“Yo tampoco me he vacunado”, dicen algunos ciudadanos en sus conversaciones cotidianas. Durante un tiempo, estuvo latente el temor a ser juzgados por no querer inyectar el biológico que combate los efectos fatales del coronavirus, pero desde el 16 de noviembre todo cambió, luego de que se aplicará lo establecido en el Decreto 1408 del Gobierno, que ordena a las personas mayores de 18 años mostrar su carné de vacunación en eventos culturales o de ocio.
Es importante aclarar que en Colombia la vacuna no es obligatoria. Pero Dina Beltran, quien tiene un hijo de 14 años, siente que los están coaccionando para que se la apliquen al exigir el carné en otros espacios que afectan su libre desarrollo. De lo contrario, no entiende por qué razón le exigen en el colegio público, ubicado en Suba (Bogotá), el carné para poder matricularse en noveno grado. Tanto ella como el joven decidieron que no se quieren vacunar, argumentando no sólo convicciones religiosas, sino también cuestionando la efectividad de la vacuna.
Por una parte, Dina y su hijo indican que, al estudiar la biblia en la Apocalipsis, se habla de que días antes de la segunda venida de Jesús al mundo se presentará una pre-marca del anticristo y teniendo en cuenta que este biológico ha sido inyectado a millones de personas en el mundo, temen que sea esta la señal. “No puede ser que después de tanto guardarnos para no fallar a su voluntad caigamos en esto, simplemente porque es tendencia mundial”. Es consiente de que quizás muchos de los lectores, se rían al parecerles absurdo su argumento, pero les recuerda que en Colombia existe la libertad de culto.
Cree que además, no son claros los riegos y beneficios por lo que no está dispuesta a ser un “conejillo de indias”. Mucho menos exponer a su hijo a algún tipo de riesgo. El abogado Sergio Estrada, director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, desde un principio de la pandemia advirtió que se podría presentar este tipo de diferencias. Aclara que constitucionalmente se tiene derecho a la objeción de conciencia y cualquier colombiano puede oponerse al cumplimiento de un deber jurídico u obligación cuando entre en conflicto con sus convicciones.
Estrada asegura que las diferencias no solo se han presentado en el ámbito académico, sino también en el laboral. Cada vez más personas están denunciando despido de sus empresas por no tener el esquema de vacunación completo, por lo que se considera una violación a sus derechos.
Para algunos constitucionalistas, hay un choque de trenes porque la ley novena de 1969 autoriza al Ministerio de Salud para imponer vacunas obligatorias y evitar contagios masivos, pero en la actualidad esta norma no se aplica debido a que es una ley anterior a la Constitución de 1991. Por esa razón, la Corte Constitucional estableció el consentimiento libre y preinformado. No se le puede inyectar alguna sustancia sin consentimiento previo del paciente, pero pedir el carné es, para muchos, una manera de presionar para acceder al procedimiento.
¿Qué derecho debe primar? Por un lado, están los derechos a la educación, la objeción de conciencia, libertad de culto y trabajo. Por el otro, está el derecho a la salud y la vida, que es finalmente lo que se busca con el esquema de vacunación, luego de una pandemia que, hasta la fecha, ha dejado más de cinco millones de muertes en el mundo.
En Colombia existe una jurisprudencia de la Corte Constitucional donde señala que ningún derecho debe primar sobre otro, sino que se deben ponderar. El abogado Jose Gregorio Hernandez manifestó que él presentó dicho concepto en un fallo, pero aclaró, que tratándose de niños y la salud hay que tener en cuenta unos artículos de la Constitución.
Por ejemplo, en el artículo 44 dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, indicando que el bienestar de los menores de todo un salón de clase tiene que prevalecer sobre el de un niño en particular. Esto lo argumenta con los artículos que hablan no solamente de los derechos de los ciudadanos sino también de los deberes. El artículo 49 de la constitución dice que “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad” y el artículo 95 señala que es deber “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
Sin embargo, el abogado Sergio Estrada al igual que Dina, aseguran que son conscientes del cuidado que deben tener por el otro, pero no entienden por qué si el uso del tapabocas y lavado constante de manos evita en un 90 por ciento el contagio, exigen la vacuna con la que ellos no se sienten seguros. El argumento que dan desde el Ministerio de Salud para este punto en particular es que, en algunos espacios como en restaurantes, bares, gastrobares y cines donde hay consumo de alimentos es necesario retirar el tapabocas. Por eso la pregunta es ¿ese mismo riesgo se corre en los colegios?
Varios padres de familia, para evitar este debate, deciden sacar a los niños de la institución y matricularlos en colegios 100 por ciento virtuales. No todos tienen dinero para sopesar un gasto adicional, como Dina. Además, los niños quieren en su mayoría continuar compartiendo con sus compañeros de clase.
Estrada aclara que los no vacunados no necesariamente son antivacunas como los han querido mostrar. Por su parte el Ministerio de Salud aclara que en ningún lado está escrito que se puede exigir el carné de vacunación en los colegios, pero, tampoco dice que no se pueda solicitar.
Teresa Rodriguez, decidió no vacunarse porque vio cómo, según ella, después de que su esposo e hijos lo hicieron quedaron con afectaciones de salud, como desmayos y dolor constante de espalada y cabeza, “para qué buscar enfermarme si así estoy bien”, dijo la mujer de 48 años a SEMANA. Sin embargo, ahora que viene el grado de su hija como bachiller no va a poder asistir, porque el protocolo exige el carné. Ella también está en desacuerdo con la obligatoriedad, por eso al igual que Dina pide al gobierno nacional o al distrital intervenir para que no les violen lo que ellas consideran sus derechos.
SEMANA conoció que reconocidos constitucionalistas han sido contactados por entidades públicas y privadas para emitir conceptos especializados, ya que se ven inmersas en un área gris dónde aún no es clara la reglamentación, considerando que el gobierno ha tomado una postura poco radical y muy abierta a la interpretación para que sean las instituciones quienes asuman responsabilidades y no el gobierno nacional, en caso tan de que se registren medidas jurídicas frente a las restricciones, como las que han anunciado algunos colectivos con la llamada tutelatón, que al decir verdad aún no ha tomado fuerza.
Pese a todo los temores que puedan aún existir, y convicciones radicales, la realidad es que las cifras no mienten y estadísticamente está comprobado que los no vacunados presentan un riesgo hasta 10 veces más alto de llegar a Unidades de Cuidados intensivos e incluso morir de covid -19.