SEMANA conoció en exclusiva el listado de los 676 candidatos a las próximas elecciones regionales que estarían inhabilitados por cuenta de sanciones disciplinarias proferidas en su contra por la Procuraduría General de la Nación.
Ante esto, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, exaltó la labor de la Corte Constitucional al haber respaldado en su sentencia, C- 030 de 2023, la función disciplinaria en cabeza de la entidad que preside y aseguró que con ella se restauró la institucionalidad en un momento crucial para el país, como es la contienda electoral.
Durante su intervención en la clausura del Congreso Colombiano de Derecho Procesal en Cartagena, la jefe del Ministerio Público aseguró que esta decisión evitó que se ocasionara un caos de inimaginables proporciones, porque a dos meses de la contienda electoral, se detectaron 676 candidatos inscritos, a pesar de estar sancionados, muchos de ellos por la Procuraduría.
“Si no se profiere la sentencia de la Corte Constitucional, esos candidatos, de forma irregular y con desconocimiento de los derechos de los demás candidatos, habrían encontrado una fórmula de participar en los comicios”, aseguró la funcionaria.
La Procuradora calificó de increíble que en el país haya sectores que igualen a los servidores públicos indisciplinados con los disciplinados y que la interpretación literal de una cláusula convencional del año de 1969, sirva como patente de corso para que reine la impunidad.
También explicó que la Corte Constitucional fue mucho más allá de lo esperado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reforzando la garantía para que las sanciones de destitución, inhabilidad general y especial y las de suspensión contra los servidores públicos de elección popular, proferidas por la Procuraduría, queden sujetas a la revisión definitiva por parte del juez contencioso y calificó el proceso disciplinario colombiano como uno de los más garantistas y acorde con los más altos estándares de calidad y justicia.
Esta es la lista de los candidatos
“El listado de sancionados se envía al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se realice la correspondiente investigación y se verifique si hay lugar a la revocatoria de inscripción”, indicó la procuradora Margarita Cabello.
De acuerdo con la Procuraduría, de los inscritos, 14 aspirantes a alcaldías presentan inhabilidades; 19 para diputados; 560 tendrían impedimentos en concejo; tres para gobernación; 55 para Juntas Administradoras Locales, y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá.
En cuanto a los departamentos con mayor número de candidatos con anotaciones de inhabilidades, la lista la encabeza Antioquia, con 81 inhabilitados; le sigue Santander, con 66; Cundinamarca, 63; Tolima, 43 y Valle del Cauca, con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron.
Finalmente, en el listado por municipio, Bogotá registra 30 candidatos que estarían inhabilitados, Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta registran ocho, y cierra el listado Barrancabermeja con siete candidatos inhabilitados.
¿Rodolfo Hernández está inhabilitado para las próximas elecciones? Esto es lo que dice la Procuraduría
Aunque el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aún no aparece en la lista de candidatos inhabilitados, debido a que no ha sido notificado de la última sanción en su contra, de acuerdo con la Procuraduría, no podrá aspirar a la Gobernación de Santander para las próximas elecciones regionales.
En su análisis de la última sentencia de la Corte Constitucional, en relación con las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto, el Ministerio Público advierte que aquellos funcionarios sancionados, más de tres veces en los últimos cinco años, automáticamente quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por tres años en los casos en los que la última sanción impuesta es inferior a ese término.
En el caso de Hernández, en mayo de este año, la Procuraduría lo inhabilitó en primera instancia por 14 años para ejercer cargos públicos por interés indebido en el caso Vitalogic. El Ministerio Público probó que el exalcalde de Bucaramanga tuvo interés indebido en el proceso de selección del contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos.
También tiene tres sanciones disciplinarias en firme: la primera es una sanción de suspensión por dos meses por maltrato verbal al ingeniero Wilson Motta, quien se desempeñaba como supervisor de un contrato de obras públicas; la segunda sanción fue proferida en agosto de 2020 por el término de ocho meses por maltratar verbalmente y golpear al concejal John Jairo Claro Arévalo; la tercera sanción es una suspensión de cuatro meses por tratar en términos irrespetuosos y desobligantes al veedor ciudadano, Fernando Martínez Arenas, durante una actividad pública.
La última sanción contra Hernández fue confirmada hace apenas unos días, al hallarlo responsable de haber irrespetado a un veedor ciudadano durante un evento público realizado en el parque Solón Wilches, en la capital del departamento de Santander.
Según el Ministerio Público, la decisión en firme se debió a que Hernández trató “en términos irrespetuosos y desobligantes” al ciudadano.
A través de un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular aclaró cualquier duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde en contra del veedor Fernando Martínez Arenas, quien le reclamó por la poda de árboles que se llevaba a cabo por parte de funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo.
Los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2018. Hernández, ante el reclamo de Martínez Arenas, entró en cólera y respondió de forma irrespetuosa cuando le dijo al ciudadano “lavaperros”, incumpliendo con “el principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”, señaló la Procuraduría.
“El funcionario tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos. Cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones por ellos adoptadas, y estas tienen el deber de resolver con respeto esas peticiones”, explicó la Procuraduría.