La Contraloría General de la Nación detectó el mayor hallazgo fiscal en la Regional Chocó del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), a partir de inconsistencias en las bases de datos sobre personas no encontradas o fallecidas que se vieron beneficiadas por servicios contratados. También se presentó una situación de irregularidad con el Ministerio de Educación Nacional
Por medio del comunicado de prensa No. 192, la Contraloría informó que con 62 hallazgos informativos, se concluyó una auditoría de cumplimiento realizada al ICBF. El proceso se realizó con base a las irregularidades presentes en el proyecto ‘Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional’ y a la distribución de alimentos de alto valor nutricional (AAVN) en el periodo 2021-2022.
A partir a la base de datos ‘Reporte cuéntame 2021′ y ‘Reporte cuéntame 2022′, la entidad encontró que, al cruzar la información con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encontraron numerosos casos de personas reportadas como no encontradas o fallecidas que se beneficiario de servicios, los cuales representan 6.611 millones de pesos.
“Para el cálculo de ese presunto detrimento, se tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación”, explica el comunicado. La principal causa, según la Controlaría, es la deficiencia en los mecanismos de control y supervisión de datos en la Regional de Chocó. Además, esta no fue la única zona donde se presentó esto.
Por 1.111 millones de pesos, también se hallaron irregularidades en la Regional Causa, con respecto a la no ejecución de contratos de aporte de la vigencia 2021, los cuales no fueron reintegrados por los operadores. También se presentaron situaciones similares en las Regionales de Amazonas y Vichada.
La entidad dispondrá de esta información a la Procuraduría General de la Nación, a los penales competentes de la Fiscalía General de la Nación, y la DIAN en los casos que sea necesaria su intervención. En total, se hallaron 9.127 millones de pesos en hallazgos fiscales.
ProUniversidad Nacional de Colombia
El día de hoy, 19 de diciembre, la Contraloría también afirmó haber encontrado daño patrimonial en la administración, fiscalización y cobro de la estampilla ‘ProUniversidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia’, la cual es una contribución parafiscal destinada al fortalecimiento de 32 universidades públicas.
“Se evidenciaron deficiencias en la supervisión y fiscalización del recaudo de la contribución, así como una inoportuna verificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de las tarifas aplicadas por los agentes retenedores y debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la DIAN”, señala la entidad.
La razón de la auditoría radica en el posible incumplimiento de material adverso por parte del cumplimiento de la normativa aplicable en la DIAN y en el Ministerio de Educación Nacional. Las deficiencias encontradas por la Contraloría fueron:
- Deficiencias en la supervisión del recaudo de la contribución por parte del Ministerio de Educación Nacional, por lo evidenciado en agentes retenedores que no efectuaron oportunamente la retención, lo cual ocasionó que no se adelantaran acciones de fiscalización y cobro.
- Inconsistencias por parte de agentes retenedores, quienes aplicaron tarifas erradas sin la verificación del Ministerio.
- La utilización de más de una tarifa para realizar el cálculo del valor presunto por trasladar, a pesar de las directrices de la DIAN y del Ministerio.
- Deficiencias en la supervisión y fiscalización del recaudo de la contribución.
- Pérdida de recursos por el reconocimiento de intereses moratorios por parte de algunos retenedores, luego de haber liquidado y cancelado la retención por concepto de estampilla.
Por medio de Twitter, la entidad informó de esta situación, mencionando el precio del año patrimonial generado por esto: