Esta semana, el Gobierno presentó la esperada ley de sometimiento para bandas criminales y narcos. Nada menos que la fórmula con la que esperan que cuelguen sus fusiles, reparen víctimas y entreguen las fortunas acaparadas en su vida criminal. Con un tema espinoso que brilló por su ausencia en el texto, pero que al parecer ya está acordado, en voz baja y con letra menuda: la extradición. SEMANA habló con reconocidos abogados defensores de narcos, paramilitares y mafiosos, quienes evaluaron la propuesta. La conclusión: más de lo mismo y un “fiasco” si con ella se pretende llegar a la paz total.
Señalan que esta “oferta”, como la llama el ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece clonada de la ley de sometimiento que se tramitó en el segundo mandato de Juan Manuel Santos, bajo la tutela del general (r) Óscar Naranjo, cuyo resultado fue nulo, un fracaso. Nadie se acogió.
El curtido abogado Gustavo Salazar, quien conoció leyes de sometimiento desde los noventa, cuando se tramitó la primera para la entrega de Pablo Escobar y su temido cartel de Medellín, y que ha defendido a narcos de la talla de Gonzalo Rodríguez Gacha, Pacho Herrera y la Oficina de Envigado, aseguró que es un desastre, un fiasco y que, como la tramitada en 2018, no va a desmovilizar a nadie.
“Se dijo que iba a ser una ley benévola, que permitiera realmente el desarme, pero es otro fiasco. La rebaja de penas ya la tiene la ley ordinaria. La posibilidad de quedarse con el 6 por ciento de los bienes y el dinero es minúsculo, en Estados Unidos se puede negociar dejando el 50 o hasta el 60 por ciento. Ellos no van a dejar de traquetear para entregar el 94 por ciento. Eso no va a funcionar”, dijo el abogado Salazar.
La extradición y el mico
Pero el tema sobre el que fue más enfático este abogado de la mafia y que es la nuez de la discusión es la extradición. Recordó que en la época de Escobar era el tema central y estaba claro en el texto. “Acá no dice nada. Gustavo Petro dijo que narcotraficante que confiese y se someta a la justicia, no será extraditado. Mintió, acá hacen lo que dicen los gringos”, afirmó al señalar que no hay garantías.
No obstante, al parecer, el diablo está en los detalles. SEMANA conoció la posibilidad de que este tema ya esté saldado y, según explicaron, “la norma está escrita para engañar a los gringos, a la DEA, porque la extradición ya fue prohibida en la prórroga y modificación de la Ley Orden Público, recién tramitada en el Congreso”.
El artículo 8, parágrafo 3, de esa ley, señala, haciendo referencia a las zonas de concentración, que “en las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de órdenes de captura, incluidas las órdenes con fines de extradición”, planteamiento que se puede extender, por solicitud del Gobierno, fuera de estos lugares. Es decir, la extradición, a juicio de juristas, sí se suspende, pero no lo dicen duro y de frente para que el eco no llegue a Estados Unidos.
Las opiniones son diferentes. Angélica Martínez Cujar, abogada de alias Matamba, y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, y quien conoce de estas negociaciones, fueron claros. “En el borrador no se tiene en cuenta la extradición, deducimos que la normatividad actual sigue rigiendo, pero llama la atención que el doctor Gustavo Petro decía que los narcotraficantes que se sometieran a la ley, repararan y no reincidieran, no iban a ser extraditados. Hay un vacío jurídico y diferencias entre sus discursos y el borrador del proyecto”.
Para Alexánder Morales, defensor de derechos humanos y de las víctimas, quien ha sido muy cercano a la negociación con las bandas criminales que operan en Medellín, “el presidente está incumpliendo la promesa de que no se extraditaría a quienes colaboren con la justicia. Debe ser una herramienta jurídica que respete garantías de derechos humanos. No un instrumento político de represión, como lo utiliza el Gobierno”.
Su conclusión sobre este espinoso tema es que “es mejor ser extraditado y solucionar su situación jurídica en el exterior, donde pueden tener mayores beneficios, que someterse a estas normas que parecen ser elaboradas por un enemigo de la paz con interés económico”.
