Si en Europa las marchas de protesta crecen como espuma por los ajustes fiscales, en las ciudades de Colombia se multiplican por cuenta del aumento de impuestos. Un virus de indignación viene sacudiendo a Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Montería y Bucaramanga, donde se han presentado quejas masivas, manifestaciones rabiosas, quemas de recibos, llamados a la desobediencia civil y demandas de todo tipo.La molestia es generalizada. En la capital del país las quejas por la valorización no cesaron hasta que el Distrito tuvo que aplazar el cobro, mientras que en Medellín ya se realizaron dos marchas callejeras para exigir al alcalde Aníbal Gaviria que revise todo el proceso de actualización catastral. Los cartageneros están furiosos por los errores en la liquidación del predial y salieron a las calles a protestar y los comerciantes monterianos invitan a una desobediencia civil para no pagar ese tributo. La gira nacional de rechazo termina en Cali donde califican de excesivos y arbitrarios los cobros.Es justo decir que estas manifestaciones no implican una evaluación negativa de cada burgomaestre, algunos de ellos considerados buenos gestores. Pero cuando de meter la mano al bolsillo de los contribuyentes se trata, cualquier medida es antipopular. Y si esas alzas vienen viciadas de excesos, abusos o errores, la situación tiende a empeorar y el malestar ciudadano comienza a bullir. Los tributos que originan las protestas son necesarios para el desarrollo de las ciudades. “El predial junto al impuesto de Industria y Comercio son las únicas dos fuentes de ingresos propios de los municipios”, recuerda Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. Son el pago por disfrutar las comodidades y ventajas urbanas así como por hacer negocios. La raíz de los aumentos actuales está en la Ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Esa norma obliga a los gobiernos locales a actualizar los catastros cada cinco años con un avalúo mínimo del 60 por ciento del valor comercial. Además, fija tasas para cobrar el impuesto predial que pueden aplicarse entre el 4 por mil hasta el 16 por mil y establece un techo máximo del 25 por ciento de incremento del tributo, respecto a la factura del año anterior.Pero esa misma ley exceptúa de ese techo a los municipios con actualizaciones catastrales y de ahí se pegaron la mayoría de los alcaldes y sus concejos, que no tuvieron reparo en aplicar tarifas por encima del 25 por ciento. Lo que es peor, ninguno fijó para los estratos 1 y 2, tasas por debajo del 4 por mil como lo establece la ley. “Uno no le puede pegar de entrada a la gente con ajustes por lo alto, todo debe ser gradual”, explicó Juan Ricardo Ortega, director de la Dian. Esos abusos, sumados en algunos casos a pobre ejecución y hasta corrupción, despertaron la ira ciudadana.En Bogotá el escándalo del cartel de la contratación durante el gobierno de Samuel Moreno ha minado la confianza de los capitalinos en los tributos para financiar infraestructura. Ahora que al alcalde Gustavo Petro le tocó cobrar la valorización para el segundo paquete de obras, la ciudadanía estalló. Hay 20.000 quejas radicadas con irregularidades de fondo como la falta de un estudio de pago de los estratos altos, el cobro por obras que no se hicieron o ya estaban construidas, o aquellas que ni siquiera pertenecen al sector donde vive el contribuyente. El problema tiene contra las cuerdas al alcalde, quien decretó el aplazamiento del cobro por dos meses.Pero así como en Bogotá la confianza en la ejecución distrital está disminuida, en Medellín ocurre lo contrario: la ciudad ha sido destacada en varias instancias por su innovación y calidad de vida. Cualquiera diría que con ese prestigio, los paisas pagan con gusto sus tributos. Pero este año la cosa cambió y cuando llegaron las facturas con las nuevas tarifas del predial, salieron dos veces a protestar. El diputado Jorge Gómez dijo que la indignación radica en que “el Concejo aprobó las tarifas tributarias sin tener a mano la nueva actualización catastral y eso causó los abusos”, dijo a SEMANA tras explicar que el avalúo total de Medellín pasó de 20 billones de pesos en 2004 a 63 billones en 2013. El secretario de Hacienda, David Rodríguez, defiende las tarifas, acepta que existen errores, pero insiste que en el fondo “lo que hay es un tema político”.Una situación igual de compleja enfrentan los cartageneros, quienes también salieron a protestar porque la nueva base catastral aumentó el impuesto predial hasta en un 50 por ciento. Solo por citar algunos casos, la asociación ciudadana Vigías del Buen Gobierno que agrupa 8 barrios, pidió no que les rebajen la tarifa, sino que los exoneren del gravamen, porque “sus calles están sin pavimentar y desde hace 27 años han sufrido 54 inundaciones”. El tema en La Heroica es tan delicado, que el alcalde encargado Carlos Otero debió citar esta semana a Julián Serna, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, para definir una estrategia que les permita reducir el predial. Una medida similar solicitó Carlos Correa, alcalde de Montería: “La revisión de 24.000 predios de los 116.000 que fueron objeto de la actualización, cuyos avalúos sobrepasaron más del 200 por ciento”.Precisamente el tema de las actualizaciones catastrales que realiza el Igac está en el centro del debate, en especial porque muchos consideran que esos estudios se hacen por muestreo, con personal foráneo que desconoce las ciudades y en poco tiempo.Esa es una de las quejas que exponen líderes en Bucaramanga, donde el aumento fue del 80 por ciento; igual ocurre en las tres comunas de Cali cuyos avalúos fueron actualizados a finales de 2012 y en solo tres meses. Cristina Arango, secretaria de Hacienda de la capital vallecaucana, argumentó que desde hace diez años no se cambian las tarifas tributarias en la ciudad y este primer estudio solo afecta a predios de estratos altos.De hecho, en el Valle surgió una demanda de nulidad contra la actualización catastral que se hizo en 2009 en Cartago. Los quejosos demostraron que los incrementos del impuesto pasaron del 100 por ciento. El año pasado un fallo en primera instancia de la Procuraduría, sentenció que esa irregularidad cobijó a 6.778 predios.Pero lo más interesante del caso que duerme en el Tribunal Administrativo del Valle, es que se basa en un vacío legal que el propio Igac reconoce, “entre 2004 y hasta 2010, el artículo que obligaba a los municipios a actualizar su base catastral, estaba derogado”, explicó Alfonso Gómez, veedor ciudadano que lidera la acción de nulidad. Eso quiere decir que de prosperar la denuncia, el fallo tendría un efecto dominó en todas las actualizaciones que se hicieron en ese periodo. Para tener una idea del impacto, solo en 2011 el Igac actualizó el catastro de 3 millones de predios en 60 municipios. Desde esa entidad se defienden argumentando que los estudios son hechos durante meses, por profesionales expertos, pero no obstante “estamos prestos a evaluar los casos”, respondió Serna, director de la entidad. El tema del impuesto predial se ha vuelto tan sensible, que varios de los alcaldes actuales fueron elegidos porque prometieron bajar las tarifas. Así ocurrió en Cartago, aunque aún no se ha cumplido; mientras que en Itagüi están satisfechos porque el mandatario rebajó en dos puntos la tasa. Toda esta indignación que se esparce por el país deja varias enseñanzas. La primera es que sin importar el prestigio del alcalde, la gente sale a protestar cuando siente que el alza de impuestos es abusiva. Segundo, las alcaldías deben mejorar la ejecución y mostrar a los ciudadanos cómo los tributos se convierten en obras. Y por último, que como dice el dicho tener casa no es riqueza, y mucho menos con cobros tan altos.