Aparentes irregularidades en el contrato de transporte de escolares vulnerables en 12 municipios no certificados —que no son autónomos en la administración del servicio educativo— del departamento de La Guajira fueron denunciadas en marzo del 2018. La empresa que obtuvo el contrato, Transportes Relaturg, podría tenerlo nuevamente en una licitación que prepara la Gobernación y varios de los personajes que actuaron en aquel entonces podrían hacerlo nuevamente.En La Guajira los ojos están puestos, a semanas de las elecciones regionales, en el contrato de transporte escolar por 29.000 millones de pesos que está por licitarse por la Gobernación en cabeza del mandatario encargado, Jhon Fuentes, que sigue adelante con el proceso pese a las denuncias de los medios de comunicación locales.En contexto: El polémico contrato que quiere firmar el gobernador (e) de La GuajiraFuentes insistió en que hay urgencia para contratar dado que la falta de transporte está generaría deserción escolar, aunque hay fuentes que lo contradicen y señalan que ese argumento es exagerado, pues los suministros del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y los subsidios familiares por los niños que asisten a clase —pagados con firma del profesor— se entregan con normalidad.El proceso de contratación, según dijo a este medio el gobernador Fuentes, se adelanta por instrucción y bajo parámetros dados por la Vicepresidencia de la República, algo que dijo comprobar con un oficio que le enviaron, pero que no hizo llegar a esta redacción pese a su ofrecimiento.Fuentes, quien fuera secretario de Gobierno de la Gobernación, fue designado gobernador encargado por el presidente Iván Duque luego de que el también encargado Wilbert Hernández Sierra fuera suspendido por tres meses —prorrogables por otros tres meses, según dijo en Riohacha en agosto el procurador general, Fernando Carrillo—por supuestas irregularidades en un contrato de bilingüismo por 11.400 millones de pesos.En contexto: La historia detrás del millonario y cuestionado contrato de bilingüismo en La GuajiraRelaturg, tal y como lo contó SEMANA, es propiedad del empresario del transporte y excandidato a la Alcaldía de Riohacha (Partido Conservador) Édgar Acosta Romero, primo hermano del exministro Amilkar Acosta, con aparentes intereses en la campaña de Nemesio Roys a la Gobernación y dos candidatos a la Alcaldía de Riohacha, Eulides ‘Quille’ Redondo y Blas Quintero.Acosta es recordado entre los riohacheros porque hizo parte del grupo de ocho concejales que fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría (el que menos fue sancionado durante diez años) por la elección irregular de un personero. En declaraciones a la prensa local en enero pasado, Acosta Romero expresó sus intenciones de regresar a la arena política.Niños conductoresEn marzo de 2018 hubo una queja presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República por Yamir Durán, representante legal de la Unión Temporal Guajira 2018, que fue el otro proponente del proceso licitatorio que obtuvo Relaturg, escrito conocido por SEMANA.Según documentación anexada en el documento, la primera irregularidad aparente es que entre las propuestas económicas, según el acta de cierre de la licitación del 30 de enero de 2018, hubo una diferencia superior a los 2.500 millones de pesos, siendo la de la empresa ganadora la más costosa.El contrato fue firmado en la administración de la gobernadora encargada Tania Buitrago, hoy una de las jefes de campaña de Nemesio Roys, aspirante a la Gobernación, además de directiva del Partido de La U. Como representante legal del departamento aparece el actual gobernador (e) Jhon Fuentes.Puede interesarle: El temor busca mantener el poder en el pueblo más joven de La GuajiraEl informe de evaluación, publicado el 7 de febrero tras un aplazamiento, señaló que ninguno de los dos proponentes estaba habilitado. UT Guajira 2018, el 14 de febrero, presentó no solo sus enmiendas, sino que además informó de una serie de inconsistencias respecto de las propuesta de Relaturg. La adjudicación, por su parte, había sido planeada para el 12 de febrero siguiente, pero múltiples adendas la prorrogaron 16 días hasta el 28 de febrero.Según la documentación aportada al escrito, Relaturg certificó experiencia laboral de cinco o seis años a los conductores que presentó dentro de su propuesta, algunos de ellos con edades que van entre los 12 y los 16 años, lo que “indicaría una de dos situaciones: o las certificaciones son falsas y solo fueron elaboradas para cumplir con lo establecido en el pliego, o la empresa de transporte Relaturg, de manera contraria a la norma, vincula ilegalmente menores de edad para desempeñarse como conductores”.Señala también el texto que, en ese entonces, la apoderada legal de Relaturg, Rita Deluque López, aceptó esa situación en la audiencia de adjudicación, por lo que aportó para subsanar la observación permisos de trabajo otorgados por los padres y la autorización del Ministerio de Trabajo. Ello llevaría al surreal escenario de niños transportados a la escuela por otros niños que, de hecho, también deberían estar estudiando.Más información: Suspenden a gobernador (e) de La Guajira por polémico contrato de bilingüismoRita Deluque es la actual jefe de contratación de la Gobernación de La Guajira, la persona que íntimamente estaría ligada al proceso para la contratación del transporte escolar en 2019 y en el que podría participar Relaturg. Este medio llamó y contactó por chat a la funcionaria, que vio los mensajes pero no respondió.