Por la sabiduría y el trabajo vamos hacia la luz”, reza el lema que ha guiado a la Fundación Universitaria San Martín desde su creación en 1981. Sin embargo, desde hace meses vive momentos oscuros, pues nadie en la institución sabe para dónde va, sus directivos están inmersos en escándalos de desviación de recursos y malos manejos; a los profesores y empleados no les pagan, los estudiantes temen que no puedan terminar sus carreras y para colmo de males esta semana, debido a la falta de pago, a varias sedes les cortaron la luz. La crisis de la San Martín es tan profunda que los 18.000 estudiantes y 4.000 empleados les pidieron esta semana al gobierno y al Ministerio de Educación que dejen a un lado tantos anuncios e investigaciones y tomen medidas definitivas que los salve de la debacle. Aunque la mala hora no es nueva, esta es la peor. Hoy, ocho de las 17 sedes que tiene en el país están paradas, las cuentas están vacías y no aparece ninguno de los dirigentes, que antes sacaban pecho a la hora de recibir invitados especiales, premios y salían en avisos de página entera en la prensa nacional. La situación más crítica está en Barranquilla. Hace un mes, los profesores de Veterinaria y Zootecnia pararon. Les siguieron los de Medicina y finalmente los de Odontología. Los estudiantes se solidarizaron con los reclamos de los maestros, a quienes no les pagan hace cuatro meses. Finalmente dieron el portazo los empleados administrativos, quienes también se cansaron de esperar sus salarios. El ambiente empeoró aún más esta semana cuando Electricaribe suspendió el servicio de energía por falta de pago y la empresa Triple A les cortó el agua. Una enorme preocupación se tomó la comunidad universitaria pues en el anfiteatro yacían dos cadáveres para las prácticas de Medicina. Esta serie de adversidades tiene literalmente en la calle a unos 5.000 estudiantes, quienes no saben si al menos van a poder terminar el semestre en curso. Lo increíble es que la crisis, que en todas las sedes es parecida, viene desde varios años, tanto que en 2013 el Ministerio de Educación canceló ocho programas. En ese momento la entonces ministra, María Fernanda Campo, prometió que “no vamos a dejar solos a los estudiantes, desde aquí le haremos un seguimiento muy riguroso al plan de contingencia que nos debe presentar la universidad”. Pero es poco lo que se ha avanzado y, como le dijo a SEMANA un representante sindical, “la universidad se cayó definitivamente. Esto es la crónica de una muerte anunciada”. El comienzo del cáncer ¿Qué le pasó a una institución que parecía boyante, que llegó a tener 26.000 estudiantes, presencia en todo el país y hasta sedes en Panamá y Brasil? La Universidad San Martín fue fundada en 1981 por el abogado Mariano Alvear Sofán y su esposa Gloria Orozco. Desde ese momento empezó a crear un poder vertical en el que concentró todos los poderes académicos y financieros. Quienes lo conocen, dicen que le gusta que lo traten como si fuera un dios, que es displicente y autoritario. Gracias a su trabajo y a la universidad, tiene una mansión en El Peñón (Girardot), un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, otra mansión en Curazao y fincas en Córdoba. En los más de 30 años de existencia, en el alma máter han trabajado más de 100 miembros de su familia en distintas dependencias. No se sabe por qué, desde 2005 la universidad empezó a tener serios problemas financieros. Le debía a la Dian, al sistema de seguridad social, al Sena, al Icetex y a sus propios trabajadores. Esto hizo que se multiplicaran las demandas y embargaron sus cuentas y activos. Para evadir estas restricciones, según le dijo a esta revista alguien cercano a la dirigencia, la San Martín le pidió a sus alumnos que pagaran sus matrículas en el Fondo para el Fomento de la Educación, que se supone estaba destinado a prestarle dinero a los estudiantes más necesitados. Eso también lo denunció la senadora Claudia López hace unas semanas cuando demostró que “crearon otra entidad jurídica, a través de la cual siguen captando matrículas, mientras le dice al Ministerio de Educación y las demás entidades que no tiene un peso para pagar a los trabajadores y acreedores”. Desde allí se empezaron a pagar los gastos de la universidad, pero también para que los directivos y miembros de la familia Alvear sacaran recursos para invertir en varios proyectos paralelos. Probablemente es lo que ya habían hecho en el pasado. El primer proyecto fue la creación del Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva (Cibre) dedicado a la investigación y al negocio agropecuario, a través del cual compraron miles de cabezas de ganado, un hato en Córdoba y un centro de reproducción. También crearon