La confianza
Así como estos abogados consideran que se está incumpliendo con el compromiso tácito de no extraditar, el asunto de fondo también es la falta de confianza y los antecedentes. Consideran que hoy se negocia con Petro, pero en el futuro lo acordado se puede convertir en letra muerta, en un Gobierno con convicciones diferentes.
Jaime Paeres, abogado de quien fue el máximo jefe de los paramilitares, Salvatore Mancuso, afirma que “hay dos aspectos fundamentales como la confianza legítima y la seguridad jurídica. La experiencia ha enseñado que esa es la razón del fracaso de los procesos de paz, del rearme y de la perpetuación del conflicto”.
Como no hay confianza, no puede haber interpretaciones y todo debe quedar claro en la ley. “No veo clara la delimitación temporal, cuánto tiempo debe durar el proceso judicial de sometimiento; Justicia y Paz inició en 2006, lleva 16 años y se van a necesitar otros 20 para terminar. Es un absurdo jurídico, un incumplimiento a las víctimas y a quienes creyeron en el proceso y dejaron las armas”. Para Paeres, con la norma recién radicada va a pasar lo mismo.
Arturo Mojica, director de la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, la cual ha representado por años a las víctimas del paramilitarismo en el norte del país, “la ley presentada no aporta nada nuevo, no se aprendieron de los errores frente a la nula obtención de verdad, justicia y reparación. La mayoría de las víctimas de los paras en Atlántico, Sucre y Bolívar no han recibido reparación y tampoco han escuchado la verdad por parte de sus verdugos”. Por eso, afirma que sin que quede claro el tema de la extradición puede pasar lo mismo, “que se lleven la verdad a Estados Unidos”.
¿Y el billete?
Esta ley está hecha para delincuentes puros, sin ningún interés político, solo los mueven los millones de dólares que acaparan con sus negocios criminales, en especial el narcotráfico. La “oferta” del Gobierno es que se queden con el 6 por ciento de lo conseguido a cambio de expiar sus culpas. Una propuesta que, en concepto del experimentado abogado Salazar, “no es atractiva”. “Primero se habló del 10 por ciento y eso es mínimo, qué van a dejar de traquetear para regalar el 94 por ciento, mejor no delinquen. Es pírrica, nula, no se va a poder aplicar. Va a ser otra frustración”.
El defensor de derechos humanos Morales coincide y señala que “entregar el 94 por ciento de los bienes es un mal negocio en Colombia, cuando en Estados Unidos se obtiene un mejor porcentaje”. O simplemente, nuevamente, las víctimas no serán reparadas y se van a ocultar los bienes. Sin embargo, hay otros más optimistas. Martínez Cujar dice que “mantener el 6 por ciento para los victimarios es prudente y valioso, porque un proceso de paz sin reparación no existe. Es una estrategia efectiva, pero hay que tomar medidas, porque en Justicia y Paz hubo muchos que repararon, pero fueron excluidos, es el caso de Mejía Múnera. Entregó sus bienes que no llegaron a las víctimas”.
John Cadena, abogado de los Comba, los hermanos Calle Serna, advierte que el problema no es el porcentaje, sino el manejo. “Con la extinción de dominio se han lucrado los corruptos. Es una buena medida, pues le cuesta más al Estado recuperar el 94 por ciento de los bienes que entregar el 6 por ciento. Pero es necesario revisar el manejo y venta. ¿A cuántos inocentes les han quitado sus tierras, sus negocios, sus carros, para entregarlos a corruptos peores que los narcos?”.
Sin arrancar la discusión en el Congreso, el escepticismo es claro. Los antecedentes no dan confianza. El fantasma de la extradición aún asusta, así parezca frenada en la letra pequeña; el 6 por ciento del botín puede resultar poco, y se habla más de gabelas que de las víctimas. Tal vez el único de los abogados optimistas es Andrés Felipe Caballero, abogado de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
El defensor se refiere a la ley con algo de esperanza. “Es difícil de digerir la cantidad de beneficios que se ofrecen a estos grupos, pero precisamente esa es la naturaleza de la justicia premial. El Estado no está aceptando que perdió la guerra contra estas organizaciones, sino creando escenarios que permitan su desmantelamiento rápido”, concluye.