Los avivatos del Congreso

En varias oficinas del Congreso de la República hay una práctica delictiva que se ha hecho común y que la opinión pública consideraba erradicada hace tiempo. Se presenta cuando el congresista abusa del derecho que tiene para nombrar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y acuerda, con quienes designa en dichos cargos, pagos ilegales para él o para terceros. Es un delito llamado concusión, que además de la pérdida de la investidura, da cárcel y millonarias multas. En su momento, el caso emblemático fue el de Regina Betancourt de Liska, conocida como 'Regina 11', cuya 'muerte política' se dio tras las denuncias de que pedía parte de sus salarios a los miembros de su equipo de trabajo.Según confirmaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia, con frecuencia llegan anónimos que denuncian que la situación continúa. Pero los procesos difícilmente terminan en sanciones, pues la prueba depende de los testimonios de los trabajadores que aceptaron estas condiciones, y cuando estos son citados a declarar no se autoincriminan por el temor a perder su estabilidad laboral. También se han dado casos en los que el congresista coacciona al asesor para que no denuncie. Eso ocurrió a finales del año pasado con el representante Rubén Darío Salazar, quien al final aceptó que cobraba una parte de los salarios. Perdió la investidura y se acogió a sentencia anticipada. El tema cobra nuevamente vigencia, pues la Corte comenzó a indagar a partir del testimonio de dos presuntos implicados que decidieron confesar. Acusan al representante del Amazonas Manuel Antonio Carebilla de participar de estas prácticas. De prosperar las denuncias, con este caso se confirmarían las tres más comunes modalidades de fraude de las que se habla abiertamente en los pasillos del Congreso, tanto que se refieren a ellas con nombres coloquiales.Conocen la primera de ellas como 'los debitados'. Se refiere a aquellos funcionarios que entregan la tarjeta débito de su cuenta de nómina a su padrino político o al mismo congresista para que retire su sueldo y solo le entreguen una parte de lo que dice el contrato. "El negociado que hice con el representante fue resultado de un acuerdo político -dice Rafael Moreno, uno de los denunciantes que habló con SEMANA-. Firmamos un documento según el cual me debía dar 10 salarios mínimos al mes o a la persona que yo designara. Designé a una administradora de empresas y yo manejaba la tarjeta débito de la cuenta donde le pagaban. Le daba 500.000 al representante pagando una deuda que él tenía; a la administradora le daba un millón de pesos, pues lo único que hacía era prestar el nombre para esta triangulación, y yo cogía el resto".SEMANA conoció de otro caso en el que una parlamentaria le dijo a su jefe de prensa que debía entregarle un millón de pesos al mes de su salario para dárselo a otra persona que le había ayudado en la campaña. Ante lo indignante del asunto, este prefirió renunciar. No presentó denuncia pues no tenía ninguna prueba para sustentar la orden que le dieron. Llaman la segunda modalidad 'en cuerpo ajeno'. Juan Carlos Pérez, otro testigo en el caso Carebilla, lo ilustra de la siguiente manera: "Trabajé unos seis meses como su conductor, cuando él fue presidente de la Comisión Cuarta. Como tengo una pequeña pensión, porque requiero diálisis de forma permanente, no podía figurar. Por eso nombramos a un amigo, pero yo era el que hacía el trabajo con una credencial que me expidieron". En otros casos, hacen el truco porque esto les permite a los funcionarios tener otros contratos con el Estado como consultores a la par que trabajan con un congresista. Los 'firmones' pueden cobrar por el favor entre el 10 y el 30 por ciento del sueldo, como lo confirman funcionarios de otras dependencias.En los acuerdos para el manejo de los nombramientos al borde de la línea de lo legal hasta Cupido ha hecho de las suyas. En la legislatura pasada, fue muy comentado en el Congreso el exótico pacto entre dos congresistas costeños: cada uno nombró en su equipo de trabajo a la amante del otro. El episodio fue bautizado en su momento como 'operación corazón'. También se dan los acuerdos entre congresistas de la misma bancada que para evitar señalamientos por nepotismo utilizan el "yo te ayudo, tú me ayudas", para así nombrar, por ejemplo, a sus hijos. La tercera modalidad es 'la paloma'. En ella, personal administrativo próximo a pensionarse busca que los nombren, pues un régimen especial que los cobija les permite jubilarse con el 75 por ciento del salario del último año. "Es una verdad permanente que nadie se atreve a mirarla a los ojos", dice Francisco Ramírez, director del Fondo de Pensiones del Congreso. Le preocupa lo que esto le cuesta al sistema. Estas pensiones incluso se sustituyen a los cónyuges e hijos menores de 25 años. Técnicamente, no hay una ilegalidad. El problema aparece cuando los congresistas reciben plata para hacer el nombramiento.En el caso de Carebilla, el mismo Pérez dice que fue testigo de una de estas transacciones. "Trabajando con él, acompañé a uno de sus asesores a llevar dinero como el último pago de ese nombramiento y entregárselo a la señora del representante en su apartamento. Eran 35 millones de pesos. Frente a mí los contó". El congresista Carebilla dice que está tranquilo porque en la investigación preliminar que le abrieron ninguno de los asesores que ha citado la Corte ha corroborado lo dicho por los testigos. Cree que ya está próxima la decisión de cerrar el caso, igual que ocurrió con una investigación de parapolítica que precluyó la Corte y que surgió, según él, de denuncias como la actual. Dice que estas se deben a un tema político local, pues es el primer congresista reelegido, y su partido, Cambio Radical, tiene mayorías en las principales instancias del departamento. Admite conocer a los denunciantes. En el tema de los débitos, dice, la funcionaria implicada reconoció que sí le daba una parte de su sueldo al denunciante, pero que no mencionó al congresista. Sobre el otro denunciante, afirma que nunca fue su conductor oficial, que a veces le ayudaba y él le pagaba de su bolsillo. Niega también las ventas de los cargos de su equipo para facilitar la pensión de los funcionarios, y asegura que unos movimientos inusuales de dinero que estos tuvieron por esa época ya fueron aclarados ante las autoridades. Funcionarios administrativos de alto rango en la Cámara confirmaron que, en efecto, es mucho lo que se habla de estas modalidades, pero a la hora de las pruebas no hay con qué sustentar las denuncias. Por las que han circulado ya se abrieron otras indagaciones, como el caso de una funcionaria en el área de personal a la que señalan de manejar información privilegiada con algunos congresistas para hacer algunas de estas transacciones.Según el rango, los asistentes y asesores que puede nombrar un congresista pueden tener un salario entre 1,5 y 7,7 millones de pesos. Su presupuesto total es de 25 millones, para un máximo de 10 personas a cargo. Así que es amplio el margen de maniobra que tienen para esos manejos.Preocupa que dentro de la corporación se dé por descontado que lo relatado sea algo común y muchos se hagan los de la vista gorda. La historia ha demostrado que cuando se acepta como lícito algo ilegal, los resultados son nefastos. Los presidentes de ambas Cámaras, que llegaron con ímpetu reformista, en la correción de estas prácticas tienen una oportunidad de oro para cambiar el Congreso.