La Corte Constitucional marcó un 2024 llenó de sentencias que generaron disputas con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que tumbaron iniciativas claves como la emergencia Económica en La Guajira, la creación del Ministerio de la Igualdad y hasta la prohibición de deducir las regalías del impuesto de rentas para el sector minero energético.
Pero 2025 será un año trascendental para los proyectos que están en revisión de constitucionalidad, como la reforma pensional, la cual tiene un sinnúmero de demandas por los vicios de trámite que se habrían presentado durante su aprobación en el Congreso de la República. Una de las ponencias que ya estaría lista para definir el futuro de ese proyecto que modifica el sistema pensional colombiano la tiene el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
De hecho, al despacho del actual vicepresidente de la Corte Constitucional llegó un concepto de la Procuraduría, en el que le solicitaban: “Declarar inexequible la totalidad de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), al considerar que en la plenaria de la Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado”.
Otro de los procesos que deberá definir la Corte Constitucional en 2025 es la demanda que se interpuso contra los acuerdos parciales como los ceses al fuego, que trae consigo la Ley de Paz Total, una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La demanda alegaba: “Las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogos, que tengan por propósito proteger a la población civil de los enfrentamientos armados (...) en consecuencia, serán vinculantes para las partes”. La Corte también deberá tomar una decisión en ese sentido.
Otra de las discusiones importantes que dará la Corte Constitucional el próximo año sobre las iniciativas del Gobierno Petro tiene relación con la definición del impuesto al patrimonio, el cual fue demandado por supuestamente violar el principio de equidad, al no distinguir a los contribuyentes que no tienen para pagar ese impuesto
Y es que el impuesto al patrimonio aplica para quienes tengan activos iguales o superiores a 25 mil UVT (Unidades de Valor Tributario), es decir, más de 3.300 millones de pesos. Con la llegada de la vacancia judicial, el futuro del impuesto al patrimonio también quedó a la espera de su definición de constitucionalidad.
Una de las disputas que más tendrá atento a los colombianos y a los gobernantes regionales es la definición de la libre elección de los consumidores en el mercado del aguardiente. En la última Sala Plena la votación sobre ese proceso quedó 4 a 4, y ahora será el experto abogado, Humberto Sierra Porto, el conjuez encargado de resolver esa discusión en el alto tribunal.
Y el último proceso clave alrededor de la Corte Constitucional en 2025 tiene que ver con la llegada de Jorge Enrique Ibáñez Najar como presidente de la Corte Constitucional y la relación que tenga con el presidente de la República, Gustavo Petro. Ibáñez ha mostrado mayor resistencia frente a las iniciativas del Gobierno Petro y hasta ha denunciado que entidades gubernamentales han “chuzado” sus comunicaciones y hasta las de sus magistrados auxiliares. La relación de Petro con las Cortes es uno de los mayores retos para el año que se avecina.