una planta en Briceño (Cundinamarca), galpones de pollos en Arbeláez y trajeron expertos brasileños para que los asesoraran. La Cibre se especializó en el negocio de la carne de óptima calidad, y de los lácteos, que actualmente son vendidos en decenas de supermercados del país con la marca Qualité. Frente a las denuncias de malos manejos financieros y demora con las entidades del Estado, el Ministerio de Educación contrató en 2011 a la firma de contaduría Amézquita y Compañía, para que analizara las cuentas del alma máter. El informe reveló, entre otros temas, que la universidad había otorgado “varias garantías sobre sus activos así como sus flujos futuros de dinero por concepto de matrículas, para apalancar créditos a favor del Fondo para el Fomento de la Educación y el Cibre”. Es decir, la universidad se endeudó para que la familia Alvear montara estos negocios. Esto, según la firma, “podría ocasionar dificultades financieras en perjuicio de cerca de los 27.000 alumnos de la institución”. Sin importar que el ministerio les tenía los ojos encima, en 2011 las directivas lanzaron a la San Martín a una nueva aventura. Crearon la Fundación Qualité Fish Meat and Vegetable Corporation, a través de la cual abrieron los restaurantes Burger Market, que hoy operan en zonas exclusivas de Bogotá. Allí venden hamburguesas y carne Premium, en un ambiente que recuerda las cafeterías estadounidenses de los años cincuenta. Al parecer hicieron todas estas inversiones y fundaciones, que según el sindicato son controladas por la familia Alvear y directivos de la universidad, a costa de estudiantes, profesores y alumnos. SEMANA conoció una investigación de 2012 de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), adscrita al Ministerio de Hacienda, que demuestra que desde 2008 la universidad no hizo los aportes a la seguridad social y parafiscales de la mayoría de los trabajadores, que cotizó sobre salarios inferiores a los reales y puso de manera fraudulenta a empleados como si fueran aprendices del Sena. También el claustro dejó de pagar retención en la fuente, hay muchos gastos sin soportes e incluso un inexplicable hueco pues reportaron 181.000 millones de ingresos pero solo declararon 123.000 millones. En este momento la universidad enfrenta, solo en Bogotá, 667 procesos laborales porque los aportes que les descontaron, se esfumaron. El Ministerio de Trabajo confirmó hace poco que hay 25 investigaciones contra la institución. Incluso la razón social de la universidad está embargada por 12 juzgados laborales. La deuda total con sus trabajadores ascendería, según los sindicatos, a más de 74.000 millones. Frente a semejante crisis, los directivos no aparecen. SEMANA trató varias veces de comunicarse con ellos y no obtuvo respuesta. Hace unas semanas Alvear le envió una excusa a un juzgado de Bogotá, donde hay una tutela del sindicato, diciendo que: “Se me hace imposible acudir por razones de salud y de fuerza mayor, que pueden considerarse ya como Falta Absoluta Temporal al honor que ostento al interior de la Fundación Universitaria San Martín”. Para muchos es claro que ya se empezó desligar de la institución y de los problemas que creó. Muchos no entienden por qué, si el Ministerio de Educación sabe lo que está pasando desde 2011, no ha tomado cartas en el asunto. Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior, dijo a SEMANA que la Ley 30 y la autonomía universitaria no les da la posibilidad de intervenir o tomar control de esa ni de ninguna universidad, así haya graves problemas. “Podemos suspender o cancelar la personería jurídica, pero hay que seguir un riguroso proceso que toma tiempo. En este momento estamos adelantando numerosos procesos en la San Martín y hemos enviado denuncias de las irregularidades que hemos encontrado a Fiscalía y las superintendencias Financiera y de Sociedades”. Una crisis profunda Precisamente lo que muestra el caso de la San Martín es la incapacidad del Estado para controlar a las universidades. Y los casos de corrupción y de malos manejos administrativos pululan en varias regiones del país. El problema es que, a pesar de los trámites engorrosos y las altas inversiones, montar o comprar una universidad en Colombia es fácil. Solo 20 de las 245 instituciones de educación superior que hay en Colombia son de alta calidad, y el crecimiento de matrículas entre 2002 y 2013 fue de 115 por ciento. Un flujo de dinero enorme, que tiene poca vigilancia. Expertos consultados consideran que el hecho de que el ministerio tenga las facultades para habilitar programas y universidades, pero a la vez, las tenga que controlar, termina generando un desequilibrio. Aún más complicado que la unidad de inspección y vigilancia