En medio del creciente escándalo de presuntos seguimientos y hasta interceptaciones a magistrados, que explotó con la denuncia del togado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien le envió una carta al presidente del este alto tribunal, José Fernando Reyes, en la que advertía las sospechas de seguimientos y que fue conocida y publicada por SEMANA, se conocieron los motivos de la salida de uno de los funcionarios más importantes de la inteligencia del país.
Se trata del coronel (r) Edwin Chavarro, quien era el director de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Lo que resultó sorprendente es que esta salida, que se dio hace ya varios meses, tuvo que ver con el escándalo que hoy está saliendo a flote.
Fue el mismo director de la DNI, Carlos Ramón González, quien confirmó que el motivo tiene que ver con sospechas de seguimientos por señalamientos que habían hecho los mismos magistrados. Justamente, confirmó González, que a su llegada a la dirección de inteligencia, el presidente Gustavo Petro le había pedido sacar cualquier duda, sospecha o personas cuestionadas por seguimientos de la entidad, ahí llegó el nombre del coronel (r) Chavarro.
Sin embargo, en que fue enfático González es que luego de la salida de Chavarro y de forma permanente se han hecho evaluaciones para determinar si desde la entidad se estaban haciendo ese tipo de seguimientos e interceptaciones, y afirmó “tenga la absoluta certeza de que eso no ocurre”.
Chavarro era un hombre curtido en inteligencia quien además ocupó importantes cargos en la Policía, incluso fue secretario del general Óscar Naranjo, quien es reconocido como el director de la Policía que elevó los estándares de inteligencia del país hasta hacerla una de las más reputadas del mundo.
Ahora que está sobre la mesa la posibilidad que los seguimientos regresaron, toma relevancia todos los movimientos en la DNI y por qué los magistrados señalaron con nombre propio de Chavarro.
La carta del magistrado Ibáñez levantó una tormenta, y no es para menos, según relevó SEMANA, lo que dice requiere la atención de las autoridades y una investigación a fondo de la Fiscalía.
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, sobre estos graves señalamientos se requieren respuestas.