En el marco de la estrategia de la Fiscalía para desarticular las organizaciones criminales a través de la afectación a sus finanzas, investigadores de la dirección de extinción de dominio lograron la incautación de bienes a presuntos responsables de la corrupción en el departamento del Chocó. El operativo que lideró la Fiscalía permitió la incautación de 37 bienes que estarían avaluados en más de 2.800 millones de pesos.
Una investigación que adelantó la Fiscalía, a través de la Dirección Anticorrupción, permitió establecer de qué manera los recursos públicos, destinados a la salud del Chocó, terminaron en manos de IPS, droguerías y para pagar deudas del entonces gobernador, Efrén Palacios Serna.
El mandatario departamental firmó entre 2013 y 2015, según la Fiscalía, una serie de contratos para el suministro de medicamentos de alto costo que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron entregados a los pacientes, pero sí los cobraron al departamento.
“Las investigaciones dan cuenta de que el gobernador del departamento para el periodo 2013-2015, Efrén Palacios Serna, al parecer aprovechó su llegada al cargo para suscribir, en medio de supuestas irregularidades, siete contratos para el suministro de medicamentos de alto costo para población vulnerable y desfavorecida”, señaló la Fiscalía al informar los operativos de extinción de dominio en contra de quienes presuntamente se quedaron con los contratos.
Según la Fiscalía los contratos que firmó la Gobernación del Chocó, durante la gestión de Efrén Palacios, se suscribieron con al menos siete droguerías y siste Instituciones Promotoras de Salud - IPS, que según los investigadores recibieron los millonarios pagos del departamento por medicamentos que nunca entregaron a los usuarios.
“En estos procesos contractuales estuvieron vinculadas siete droguerías y seis Instituciones Promotoras de Salud (IPS), las cuales, al parecer, recibieron pagos por productos y servicios que no proporcionaron”, señaló la Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.
Los bienes que fueron objeto de ocupación con fines de extinción de dominio y que pertenecen a los principales responsables de la corrupción en el Chocó, estaban nombre de estos protagonistas, de familiares y terceras personas. Así lo estableció la Fiscalía luego de hacer un rastreo de esas propiedades.
“La Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 37 bienes, avaluados en cerca de 2.800 millones de pesos, que habrían estado al servicio de un entramado de corrupción en Chocó”, explicó el ente acusador.
Entre las propiedades que ahora pasarán a la administración del Estado se cuentan apartamentos, casas, locales comerciales, sociedades y bodegas que estaban ubicadas en Medellín, Turbo y Urabá en el departamento de Antioquia; Quibdó en el Chocó y Cali en el Valle del Cauca. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).