llamado La Gran Marcha, del cual participan los partidos de oposición, y que ha empezado a protestar en contra de las reformas del Gobierno. Las manifestaciones han sido masivas, especialmente en Cali, Bogotá, Medellín y Cesar. No ha habido desmanes y se espera que las protestas continúen y puedan llegar a ser más significativas.
En otros temas, Petro está tratando de posicionar el rescate y la protección de la Amazonía en la agenda mundial, ha hecho que bajen las tarifas de energía, ha cambiado el régimen de contratación para que las juntas de acción comunal hagan obras, sacó adelante el Acuerdo de Escazú, anunció la ampliación del PAE al ciento por ciento al 31 de diciembre y generó una purga masiva de generales en la fuerza pública. Para algunos, fue buena; para otros, preocupante y dañina para la institucionalidad. También se anunció la compra de tres millones de hectáreas a los ganaderos por 60 billones de pesos. Hasta ahora, la ministra de Agricultura, Cecilia López, ha dicho que quizá en este cuatrienio se podrá adquirir la mitad de los terrenos.
En todo caso, Petro es un presidente que está imponiendo su propio estilo. Constantemente se le ve acompañado de las comunidades indígenas y afro; puso en marcha los diálogos vinculantes regionales, por los cuales ha recibido flores y algunas críticas de quienes aseguran que solo habla y no escucha. Como en sus épocas de candidato, critica a los ricos, se enfrenta con la prensa y se caracteriza por una buena oratoria que ha expuesto en escenarios como la ONU, donde dijo que la lucha antidrogas fracasó y les cantó la tabla a las potencias.
A veces, el presidente acude a una retórica tremendista, como cuando aseguró que la humanidad moriría si Colombia utilizara todas sus reservas de carbón, o cuando comparó el petróleo y el carbón con la coca y dijo que eran peores que la droga.
También se ha vuelto cotidiano que llegue tarde a los eventos. Quedará en la memoria el día en que no asistió a la ceremonia de cambio de la cúpula militar. Ante la polémica, dijo horas después que tenía un “profundo dolor de estómago”. Sin embargo, se ha preocupado por transmitir una imagen afable hacia las Fuerzas Armadas: por eso se vio vestido de piloto, abordando un avión Kfir y se conocieron imágenes de él y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, compartiendo un almuerzo con los soldados en la base militar de Apiay (Meta).
De cara a lo que viene, el Gobierno tendrá que lidiar con el pesimismo de los colombianos. Según Invamer, el 59,8 por ciento de los consultados cree que las cosas en el país van por mal camino. Por eso, Petro deberá preocuparse por cumplirles a los más pobres en medio de un panorama económico lleno de nubarrones. El propio presidente ha dicho que una recesión es “inevitable”. El 2023 pinta difícil y se avecinan complejos debates alrededor de la reforma a la salud, la reforma laboral, pensional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez en enero, Petro tenga que enderezar algunas cosas y pensar, posiblemente, en cambios urgentes en su gabinete.
Hoy, una de las expectativas más grandes gira en torno al informe de hidrocarburos que deberá recibir el Gobierno y que servirá de base para que se decida, de una vez por todas, si habrá nuevos contratos de exploración y explotación. Más allá de las ideologías, lo que se resuelva deberá responder a las necesidades y realidades del país.
En conclusión, el mandato de Petro apenas comienza y todavía está a tiempo de hacer historia si logra el mejor gobierno posible para todos los colombianos, poniendo en marcha los cambios que prometió en campaña. Eso sí, con responsabilidad, sin saltos al vacío y construyendo.