cuenta con 21 funcionarios para supervisar los más de 10.000 programas de educación superior que hay en el país. Por eso, algunos han planteado no solo la necesidad de cambiar la Ley 80 y limitar la autonomía universitaria, sino de crear una Superintendencia de Educación para que controle un sector que mueve más de 35 billones de pesos y es tan vital como la salud. Cobijadas por la autonomía universitaria, muchas instituciones se blindan detrás de opacos estatutos que son una patente de corso para hacer y deshacer. Así hay clanes familiares enquistados en las universidades, que se reparten contratos, puestos, asesorías millonarias y grandes trozos de la nómina. Y además muchos políticos están metidos en el negocio, quienes tienen sus fichas en el Congreso, en el gobierno y cuentan con los medios para presionar a quien desee investigarlos. Bajo estas condiciones es difícil sorprenderse porque se multipliquen los abusos, se desvíen los recursos, se engañe a los estudiantes y se saqueen las universidades. Si el Estado y la sociedad no toman cartas en el asunto, la educación superior seguirá siendo para muchos, entidades de garaje. Así las cosas, el desafío de que Colombia sea la más educada va a ser difícil. Otras universidades en problemas Gracias a la autonomía universitaria y a los demorados procesos que la ley le impone al Ministerio de Educación para cerrar un programa o una institución de educación superior, directivos de numerosas universidades se las tomaron como empresas privadas. Según el Ministerio de Educación, en este momento hay 32 universidades bajo investigaciones. Estas son algunas de ellas. Universidad Rafael Núñez La Fiscalía acusó a Miguel Henríquez, exrector de la Rafael Núñez de Cartagena, junto con su esposa, Carmen López, tres hijos, una cuñada y uno de sus yernos para que responda por supuestamente haber desviado 30.000 millones de pesos del centro universitario a través de contratos amañados, asesorías y exorbitantes honorarios. Las autoridades demostraron que los inmuebles que la familia tiene en La Heroica fueron adquiridos con plata de la universidad a través de contratos de arrendamiento onerosos y poco claros. La familia deberá responder por enriquecimiento ilícito y abuso de confianza. A pesar de estas y otras denuncias, la familia Henríquez aún tiene el control de la universidad y el Ministerio de Educación no ha actuado. Unad La Universidad Nacional Abierta y a Distancia está en el ojo del huracán desde 2011, cuando la involucraron dentro del descalabro del Cartel de la Contratación, pues en la administración Moreno pasó de tener contratos con el Distrito por 1.200 millones a 30.125 millones. Mientras estas investigaciones continúan, la senadora Claudia López puso en evidencia que el actual rector, Jaime Alberto Leal, habría incurrido en irregularidades para hacerse reelegir por cuarta ocasión, por abrir una sede en Florida (Estados Unidos) y por nombrar allí a amigos y familiares. Precisamente, la Contraloría General le acaba de abrir una investigación por malos manejos económicos en esa sede y por haberle girado 291 millones de pesos al rector en el pago de viáticos en sus viajes a Florida. Universidad Incca Hace unos meses los dirigentes de la Incca Enrique Conti y Alfredo García tuvieron que salir en medio de un escándalo por conflicto de intereses. Para buscar nuevos estudiantes decidieron llevar una sede a Facatativá, con la asesoría de la empresa Cordes. Como el ministerio negó los registros de estos programas, Cordes demandó la Incca por 21.000 millones de pesos por no respetar el acuerdo. Se descubrió que Ivan Conti, el hijo del presidente Enrique Conti, estaba entre los socios de Cordes y a muchos les quedó la impresión de que hubo un acuerdo para aprovecharse de la institución. Ahora, los nuevos directivos de la Incca tienen lazos íntimos con dirigentes de la San Martín. Muchos temen que haya una migración de la una a la otra. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Desde hace una década un grupo de exrectores, profesores, empleados y políticos se tomó el control de la universidad más importante para las personas de escasos recursos de Bogotá. Este grupo, amparado en la autonomía universitaria, se tomó el Consejo Superior y la administración, y desde allí la controlan como si fuera entidad privada. La Distrital tiene un régimen pensional especial que les ha permitido a profesores y empleados retirarse, de forma exprés, con millonarias mesadas. Desde hace más de ocho meses, la rectoría está en interinidad. Hay serias denuncias sobre la transparencia con la que se están manejando los recursos y contratos, pero ni Gustavo Petro, ni el gobierno ni el ministerio han podido retomarla.