Colombia vivió los últimos años un estallido social con pocos precedentes en la historia recientes del país.
Miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes que pedían posibilidades de empleo y estudio, salieron a las calles a manifestar su inconformidad por la situación que vive el país. Su voz se hizo escuchar, pero fue opacada rápidamente por un hecho que acaparó toda la atención: el vandalismo.
El ‘modus operandi’ se repitió por semanas. En el día, miles de ciudadanos indignados salían pacíficamente a las calles armados únicamente con pancartas y arengas, pero tan pronto caía la tarde, vándalos se apoderaban de la movilización, se enfrentaban con la Policía y no dejaban más que caos y destrucción.
Muchos de estos vándalos o bien no podían ser judicializados o ya se encuentran nuevamente libres, pues no se cuenta con las herramientas suficientes para castigar esta conducta.
En respuesta a esto, el Gobierno Nacional ha venido incluyendo nuevas medidas para ponerle freno al vandalismo. En el último semestre se han aprobado disposiciones que han ido fortaleciendo las sanciones.
Una de las más polémicas es la incluida en la denominada ley de seguridad ciudadana, en la que se elevan las penas de prisión.
“Lo que vimos como una explosión social es percibido por el Gobierno como una turba de vándalos, no hay una distinción entre personas que están legítimamente manifestándose y personas que cometieron hechos graves de violencia y que tienen que ser procesados. Hay un entendimiento de que estos son un montón de vándalos.
La iniciativa, en uno de sus 62 artículos, señala que cuando dentro del delito de daño en bien ajeno se atente contra “el transporte público masivo, las instalaciones militares o de Policía” las penas se aumentarán de entre 16 a 90 meses de cárcel – como está hoy día – a entre 48 y 144 meses de prisión.
“La pena será de 48 meses a 144 meses cuando se afecte la infraestructura destinada a la seguridad, a la administración de justicia, el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de policía”, indica la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y solo le resta un debate en la Plenaria del Senado.
Otra de las figuras polémicas relacionadas con los actos vandálicos durante las manifestaciones e incluidas dentro de la ley de seguridad ciudadana es la que hace referencia al ‘traslado por protección’.
Se trata de una figura creada por el Código de Policía del 2016 que permite que una persona sea temporalmente llevada a un centro de paso si su vida e integridad o la de un tercero están en riesgo. La oposición asegura que esta parte de la norma no da garantías a los manifestantes.
La norma aprobada por la Cámara otorga la facultad discrecional de “traslado por protección” que la Policía Nacional puede hacer a quien “aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas”.
Esto desató las críticas de la oposición que considera que con esto se está “criminalizando la protesta”.
La iniciativa “criminaliza la protesta, facilita la judicialización y encarcelamiento de manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente al legítimo derecho a la protesta”, indicó la representante María José Pizarro.
Por su parte, el representante del Centro Democrático Juan Manuel Daza, señaló que “la seguridad empezamos a corregirla cuando los ciudadanos de bien se pueden defender. Porque eso disuade al criminal que hoy está empoderado. Aquí no estamos criminalizando ninguna protesta”, aseguró Daza.
Pero esta no es la única iniciativa que incluye disposiciones relacionadas con el vandalismo. Hace dos semanas el Congreso aprobó en último debate el denominado estatuto anticorrupción.
Si bien la mayor parte del debate se concentró en el polémico artículo que censuraba a la prensa, disposición que fue eliminada, pasó por debajo de cuerdas un inciso que establece fuertes sanciones económicas para quienes atenten contra el patrimonio público.
La norma convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.
Convertir en responsable fiscal a un ciudadano implica que tendrá que pagar gruesas sumas de dinero para pagar la reparación del bien. Hoy en día no ocurre así.
Es decir que, según lo aprobado, los vándalos no solo tendrán que pagar con cárcel sino con su propio patrimonio por los daños hechos.