La violencia en Quibdó, Chocó, no distingue edades, rangos ni estratos sociales. En esa ciudad, según veedores ciudadanos, pueden matar al comerciante dueño de una cadena de supermercados por no pagar vacuna, a patrulleros de la Policía o a niños que se atreven a cruzar de un barrio a otro sin permiso de quienes hoy empuñan las armas y siembran el terror.

Cristian David Mena Córdoba, de apenas 11 años, y dos de sus amigos, de 17 y 12 años, reconocidos por la comunidad como recicladores, cometieron el error mortal de atravesar una frontera invisible el miércoles 21 de abril. Los tres vivían en el barrio Buenos Aires, una zona marginada del área norte que cuenta con dos entradas: Las Palmeras y Claveles.

Regularmente, ellos tomaban la primera vía, pero en vista de la cercanía con la segunda accedieron a pasar con sus carretas de reciclaje. En los Claveles los interceptaron alias Ganya, Andresito, Carlos Mario y Jarlinson, y seis miembros más de la pandilla del Loco Yam, de acuerdo con el reporte policial conocido por SEMANA. A Cristian David y sus amigos –aún no identificados plenamente– los atacaron con arma de fuego; sin embargo, antes los torturaron con heridas selectivas de objetos cortopuzantes. Se divirtieron con su dolor y luego los arrojaron en una quebrada a la 1:30 de la tarde, tras varios minutos de suplicio.

Las autoridades quedaron horrorizadas con el hallazgo de los restos, pues además de torturarlos, los desmembraron con machetes. Dos de los menores fallecieron en el sitio; Cristian David sobrevivió con una bala alojada en su pecho, heridas por arma blanca en espalda y extremidades inferiores, y la amputación de su mano izquierda. Con ese pronóstico ingresó al hospital San Francisco de Asís y, en el último suspiro, antes de entrar a cuidados intensivos, reconoció a sus victimarios en fotos presentadas por las autoridades. Falleció 48 horas después.

Darwin Lozano, integrante del grupo de veedores Transparencia por Chocó, asegura que, pese a que los niveles de violencia en Quibdó llegaron a máximos históricos, nunca se había registrado un homicidio con tal nivel de sevicia contra menores de edad. Quibdó está bajo el dominio de seis grandes estructuras criminales que se disputan el territorio para hacerse con el microtráfico, la extorsión a comerciantes y el robo a camiones repartidores de alimentos.

En medio de la pandemia, los grupos armados construyeron un poder absoluto sobre la comunidad. Son ellos quienes ordenan los toques de queda y los horarios en que la ciudadanía puede salir a la calle, y cuando la institucionalidad reacciona, no tienen reparos en atacar a tiros a comitivas de la Alcaldía.

El mismo presidente Iván Duque llegó a Quibdó en octubre de 2020 para conocer de primera mano lo que allí está ocurriendo, hizo un consejo extraordinario de seguridad y al otro día se marchó. La violencia siguió su rumbo sin mayores contratiempos. La ciudad está sitiada por el crimen.

En consonancia con información recogida por Transparencia por Chocó, al menos 100 comerciantes han decidido cerrar sus negocios ante las extorsiones, asesinatos y atentados contra quienes se niegan a pagar. El comercio del centro y de los barrios periféricos pasan por la misma angustia.

“El año pasado llegamos a la cifra de 159 homicidios. Desde 2012 venimos en un alza, y eso es preocupante. Este año ya tenemos 55 asesinatos”, agrega Darwin Lozano. No obstante, la Alcaldía y la Policía dicen que la cifra de homicidios es levemente menor.

El ELN, que opera en zona rural del Chocó, se ha desligado de la violencia en Quibdó. Dicen que no son culpables de la ola de extorsión y asesinatos, y aseguran que se trata de estructuras urbanas herederas del Clan del Golfo.

Los hurtos también están disparados en la capital chocoana. A diario se presentan entre 30 y 40 denuncias de robos en residencias, a vehículos, negocios y raponazos. La ciudad no tiene tregua y los jóvenes son quienes están pagando el precio del olvido.