La protección a periodistas y a las poblaciones más vulnerables del paísatraviesa una de las crisis más agudas desde su creación, hace 15 años. Su momento más crítico ocurrió a finales del 2014, cuando elentonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), AndrésVillamizar, amenazó con levantar las medidas de seguridad a más de 7.000 personas que se encuentran en riesgo, entre ellos 114 periodistas,por falta de recursos económicos.Aunque el ultimátum no se hizo efectivo, el programa ha funcionado enlos últimos meses con serias fallas que alteran la seguridad de losbeneficiarios. Durante varios meses la Fundación para la Libertad dePrensa (FLIP) consultó a periodistas beneficiarios del Programa yrecibió respuestas que muestran un desalentador panorama.Negación de viáticos para movilizarse y poder cumplir labores dereportería, retrasos de hasta cuatro meses para recibir los subsidios detransporte y gasolina de los carros, demoras para conocer losresultados de su estudio de riesgo e inconformidad con el resultado dedichos estudios son las irregularidades más reiterativas. Pero más allá de estas deficiencias coyunturales que responden a lacrisis presupuestal, el nuevo director, Diego Fernando Mora, quien seposesionó a finales de enero de este año, deberá buscar soluciones parahacer frente a cinco problemas estructurales.1. Coser el bolsillo roto Después de tres años de funcionamiento, el 2014 fue el segundo año en elque la UNP sobrepasó su capacidad económica y necesitó una adhesiónpresupuestal. En ambos casos, la cartera se vació seis meses antes definalizar el año. Curiosamente esto sucede al mismo tiempo que la Unidadrecibe incrementos en sus dineros anuales en relación con períodosanteriores: En el 2013 el presupuesto fue de 195 millones de dólares y en el 2014 fue de 215 millones de dólares, sin tener en cuenta la adhesión. La explicación desde la UNP es que los costos aumentan por el mismoincremento de protegidos. Aunque este argumento resulta válido,funcionarios de la Unidad y órganos de control advierten que existengraves problemas de planeación.A finales de diciembre del 2014, la Contraloría General de la República(CGR) elevó ante la Procuraduría cuatro Acciones Preventivas para que sedetermine si funcionarios de la UNP incurrieron en faltasdisciplinarias. Esta solicitud se llevó a cabo después de un informerealizado por el ente de control y sus hallazgos tienen que verprincipalmente con el manejo presupuestal y administrativo de laentidad. Además, el informe advierte sobre debilidades de control,clasificación, consistencia, confiabilidad y oportunidad de lainformación en temas relacionados con solicitudes de protección,evaluación de riesgos, medidas implementadas y beneficiarios atendidos,entre otros. En el transcurso del 2014, la CGR ha recibido 11 denuncias relacionadascon presuntas irregularidades presentadas en la UNP con el manejo derecursos, inventarios, medidas de protección, nómina paralela,contratación y supervisión, y pago de viáticos, entre otros temas.También han sido objeto de críticas las más de diez oficinas que la UNPha abierto en otras ciudades del país y que no tienen capacidad deejecución. 2. Tratar a todos los periodistas por igualEs importante reconocer que uno de los principales méritos del programaha sido su capacidad para atender a periodistas de los municipios másapartados y afectados por el conflicto. Sin embargo, en los últimos añosla FLIP ha observado que el programa es mucho más exigente conperiodistas regionales y más laxo con los nacionales y las autoridadesque toman decisiones sobre protección no son constantes ni aplican losmismos criterios. La Corte Constitucional, mediante el Auto 266 de 2009, avaló una matrizde riesgo que fue diseñada para que el riesgo de las personas se midieracon base en criterios objetivos y paritarios. La matriz asigna unpuntaje al riesgo y debería haber una correspondencia entre el puntaje ylas medidas de protección que se asignan.La FLIP ha constatado que las medidas de seguridad a periodistas noestán siendo otorgadas según el resultado que indica la matriz. De esta manera, se ha visto cómo periodistas con resultados de riesgosimilares tienen medidas muy distintas. Por ejemplo, comunicadores endepartamentos como Guaviare o Norte de Santander, con una matriz deriesgo entre 55 y 58, tienen un hombre de protección, mientras quereconocidos periodistas de Bogotá, con resultados de riesgo iguales o devalores cercanos, cuentan con esquemas de protección conformados por 12o 14 hombres de la UNP o de la Policía Nacional, carros blindados ymotos.
3. Cumplir las promesas rotasEl ambiente de incredulidad por parte de los beneficiarios existe porlas numerosas fallas del Programa y por el incumplimiento de laspromesas realizadas por la UNP. Después del asesinato del periodistaLuis Carlos Cervantes, el director de la UNP realizó una serie dereuniones con los periodistas del bajo Cauca y se comprometió aimplementar dos esquemas colectivos para la seguridad de ochoperiodistas. Hasta la fecha esta promesa no ha sido cumplida. 4. Despejar las incertidumbres sobre el futuro La renuncia de Villamizar y de los analistas que estaban a cargo de cadauna de las poblaciones a las que atiende la Unidad deja un panorama deincertidumbre. En los tres años de creación de la entidad, Villamizarhabía sido su único responsable y era quien planificaba la institución afuturo. Además, la salida de los analistas significa también que buenaparte de la información de los casos se va con ellos, pues la entidad notiene un sistema de información preciso con la documentación necesariapara el adecuado seguimiento de los casos. Hasta el momento poco se conoce de su nuevo director y el hecho de queMora no tenga experiencia previa en el sector público, tampoco en temasde seguridad, protección y derechos humanos, ha generado dudas sobre suidoneidad para este cargo. 5. Conquistar a la FiscalíaLa Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en su informe sobreviolencia contra la prensa que a la hora de adoptar esquemas deprotección de periodistas es fundamental asegurar una efectivacoordinación entre las entidades responsables de la implementación demedidas de prevención, protección y procuración de justicia. Este principio ha sido subrayado de manera constante sin que existaninguna reacción por parte del ente acusador. Por el contrario, en elúltimo semestre su participación en el CERREM, instancia que define laasignación de esquemas de protección, ha sido más deficiente que nunca,su inasistencia es frecuente y su silencio ante cada uno de los hechoses una constante. La entidad argumenta que no puede compartir información sobre los casosde los periodistas porque esto podría alterar los procesos judiciales.Si bien esto es cierto, el papel que debe tener la Fiscalía es el decompartir información a otro nivel y dar luces que permitan saber si elriesgo de los comunicadores continúa vigente o no. *Capítulo del informe de la FLIP sobre mecanismos de protección aperiodistas. Consulte el informe completo en su página webwww.flip.org.co desde el 9 de febrero, Día del periodista.