El Gobierno colombiano tuvo 12 años para preparar el regreso de Salvatore Mancuso al país. Pero al llegar la hora decisiva resultó haciendo un oso internacional. Ni las autoridades en Colombia, ni en Estados Unidos y menos en Italia entienden cómo el creador de los escuadrones de la muerte está a punto de esquivar el reclamo de más de 52.000 víctimas, cómodamente instalado en Roma. Esta semana se conoció una orden administrativa del Gobierno de Estados Unidos para expulsar a Mancuso a Italia –y no a Colombia–, con fecha límite el 4 de septiembre. ¿Cómo es posible que el más temible de los jefes del paramilitarismo haya logrado hacerle conejo a la justicia no solo de Colombia, sino de Estados Unidos, tal vez los dos países que tienen más experiencia en extradiciones? El trámite para definir adónde llevarán al exjefe paramilitar lleva corriendo 150 días (los reglamentarios son 90), lapso en el cual quedó en evidencia que Colombia está improvisando. Mientras tanto, Mancuso, quien guarda secretos de políticos, empresarios y militares que lo apoyaron, viene preparando su libertad desde hace meses. Sus abogados lograron meter ese gol por dos razones: 1) Porque la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, que antes parecía funcionar como un reloj, ahora parece en cortocircuito. 2) Porque hay grietas no superadas en el funcionamiento de cuatro jurisdicciones: la JEP, Justicia y Paz, la justicia ordinaria y la de Estados Unidos. 

Francisco Santos, embajador en Washington.  Frente a lo primero, ambos países tenían diseñado un discreto plan de alertas para preparar el terreno judicial ante la inminente libertad de los poderosos capos extraditados. Pero esta vez no funcionó. Varios jueces colombianos que tienen procesos contra Mancuso le ratificaron a SEMANA que se enteraron de la proximidad del traslado a Italia por la prensa y no por las vías institucionales. 

Así, por ejemplo, nadie advirtió que el 27 de marzo Mancuso terminó de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos y lo trasladaron a una celda de paso en Georgia. Ya para ese momento, y también en el más completo hermetismo, sus abogados habían radicado una solicitud el 11 de febrero para que lo deportaran a Italia. Ante la Agencia de Inmigración de Estados Unidos (ICE) argumentaron su doble nacionalidad y el riesgo de ser objeto de persecución y tortura por las declaraciones que ha rendido ante la justicia de Colombia contra varios amigos del actual Gobierno. Hasta ahora los jefes paramilitares habían sido deportados —y hasta extraditados— sin mayores reparos. Pero el caso Mancuso se convirtió en atípico porque la doble nacionalidad afecta su traslado. La noticia pareció estallarle en las manos al Gobierno colombiano, que no tenía diseñado un plan judicial ni diplomático para neutralizar su intención de volar a Italia y quedar en libertad. La respuesta de Colombia llegó el 15 de abril, cuando la Cancillería radicó la primera de cuatro solicitudes de extradición. Luego lo hizo el 13 de mayo y el 21 de agosto. Esos trámites resultaron poco usuales y desordenados. Cuando los jueces en Colombia se enteraron y comenzaron a expedir órdenes de captura, la Embajada de Estados Unidos recibía esas mismas órdenes como nuevas solicitudes de extradición. Esos mensajes cruzados dejaron un efecto de confusión y desespero en lugar de lo esperable: una única solicitud sólida y bien armada. Las dos primeras solicitudes se basaban en órdenes de captura internacional emitidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla por unos 750 crímenes, entre homicidios, desapariciones y desplazamientos. Ninguno de los dos requerimientos llegó ante un juez en Estados Unidos, pues la embajada advirtió un reparo insalvable. Fuentes del Departamento de Justicia le confirmaron a SEMANA que el Gobierno de ese país las rechazó por tratarse de crímenes confesados por Mancuso por línea de mando, un tipo de autoría que la justicia norteamericana no reconoce, pues su sistema solo determina responsabilidades de carácter individual y no jerárquico. Estas órdenes de captura activaron circulares rojas de Interpol para detener a Mancuso en cualquier parte del mundo, pero no sirvieron para que Estados Unidos estudiara de fondo la extradición. 

Claudia Blum, canciller.  La tercera orden de captura fue un verdadero descache. Esta sí llegó ante un juez de Estados Unidos, basada en secuestros y homicidios cometidos directamente por Mancuso cuando era paramilitar. No obstante, hubo que retirarla al advertir que se trataba de hechos criminales ya absorbidos por Justicia y Paz y sobre los cuales ya tenía una sentencia condenatoria en otro proceso en el país. 

Para el 20 de julio, Colombia se había quedado absurdamente sin fichas para jugar frente a uno de los criminales de guerra más peligrosos. A última hora, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá sacó la cara con una cuarta orden de captura internacional. En esta ocasión, los magistrados revocaron una orden de libertad y le ordenaron a Mancuso comparecer en el país en cumplimiento de dos macrosentencias que agrupan a más de 2.500 víctimas. Por estos casos, un juez de primera instancia había conmutado la pena y exigido que fueran tenidos en cuenta los años de cárcel que pagó en Estados Unidos. Pero el tribunal tumbó esta decisión al encontrar que el requisito de la resocialización no estaba acreditado. Esta cuarta solicitud de extradición podría interrumpir los términos si llega ante un juez de Estados Unidos. Pero no ha superado el filtro de la embajada en Colombia y no se sabe si lo hará. La Cancillería admitió que presentó en regla la solicitud, pero que los anexos, 2.100 páginas, no están traducidos al inglés. Dichos anexos corresponden a los textos de las dos macrosentencias publicadas y conocidas por el mundo desde 2014. Pero ante tantas complicaciones hay dudas de si logrará o no superar el estricto filtro de la Embajada de Washington en los plazos requeridos. A estas alturas, reclamar a Mancuso por la vía judicial no solamente parece incierto por los tiempos, sino desgastante en medio de tantas embarradas. SEMANA conoció que, en un intento de última hora para evitar el fracaso, los embajadores Francisco Santos y Philip S. Goldberg, en coordinación con los departamentos de Estado, de Seguridad y de Justicia norteamericanos, activaron un plan de emergencia para provocar un pronunciamiento discrecional del Gobierno de Estados Unidos. 

Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos.  Al cierre de esta edición, nadie sabía si el plan funcionó. Lo único certero es que Mancuso aterrizará en Italia como un “hombre libre”. Así lo confirmó el fiscal antimafia italiano Nicola Gratteri, que en una entrevista concedida a La W afirmó que no se explica cómo Mancuso se le fue de las manos al Gobierno colombiano, a pesar de que este tiene una autopista de comunicación con Estados Unidos. Pero la tal autopista está bastante bloqueada. Después de tanta chambonería no hay seguridad alguna de que la cuarta solicitud de extradición cumpla los requisitos de Estados Unidos. ¿Hay en esta cadena de errores alguna intención de que Mancuso no regrese a Colombia para no revelar los incómodos secretos que sabe? Ninguna de las fuentes del Gobierno de Estados Unidos consultadas por SEMANA lo cree. Pero sí registran su desconcierto ante el despelote de las autoridades colombianas que participaron en el manejo de este asunto. La Cancillería mostró mucha improvisación y poca claridad sobre la hoja de ruta. La exministra de Justicia, Margarita Cabello, fue activa pero abandonó el proceso a mitad de camino para hacer campaña a la Procuraduría. Y en cuanto al fiscal Barbosa, brilló por su ausencia en un asunto en el cual su papel de coordinación era fundamental.