A las diez de la mañana del jueves, 23 de enero, un grupo de padres y madres realizaron un plantón frente a la sede principal del ICBF en Bogotá para exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos con discapacidad. Con pancartas, cacerolas y megáfono en mano, estos padres pedían a gritos una pronta solución al instituto que, desde el 1 de noviembre del año pasado, los devinculó del programa de cuidado y protección. La razón: la ley 1878 de 2018 realizó una serie de modificaciones al Código de Infancia y Adolescencia, entre ellas, cambiar las condiciones para abrir un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Actualmente, la inobservancia de un derecho (que ocurre cuando el Estado no garantiza el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, con o sin discapacidad) quedó por fuera de las causales para abrir un proceso administrativo y esto implicó que 659 adultos con discapacidad en todo el país, entre los 18 y 50 años, salieran de la jurisdicción del ICBF.
Aunque ya son adultos legalmente, la mayoría de estos hombres y mujeres con discapacidad no se valen por si solos, tienes múltiples enfermedades y hasta hace tres meses eran atendidos en los hogares y fundaciones que tenían convenio con el ICBF. Algunos, como Diana María Rozo, llevaban 25 años recibiendo atención con personal calificado que "sabía cómo sobrellevar su autismo y retraso mental profundo", cuenta María Teresa Navia, su mamá. Cuando se hizo efectivo el cambio de normativa, el ICBF cerró los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de esta población y dejó en manos de los entes territoriales su atención, tal y como lo estipula la ley. Pero el problema radica en que no hubo un proceso de transición para que ellos fueran acogidos, en el caso de Bogotá, por la Secretaría de Integración Social.
En la capital son 165 adultos con discapacidad los que quedaron a la deriva. Balbina Traslaviña, tiene 69 años y es madre de Natalia del Rocío. "Mi niña es completamente dependiente, llevaba 24 años en el ICBF y nisiquiera tiene control cefálico. Tiene 34 años, pero mentalmente tiene edad de cinco meses de nacida", dice.
La mujer señala que en 2015 interpueso una tutela para que no sacaran a su hija del programa de protección: ‘‘la gané cien por ciento integral"; pero aún así el 31 de octubre de 2018 dejó de recibir atención. Debido a este antecedente, ella logró hace dos semanas que un operador del ICBF recibiera de nuevo a Natalia del Rocío, aunque no todos corrieron con la misma suerte. 659 adultos que eran atendidos por el ICBF, desde hace más de 20 años, quedaron al cuidado de sus familias. 165 en Bogotá. Muchos de ellos entraron en depresión y han desmejorado su estado de salud desde que no reciben atención especializada. Luis Yeferson Fonseca es padre soltero y trajo a su hijo Andrés Felipe al plantón porque no tiene con quién dejarlo. "No sabemos qué hacer. Dicen (las autoridades) que por ser mayores de edad tienen otros derechos, que son autónomos, pero no. Nuestros niños cumplieron 18 años, pero son totalmente dependientes. (...) Queremos que sean acogidos por los servicios sociales del Estado. El distrito no tiene cupos y no estaban preparados para recibir esta nueva demanda", señala Luis Yeferson. SEMANA se comunicó con la Secretaría de Integración Social hace un mes para saber en qué iba el proceso de reintegración de estas 165 personas y la entidad reconoció que "no cuenta con cupos disponibles para dar atención inmediata”. El día 21 de enero se llevó a cabo una mesa de trabajo, encabezada por el consejero presidencial para la discapacidad, Jairo Clopatofsky, y la secretaria de Integración Social, Xinia Rocío Navarro; que tenía como fin escuchar a las familias de estos "niños profundos‘‘, como muchos los consideran. Sin embargo, los padres y madres se quejan de que no les ofrecen una alternativa a corto plazo.
"La directora de Integración Social nos escuchó poque realmente ella no estaba empadada de la ley 1878 y la ley 1996 (Código de Infancia y Adolescencia). Ella nos dio unos puntos y ya hemos estado en varias meses de trabajo, pero no nos dicen concretamente cuándo será el reintegro de nuestros niños", afirma María Teresa Navia. SEMANA se comunicó con la Consejería para la Discapacidad, entidad que entregó un comunicado sobre el resultado de estas mesas de trabajo: "La Secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, explicó el compromiso que tiene la dependencia a su cargo, en buscar soluciones integrales para la población con discapacidad. ‘Haremos un cronograma que iniciará en el mes de febrero, con un despliegue de visitas domiciliarias que permitirá verificar la situación de la población con discapacidad. Continuaremos con un informe de avance en el mes de marzo, fecha donde presentaremos un balance de los resultados obtenidos hasta ese momento‘‘. En otra parte del documento dice: “Vamos a darle solución a esta problemática adelantando espacios de dialogo y mesas técnicas que permitirán llenar el gran vacío que ha existido durante años con las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores” afirmó el Consejero, Jairo Clopatofsky‘‘.
Mientras estos planes se concretan, María Teresa, Balbina y Luis Yeferson seguirán tocando puertas y haciendo plantones para que sus hijos y los de aquellos que no pueden salir a protestar, tengan una vida digna.