Ya empiezan a barajar nuevos nombres para el cargo de registrador. En el sonajero está el actual director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo, quien no confirma su aspiración ni la descarta. “Estoy dedicado a posicionar el programa anticontrabando”, dice cuando le preguntan si va a aspirar. Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado escogen al registrador mediante concurso de méritos. Por eso, llama la atención que en los últimos meses Camargo haya contratado en la FND a personas cercanas a los altos tribunales y políticos influyentes. SEMANA consultó a la entidad, vía derecho de petición, por la forma como vincularon a 37 personas. Respondieron que sus contratos se rigen por el derecho privado y que deben proteger los datos personales. Esto a pesar de que en el mismo documento se reconoce que la entidad “maneja fondos públicos”. En la lista está Laura Jeannette Gálvez, hija de la presidenta del Consejo de Estado, y Lucy Jeannette Bermúdez, quien firmó un contrato el 8 de enero por 20 millones de pesos para trabajar en la Subdirección de Gobierno. El contrato se liquidó el 30 de abril ante los rumores de la eventual aspiración de Camargo. En 2019 también contrataron, por 40 millones de pesos, a José Fernando Gómez, hijo de la exmagistrada del Consejo de Estado María Claudia Rojas, quien dice que no se trata de un favor político. El 15 de enero hicieron lo propio con Alfredo Bula Dumar, exdirector de Fonade, por 49 millones de pesos. Bula aseguró que nunca llegó a un acuerdo, sin embargo, en el contrato aparece su firma. Entre los nombramientos además está el de Judith Rocha, esposa del magistrado de la Corte Suprema Aroldo Quiroz. Él asegura que a ella la contrataron desde abril de 2018, cuando Felipe Córdoba todavía dirigía la FND, y que este año le renovaron el contrato de prestación de servicios. “El cargo de mi esposa nada tiene que ver con la aspiración, porque yo no participo de la elección de registrador”. Otro caso relevante es el del exministro de Justicia Enrique Gil, asesor jurídico del FND. Gil asegura que él no influiría en la posible aspiración de Camargo, porque desde hace cinco años terminó su periodo en el Consejo de Estado.