En los últimos años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sorprendido al país con denuncias escandalosas que involucran a grandes empresas en Colombia. Destacadas compañías han sido investigadas por participar en presuntos carteles del azúcar, cemento, pañales y hasta papel higiénico. Pues bien, ahora, la SIC y la Fiscalía dieron a conocer la existencia del cartel de la seguridad y la vigilancia. La investigación comenzó con una denuncia del ICBF en 2011, en la que, presuntamente, las compañías de vigilancia y seguridad privada Starcoop y Guardianes trabajaban de la mano en la presentación de sus ofertas, para quedarse con un contrato por 4.300 millones de pesos. Es decir, simplemente aparentaban ser competencia. En 2012, la Superintendencia realizó visitas a estas dos empresas y encontró un sinnúmero de correos y varios archivos de Excel con los que pudo establecer que serían ocho las compañías del sector que se ‘amangualaban’ para buscar contratos con entidades del Estado, violando así el régimen de la libre competencia. Entre 2010 y 2012 ganaron 25 contratos por más de 63.000 millones de pesos. Con esta investigación, que además contó con una persona delatora que se vinculó a finales del año pasado para obtener beneficios, la SIC le formuló pliego de cargos a las empresas Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi y Security Management Group (SMG). Y también a 32 personas que participaron en este engaño al Estado. Este cartel planeó jugadas, que van contra la libre competencia, en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales entre las que se encuentran: la Contraloría General de la República; la Fiscalía General de la Nación; la Superintendencia de Servicios Públicos; el ICBF; el Sena; 13 gobernaciones, 37 alcaldías y otras entidades públicas. En caso de que la SIC encuentre responsables a estas empresas podrá imponerles multas de hasta 64.000 millones de pesos y de 1.200 millones para las personas naturales. “Lo que la Superintendencia evaluó es solo una parte. No se sabe si participaron en más procesos antes de 2010 o después de 2012. Sin embargo, la investigación realizada era suficiente para que formuláramos pliego de cargos” le dijo a SEMANA el superintendente Pablo Felipe Robledo. Este caso tiene una relevancia mayor, pues además de violar las normas de competencia en el mercado, afecta el patrimonio del Estado, en la medida en que aumentan los precios de los bienes y servicios que este contrata para cumplir con sus funciones. La Fiscalía ha tomado parte activa en esta investigación. El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que el delito que les será imputado a las personas responsables es el de acuerdos restrictivos de la competencia, el cual puede dar entre seis y 12 años de prisión. “La Fiscalía tomó la decisión de imputar dicho delito a 16 personas naturales”, aseguró. Dentro de la resolución expedida por la SIC hay varios detalles que llaman la atención. En 2010 Guardianes-Starcoop ganó un contrato por cerca de 28.000 millones de pesos con Emcali y en 2012 la Unión Temporal Starcoop-Cobasec se hizo a otro por más de 14.000 millones de pesos. Solo en estos dos negocios está más del 60 por ciento del dinero ganado por las compañías en los 25 contratos donde salieron favorecidas. Por otra parte, aunque la empresa SMG no prestaba servicios de seguridad era la encargada de organizar a las demás. Las ocho compañías de vigilancia presuntamente harían parte de un gran grupo donde también existe una empresa de capacitación de personal llamada Crecer, y Millenium Broker, firma que les expedía pólizas y seguros a las compañías. Al revisar la resolución de la Superintendencia se observa cómo muchas de las personas investigadas ocupaban cargos simultáneos en varias de las empresas de vigilancia. Según las autoridades, el abogado Jorge Arturo Moreno Ojeda sería uno de los cerebros detrás de este presunto cartel y aunque actualmente no hace parte de ninguna de las empresas comprometidas, se sabe que fue representante legal de Guardianes entre 2000 y 2006 y de SMG entre abril de 2012 y mayo de 2013. Moreno Ojeda fue investigado a finales de los 90 por presuntas irregularidades en la Caja Popular Cooperativa. Lo encontrado hasta el momento por la SIC podría ser solo la punta del iceberg. Una vez las superintendencias de Vigilancia y la de Sociedades indaguen más a profundidad, este caso puede ser una nueva caja de pandora de donde saldrían más sorpresas.