¿Documentación irregular?Por otra parte, Relaturg habría suministrado certificaciones requeridas para el proceso de un curso del Sena de “competencias ciudadanas en la seguridad vial” que no pudieron ser validadas en la plataforma de la institución. “Realizada la consulta nuevamente para presentar solicitud de revocatoria al acto de adjudicación, se evidencia que fueron cargadas algunas de las certificaciones inexistentes al momento del cierre, con fecha 16 de febrero de 2018”, es decir dos días después de que la UT Guajira 2018 presentara sus objeciones.Aún así, varios de los conductores, según las consultas hechas en el SENA, no cumplían aparentemente con el requisito. Ante el inconveniente, dijo el quejoso, una asesora externa de la Gobernación en el proceso manifiesta que “la información fue solicitada al SENA pero no hemos recibido respuesta”. Añade el denunciante que “de manera omisiva” el comité evaluado validó la documentación.Más informacion: Reaparece Juan Carlos León, señalado por el crimen de Yandra BritoPero eso no es todo. La documentación de los vehículos también está cuestionada. Por lo menos 26 de ellos eran de placas venezolanas, pero 17 no estaban internados en Maicao, tal y como fueron presentados en los pliegos, según certificó el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Maicao. Es decir, no podían transitar legalmente por el territorio nacional, no podían portar documentación reglamentaria y estaban sujetos a ser inmovilizados y decomisados. Todos ellos, además, debían impuestos, señaló la entidad.“Así las cosas, se presumiría que que los documentos presentados por la empresa Relaturg y validados por el comité evaluador, respecto a los vehículos internados en el municipio de Maicao son falsos”.Acosta se defiende
Édgar Acosta que en conversación con SEMANA se presentó como “empresario del transporte con más de 35 años de experiencia” e insistió en que era “asesor de Relaturg”, aunque aceptó que la empresa es de sus hijas, dado que a sus 70 años de edad ha querido entregarles ya el mando.Sobre los señalamientos, como el de los niños conductores o las falencias en la documentación de los vehículos manifestó que, en su momento, con sus asesores jurídicos “comprobaron que ellos [el otro consorcio participante, compuesto por tres empresas entre ellas uno de los operadores de Transmilenio] mentían en lo que estaban diciendo, porque la empresa Relaturg siempre ha cumplido con todos los principios de las leyes colombianas”.También negó que, como aparece en los registros de cámara de comercio, que solo tuviera 30 empleados: “Pagamos la seguridad social de más de 400 personas”.También confirmó que Rita Deluque, ahora que es jefe de contratación de la Gobernación, fue la apoderada legal de la transportadora durante proceso y señala que “aún no sabemos si nos vamos a presentar. Pero si tenemos una estructura empresarial para participar. Somos la tercera mejor empresa de la Costa en transporte especial, creemos que nos podemos presentar”.Le recomendamos: Los cada vez más serios cuestionamientos sobre el gobernador (e) de La Guajira“No sabemos si la señora Deluque va a calificar, ella tiene derecho a trabajar, ella es una abogada. Y, de hecho, si vemos la oportunidad de presentarnos para licitar, lo vamos a hacer. No tenemos ninguna sanción de Contraloría, ni de Procuraduría, ni de Fiscalía. Tampoco tenemos ninguna condena”, insistió.Acosta negó tener relación alguna con el también conservador candidato a la Gobernación de La Guajira Nemesio Rois, así como con cualquier aspirante de esa colectividad. “Esto es una empresa, en donde a todos los candidatos les he alquilado vehículos para las diferentes manifestaciones”.Preguntado por la publicidad de Nemesio Roys justamente frente a la sede de Relaturg, el empresario manifestó que se trata de un predio que no es suyo y que tampoco sabe quién es el dueño de la valla en la que cuelgan publicidad “hace casi 15 años”.Lo cierto es que son los organismos de control los que deben pronunciarse sobre las denuncias que llevan más de año y medio sin que haya habido acción alguna de su parte y las que determinen eventuales responsabilidades a las que haya lugar, en un asunto que también podría incidir en el contrato por 29.000 millones de transporte escolar que la Gobernación insiste en licitar en época electoral.