El presidente Gustavo Petro anunció este 3 de diciembre que sacará de los centros de detención del país a varios integrantes de la primera línea que fueron detenidos en medio de los estragos que protagonizaron en las protestas, tal como lo prometió en su campaña.

Esta medida se empezó a tramitar antes de que ganara las elecciones. En su tablero ya tenía definido el camino que seguiría para quitarles las esposas a las más de 220 personas que fueron capturadas por cometer supuestos delitos, varios de ellos comprobados.

Según el mandatario, estos ciudadanos han sido perseguidos injustamente por manifestarse. En consecuencia, planteó un proceso de indulto para sacar de las cárceles a los miembros de este grupo que, a su juicio, son presos políticos.

El primer camino que tomó Petro fue en el Congreso. En el proyecto de ley en el que tramitó la ‘paz total’, el Gobierno le planteó a los senadores y representantes la posibilidad de aprobar artículos que facilitaran el indulto y amnistía para los jóvenes.

Pero los párrafos que le daban ese poder a la Presidencia se cayeron en el camino tras la lluvia de críticas. Fueron los propios impulsores quienes tomaron la decisión de frenar la discusión por la advertencia de varios sectores de rechazarla en la plenaria.

En una de las propuestas se leía: “Facúltese al presidente para que, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas relacionadas con el derecho a la protesta”.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico informaron que, tras este resultado, la situación de los detenidos no iba a quedar inconclusa. Es decir, dejaron por sentado que seguirían insistiendo en la liberación de los integrantes de la primera línea.

En ese orden de ideas, desde la bancada de izquierda se advirtió sobre la creación de una mesa de alternatividad penal, medida que contaría con el visto bueno del Gobierno nacional y que estaría liderada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

A esas conversaciones se unirían las autoridades judiciales para tomar una decisión de fondo sobre la pena que deberían pagar las personas que son señaladas de cometer delitos en el marco de las protestas, sobre todo, las infracciones de bajo riesgo.

Mientras que el otro camino fue revelado en un proyecto de ley que firmó la senadora Clara López, donde pone a disposición del debate la aprobación de un tratamiento no punitivo a los miembros de la primera línea que delinquieron en las manifestaciones.

“Quien en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social haya incurrido en delitos, tendrán un tratamiento no punitivo que establezca sanciones restaurativas, alternativas y que vincule a los jóvenes con el trabajo social y comunitario”, se lee en el texto.

Pero los esfuerzos del Gobierno han ido más allá del legislativo. El viceministro del Interior, Gustavo García, medió entre la Policía Nacional y tres miembros de la organización para que fueran liberados tras cometer supuestos hechos vandálicos.

Los sujetos fueron señalados de atacar a piedra la camioneta del director de esta institución, general Henry Sanabria. Tuvieron que pasar dos minutos para que se les asignara el perdón social que les prometió en campaña el presidente Gustavo Petro.

Eso se repetirá en menos de 22 días con un centenar de personas que son señaladas de cometer serias faltas. Así lo dio a conocer el mandatario de los colombianos en el marco de un encuentro con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en Pasto.

“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia, serán liberados antes de la Noche Buena”, sentenció el presidente.