No levantó la cabeza. Pronunció, en tono pausado y apagado, dos escasas intervenciones para intentar desestimar la decisión que ordenaba su arresto inmediato. No estaba preparado el miércoles para dormir por primera vez tras las rejas. El exmagistrado Gustavo Malo pasó de ser uno de los hombres más poderosos de la justicia a protagonizar una lamentable fotografía en la que lo conducen de la sala de audiencias del Palacio de Justicia a los calabozos del búnker de la Fiscalía. La Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema instaló esta semana la audiencia preparatoria del juicio contra Malo como uno de los protagonistas del cartel de la toga. Entró por la puerta principal a la diligencia, justo en el recinto donde emitió las sentencias más importantes de su carrera. Y salió al caer la noche por el sótano, sin esposas, acompañado de su abogado Antonio Luis González. Este, el tristemente célebre fiscal del caso Colmenares, que los colombianos ven por estos días en la serie de Netflix, intentó por todos los medios tumbar la medida de aseguramiento. Le puede interesar: El exmagistrado y el fiscal del caso Colmenares Pero para los tres juzgadores de Malo, su libertad representa un riesgo de obstrucción a la justicia. Y, con el fin de soportar su decisión, entregaron detalles reveladores de un episodio al que todavía le quedan cabos sueltos. El exmagistrado responderá en juicio por las irregularidades que rodearon las investigaciones contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton por parapolítica, que tuvo a su cargo. El objetivo en ambos casos habría sido engavetar los procesos hasta que prescribieran por vencimiento de términos. En el cúmulo de cuadernos que soportan el proceso, llamó rápidamente la atención un hallazgo. Los investigadores encontraron que desde 2014 quedaron los primeros registros de la existencia del cartel de la toga, pero estas pruebas desaparecieron misteriosamente del expediente de Ashton sin que hasta ahora haya respuestas al respecto. Una sala de interceptación de la Fiscalía grabó las conversaciones que sostenían el entonces senador con el exmagistrado Francisco Ricaurte, preso por el escándalo. En algunas de ellas hablaron de una negociación para evitar la apertura del proceso contra el exsenador, que para ese entonces estaba en instrucción. En esta misma etapa procesal se mantuvo hasta 2017, cuando la Corte lo desempolvó en medio del peor escándalo que ha sacudido a la justicia, y decidió acusar a Ashton por parapolítica. Pese a que esta información resultaba “altamente incriminatoria”, el informe de interceptación que alertaba de la existencia de la charla se esfumó por años. Le sugerimos: La Presidencia de la Corte Suprema se convirtió en el botín de oro De la pérdida en el expediente solo se supo tres años después, cuando el abogado Gustavo Moreno encendió las alarmas. Según su declaración, un magistrado auxiliar que advirtió lo delicado de dicho informe resultó sorpresivamente despedido. Se trata del investigador José Reyes Rodríguez, quien –según reveló Moreno– le contó de la existencia de esta información a un magistrado de la Sala Penal de la Corte. Moreno señaló que, por medio de Francisco Ricaurte, se enteró del gran malestar que ocasionó el hecho de que Reyes le hubiera hablado de la existencia de este informe a alguien más de la Corte. Y esta incomodidad habría llevado a que sacaran al magistrado auxiliar. Moreno y Reyes serán dos de los testigos claves en el juicio contra Malo. No es claro si el extravío del documento influyó en que el caso Ashton permaneciera estancado por tres años. Lo cierto es que una vez destapado el escándalo, a Ashton lo llamaron a juicio y rastrearon las interceptaciones. Queda la deuda de saber cómo y quién logró hacer desaparecer el informe del cuaderno reservado. Le recomendamos: Gustavo Malo: Senado le quita la toga al magistrado del ‘cartel de la toga‘ Resulta importante señalar que un revolcón en la Corte llevó a que en octubre de 2014 rebarajaran los casos de los parapolíticos. En el nuevo reparto, el proceso de Ashton pasó a manos del magistrado Eugenio Fernández Carlier. En entrevista con SEMANA, Fernández aseguró que a su despacho le “pusieron a disposición 10 CD y 3 informes del CTI. Esos son los documentos, están ahí”, indicó. Esta misteriosa pérdida, sumada al hecho de que le imputaron el delito de concierto para delinquir –un tipo penal cuya comisión puede ser intemporal–, llevó a que la sala ordenara detener a Malo. Al final, el exmagistrado solo atinó a pedirles a sus juzgadores recluirlo en una guarnición militar. Teme las represalias de las personas a quienes envió a prisión, que, según él, podrían ahora atentar contra su vida en la cárcel.