Una grave ola de violencia en Riohacha y los corregimientos de Tigreras y Matitas ha llevado al desplazamiento forzado de 70 familias, según la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo. Esta situación preocupante había producido la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2023, emitida por la entidad el 21 de junio pasado, que advertía sobre el riesgo creciente en la ciudad y el municipio de Dibulla.
Durante todo el mes de agosto, la población tanto en las áreas urbanas como rurales ha sufrido asesinatos y secuestros, generando un ambiente de terror generalizado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. La violencia se ha desencadenado debido a la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el frente Francisco José Morelos Peñate, bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Estos dos grupos armados luchan por el control de la Troncal del Caribe y sus alrededores, según señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Uno de los incidentes más preocupantes fue la incursión de hombres armados en Tigreras y el posterior asesinato de un hombre, de 31 años, el 13 de agosto. Dos días después, las autoridades informaron sobre la liberación de una persona en el mismo corregimiento, durante un enfrentamiento entre tropas del Ejército y miembros de las Autodefensas, que resultó en la captura de seis presuntos miembros del grupo ilegal. Estos eventos han sumido a la comunidad en un estado constante de temor.
Además, circuló un video en las redes sociales que muestra a un grupo de aproximadamente 20 hombres uniformados y armados, pertenecientes a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, hablando sobre su presencia y actividades en Tigreras, Matitas y en el área conocida como Choles, en la jurisdicción de la capital guajira. El 20 de agosto, en la vereda Comejenes, dos jóvenes de 18 y 22 años de edad fueron asesinados.
De acuerdo con la entidad, las familias que se vieron obligadas a desplazarse recientemente para proteger sus vidas y su integridad buscaron refugio en la sede de la Regional Guajira de la Defensoría del Pueblo, donde se les ha proporcionado asistencia y se ha activado la ruta de atención correspondiente.
Ante todo este alarmante panorama, el defensor Camargo Assis hizo un llamado urgente a las instituciones y las autoridades para implementar medidas efectivas y urgentes con el fin de evitar una mayor vulneración de los derechos humanos de quienes residen en la zona rural de Riohacha y los municipios vecinos. La seguridad y el bienestar de la población deben ser prioridades absolutas en medio de esta crisis de violencia que afecta a la región, enfatizó.
“La institucionalidad y las autoridades deben implementar acciones urgentes y eficaces para evitar que sigan siendo vulnerados los derechos humanos de quienes habitan la zona rural de Riohacha y los municipios vecinos” fue el llamado de Carlos Camargo Assis.
Arauca enfrenta grave situación de orden público por enfrentamientos armados
Por otro lado, la situación en Arauca cada vez es más grave por los enfrentamientos de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo solicitó a todas las instituciones del Estado hacer presencia y garantizar los derechos de la comunidad de la vereda Siberia 1, en Tame (Arauca) porque quedó en medio de las confrontaciones entre el ELN y una facción disidente de las Farc.
Una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Los combates tienen inmerso en un ambiente de permanente temor y zozobra a los habitantes del sector. Hay cuerpos sin vida de combatientes cuyo proceso de levantamiento está en manos de las autoridades.
Además, la población está con restricciones a la movilidad, limitaciones al acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, sin energía eléctrica, tampoco cuenta con agua potable. La misión constató daños en viviendas y bienes y encontró artefactos sin explotar, que la fuerza pública adelanta el proceso de desactivación.
“Toda esta situación contraría el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera los derechos de quienes viven en la zona donde tienen lugar las hostilidades, razón por la que las autoridades deben atender la compleja situación de derechos humanos, implementar acciones urgentes y eficaces que permitan la activación de rutas de atención y protección, necesarias para salvaguardar los derechos de la comunidad”, explicó la Defensoría en un comunicado.