La apuesta por la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro inició con una propuesta con la que, con la simple voluntad de sumarse a la negociación, los cabecillas de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del país quedaban libres de la persecución judicial. Pero fue el fiscal Francisco Barbosa quien hizo la advertencia y la ejecutó, no levantó las órdenes de captura contra miembros de bandas criminales por considerarla inconstitucional y reclamó el trámite de una ley de sometimiento.
La ley fue radicada finalmente la semana pasada en el Congreso y, en ese tire y afloje, se han dado acercamientos, como la reunión que se dio hoy en la mañana entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, en la que hablaron del tema, y el jefe del organismo puso sobre la mesa los nueve puntos que para él resultan inamovibles sobre el sometimiento de “las organizaciones criminales de alto impacto”.
En rueda prensa, el fiscal Barbosa contó lo ocurrido en ese cara a cara que se dio en Casa de Nariño. Destacó avances y puntos en los que hay coincidencia. Sin embargo, también realizó críticas al contenido del proyecto de ley de sometimiento, por lo que espera que haya cambios en su articulado durante el trámite en el Congreso.
Disidencias
Justamente la suspensión de las órdenes de captura de miembros de bandas criminales es el tema más espinoso y que marca diferencias más radicales entre Petro y Barbosa. El fiscal, en lo que dijo que fue un diálogo razonable y tranquilo, fue claro en señalar que eso no se puede realizar con organizaciones que no son de carácter político como el Clan del Golfo y estructuras criminales como Los Pachenca y Los Caparros.
El fiscal contó que le fue planteada la solicitud de levantamiento de las órdenes de captura a las disidencias de las Farc entre las cuales están la Segunda Marquetalia, que firmaron el acuerdo de paz y lo incumplieron, y las comandadas por Iván Mordisco, que nunca se sentaron a la mesa de negociación.
Sobre este tema, el fiscal Barbosa se manifestó respetuoso y del fuero del presidente. “Esa no es una respuesta que yo puedo dar porque no soy el presidente, es él en sus funciones constitucionales el encargado de decirle al país a qué nos estamos refiriendo. Eso nos va a servir mucho a nosotros para tomar las decisiones correspondientes para el levantamiento de las órdenes de captura”. En síntesis, será el mandatario el que diga si les reconoce o no el estatus político a las disidencias.
Lo que sí quedo claro es que el fiscal Barbosa, luego de estudiar el proyecto de ley de sometimiento, presentó nueve puntos que considera son necesarios e indispensables en el articulado. Algunos ya los contempla el articulado y hay acuerdo, pero también puso sobre la mesa la diferencias.
Bienes de los criminales
El segundo tema en el cual se mantienen las diferencias está en la entrega de bienes de parte de estas organizaciones criminales y la posibilidad, como señala la propuesta, de que se queden con el 6 % de lo obtenido de forma ilícita. Ahí el fiscal también marcó una línea roja.
“Todos los bienes que la Fiscalía ha perseguido, que ya tiene en el marco de un proceso de extinción de dominio, que ya existe una medida cautelar, no pueden ser incluidos dentro de las actas de las personas que van a aplicar a esta ley de sometimiento como bienes para reparar víctimas, porque esa tarea ya la hizo el Estado. Ellos no pueden entregar lo que ya les quitaron, lo que ya no tienen”, afirmó Barbosa, quien puso el candado sobre 26 billones que ha recuperado la entidad bajo esa figura.
En el proyecto de ley de sometimiento se plantea que haya una unidad especial en la Fiscalía que acogería esta iniciativa. Barbosa planteó la necesidad de una modificación al señalar que “la Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia en su totalidad. No es una unidad de la Fiscalía, es decir, todas las unidades trabajarán en eso, porque el criterio lo da el fiscal general y en ese sentido debe modificarse el proyecto”.
El cuarto factor que le expuso el fiscal al presidente Petro tiene que ver con los tiempos de investigación y corroboración. “Los tiempos procesales cortos no nos permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. ¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción, que se deben firmar ante el comisionado de Paz, nosotros necesitamos tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que dicen y lo que tenemos sobre ellos. Para saber si mienten”.
Otro inamovible planteado por Barbosa tiene que ver con las imputaciones, explicó que “no se pueden limitar a las actas que firman allá y que pueden excluir conductas criminales que no están en las actas. Por ejemplo, delitos que hayan cometido, que nosotros sepamos, y ellos no lo cuenten, estos deben seguir siendo investigados por la Fiscalía”.
Para la suspensión de las órdenes de captura y los beneficios penales que tendrían los miembros de estas organizaciones criminales y narcotraficantes debe presentarse una lista con cada uno los hombres y mujeres que están en las filas. En el articulado se planteaba que fuera la Fiscalía la que realizara la verificación.
En este punto, el quinto, el fiscal Barbosa fue claro al señalar que “la Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de las obligaciones, porque no hace parte de nuestra función constitucional, esto requeriría una reforma porque no es nuestra misión ni función”.
El sexto aspecto en el que hizo énfasis el fiscal Barbosa tiene que ver con los beneficios que obtendrán quienes dejen las armas y la generosidad que se debe tener con ellos. “Los principios de oportunidad, se firma de carácter suspensivo hasta que cumplan con las obligaciones. Es decir, no se les da la zanahoria hasta tanto no cumplan el compromiso de restauración, porque si uno les da la zanahoria completa, se la comen toda y no cumplen”, afirmó Barbosa.
Víctimas
Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas en la Casa de Nariño, y en el cual, según el fiscal, hubo una actitud de colaboración y apoyo, hubo un tema del que muy poco se está hablando, que incluso pasa casi desapercibido en el articulado del proyecto de ley de sometimiento: las víctimas del actuar criminal de estas organizaciones. “Las víctimas no pueden quedar desprotegidas, el proyecto de ley no tiene esquema de reparación ni el rol de ellas en el proceso”, advirtió el fiscal.
El octavo punto que puso sobre la mesa el fiscal Barbosa, que resulta casi inexplicable y requerirá un cambio en su trámite en el Congreso, tiene que ver con las sentencias. “Hay un tema que es importante y es la violación al principio de cosa juzgada, van a darse sentencias colectivas, y el proyecto plantea que si se presentan nuevos hechos atribuibles a las personas que están en las sentencias, se abre otra vez y se incluye el hecho. Esto sí es muy raro, y no se puede. Sentencia que se firmó es cosa juzgada y se cierra”, explicó el fiscal.
Por último, y redondeando los nueve puntos sobre los cuales la Fiscalía marcó líneas rojas frente al contenido de la ley de sometimiento, señaló que la figura de principio de oportunidad no se puede aplicar de forma universal a quienes se desmovilicen. “No es posible aplicar principio de oportunidad frente al concierto para delinquir por delitos graves; de eso ya hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que no se puede”, explicó Barbosa.