La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que tomó posesión de siete bienes, avaluados en $ 40.000 millones, que habrían sido comprados con recursos de presuntos actos de corrupción en un contrato para descontaminar el río Bogotá. Según el ente investigador y acusador, pertenecerían al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte.
“Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre siete predios, que habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación del interconector Tunjuelo – Canoas, que pretendía apoyar las actividades de descontaminación del río Bogotá”, afirmó.
Los bienes en mención, cinco rurales y dos urbanos, se ubican en Chía y Ricaurte (Cundinamarca), y Hato Corozal y San Luis de Palenque (Casanare).
Una de las propiedades en Casanare llamó la atención de la Fiscalía dado que supera las 5.000 hectáreas, mientras que los bienes en Chía destacan por sus lujos, como lo evidencian las fotos entregadas por el ente investigador y acusador.
“Estas propiedades pertenecerían al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, quien presuntamente se apropió de más de 48.620 millones de pesos, correspondientes al 20% del adelanto entregado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la realización de la obra civil”, aseguró la directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Liliana Patricia Donado Sierra.
Según la Fiscalía, esta es la segunda ocupación que se realiza por las anomalías identificadas en el contrato del interconector Tunjuelo – Canoas. En una primera fase, en 2021, fueron ocupados 77 bienes avaluados en 27.044 millones de pesos. Dichos predios fueron ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare). Sobresale en este grupo una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados, explicó el ente acusador e investigador.
El prontuario de Carlos Alberto Solarte
Solarte Solarte llegó a ser imputado por la Fiscalía en 2018, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, en 2009, en el que también estuvo involucrada la multinacional brasileña Odebrecht.
“Soy un padre de familia trabajando y sirviendo a mi país, por consiguiente no me allano a cargos”, dijo en ese entonces , ante el juzgado 30 de control de garantías, luego de ser imputado, junto con su hija, por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Solarte Solarte, mediante la forma CSS Constructores SA, también estuvo encargado de la megaobra para conectar a Bucaramanga con Pamplona con una autopista 4G, proyecto adjudicado en 2016, aunque hasta el pasado febrero solo tenía un avance del 11,2 %, si bien se entregó en 2022.
El edificio que era de un narco y ahora es parte de una universidad
En otros hechos, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló detalles del trámite que realizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con la entrega de un bien que estaba en poder de un peligroso narcotraficante en Cali (Valle del Cauca). La historia detrás es de película.
Se trata de un edificio que era del extraditado narcotraficante Julio César Ramírez Gómez, quien, según las autoridades, coordinaba el envío de cocaína, pero ahora en ese inmueble, que estaba en proceso de extinción de dominio, funcionará la facultad de derecho de la Universidad del Valle.
“La SAE ha entregado el edificio Hormaza del centro de Cali a la Universidad del Valle para que funcione allí su facultad de derecho. El edificio hace parte de los bienes de la mafia en extinción de dominio”, trinó Petro.
Siguiendo las nuevas políticas del presidente Gustavo Petro, la Sociedad de Activos Especiales SAE le entregó en destinación definitiva el edificio Hormaza a la Universidad del Valle, donde funcionan dependencias de la nueva Facultad de Derecho, el consultorio jurídico y oficinas administrativas de la universidad.