En medio de la fuerte polémica y el complejo debate que se ha presentado por la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de dejar en libertad a centenares de personas capturadas y hasta condenadas por las actividades ilegales que adelantó la Primera Línea durante el Paro Nacional, la Fiscalía General sostiene que continuará desarrollando las actividades investigativas y promoviendo los procesos penales como es obligación.
En entrevista con SEMANA, Luisa Obando, directora de Seguridad Territorial de la Fiscalía, sostuvo que la función constitucional y legal del organismo es recolectar evidencias y presentar ante los jueces a aquellos que considera que incurrieron en actividades ilegales, en delitos, y que pusieron en riesgo la vida e integridad de la ciudadanía durante las manifestaciones que se extendieron por varios meses en el 2021.
En el caso de la Primera Línea, señaló que aquellas personas que están en las cárceles o con alguna medida privativa de la libertad fueron vinculados con pruebas técnicas y documentales, principalmente, por los actos vandálicos que se presentaron durante el Paro Nacional. Las evidencias recolectadas ya han permitido que los jueces emitan sentencias condenatorias, dándole así validez absoluta a las teorías probatorias que han sido expuestas por los fiscales.
Para Obando, en ningún momento se persiguió la manifestación, puesto que esto es un derecho protegido por la Constitución. Lo que se se investigó fue todo lo relacionado con la alteración al orden público, los ataques violentos contra integrantes de la Fuerza Pública y civiles, así como la destrucción de la infraestructura. Hechos totalmente alejados del principio básico de la manifestación.
Advirtió que por estos casos se abrieron diferentes líneas de investigación, comenzando por lesiones personales y daño en bien ajeno, los cuales podrían ser considerados menores, hasta llegar a terrorismo, homicidio y tortura, los cuales representan una gravedad absoluta y por los que se solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad al considerar que se debía proteger a la sociedad en general.
SEMANA: ¿Qué piensa la Fiscalía después del anuncio del presidente Gustavo Petro de dejar en libertad a algunos miembros de la Primera Línea y nombrarlos gestores de paz para que salgan de las cárceles?
L.O.: La Fiscalía General de la Nación, por mandato constitucional y legal, tiene una función muy clara y es la de adelantar todas las acciones penales en fase de investigación y acusación de todo aquello que reviste un delito. Tenemos que imputar los delitos, solicitar cuando amerite cada uno los casos las respectivas medidas, tanto privativas de la libertad como aquellas que no lo sean, cuando encontremos los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida.
Desconocemos el decreto reglamentario de la Ley 2272 que estipula el tema de gestores de paz, y por eso la Fiscalía continuará sus investigaciones en el curso normal, y por supuesto en el curso probatorio llevar ante los jueces de la República.
SEMANA: ¿Hay suficientes evidencias y pruebas para mantener privadas de la libertad a estas personas de la llamada primera línea?
L.O.: En este orden de ideas fueron varias las directivas, incluso emanadas por el Fiscal General de la Nación, precisamente para dar garantías y para instruir a los fiscales en aras a la conformación de grupos de investigación, fueron doce las líneas de priorización, efectivamente que se hizo en el marco de la protesta.
Estas líneas de investigación abarcan delitos contra la vida, la integridad, la violencia de género, en el marco de estructuras criminales que quisieron infiltrar estas manifestaciones violentas, el ataque a finanzas criminales de aquellos que querían aprovechar estos escenarios, obstrucción de vías. Han sido un sinnúmero de actuaciones para poder agotar la debida diligencia, precisamente para las víctimas y por supuesto para un debido proceso de aquellos que fueron vinculados a las investigaciones.
SEMANA: ¿Están capturados por protestar o fueron capturados porque cometieron delitos?
L.O: Las directivas han sido una diferencia fundamental entre el derecho que asiste una protesta pacífica y el marco de la comisión de una conducta punible y nosotros si tenemos una competencia general y legal y es adelantar las acciones penales, por supuesto en instancia de investigar y acusar y llevar ante un juez todo aquello que cumpla los requisitos de una conducta punible o de un delito, esa es nuestra responsabilidad. Hemos sido muy cautos en la hora de respetar el derecho pero a una protesta pacífica.
SEMANA: Es decir, sí cometieron delitos y por eso están detenidos, para dejarlo claro...
L.O: Por supuesto, en los despachos de la fiscalía, en el caso de la autodenominada primera línea estamos hablando de 25 investigaciones que sí tienen el soporte probatorio de que se haya cometido un delito, por supuesto ya será un juez quien determinará si ameritan o no una sentencia condenatoria. Sí podría decir que estas investigaciones están con un fuerte acervo probatorio que ha sido llevado ante los diferentes jueces de control de garantías en primera fase.
SEMANA: A un hombre lo asesinaron en la Avenida de las Américas con una cuerda, fue un hecho premeditado, también vimos a policías que intentaron quemar vivos, quemaron palacios de justicia, no dejaban pasar las ambulancias ¿De qué delitos estamos hablando para que la gente entienda el caso y los señalamientos contra los miembros de la Primera Línea?
L.O: Dentro de las investigaciones que se encuentra adelantando la Fiscalía hay un número de delitos, entre ellos están homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, concierto para delinquir. Tenemos sentencias que incluso se dieron por el delito de terrorismo y de tortura.
SEMANA: Delitos muy graves, porque si estamos hablando de terrorismo, de homicidio, no estamos hablando de casos menores, ¿Entendería uno eso así?
L.O: Son los delitos que nos dan evidencia. Como decía inicialmente, nosotros como Fiscalía estamos obligados a recepcionar todo aquello que se denuncie y ya son las diferentes actividades investigativas y la relación fáctica la que nos da la adecuación típica para poder imputar los delitos.
SEMANA: ¿En Colombia, o mejor en este caso, se puede hablar de detenidos políticos?
L.O: No, y en eso quiero ser enfática, la Fiscalía jamás ha hablado de que en estos casos nosotros nos encontremos ante detenidos políticos, nosotros nos encontramos ante unos ciudadanos que han cometido unos delitos en el marco de la justicia ordinaria, a quienes les hemos aplicado, al igual que cualquier infractor de la ley penal, las leyes vigentes, en este caso la ley penal y el código de procedimiento penal, sin ninguna excepción, dándoles también las facultades para que les asista el debido en proceso, en este caso el derecho a la defensa.
SEMANA: Usted desde la dirección de la seguridad territorial de la Fiscalía ha tenido la responsabilidad en estas investigaciones, para aterrizar y entender el tema ¿Cuáles son los casos que usted recuerde como más importantes y relevantes frente a la acción de la Fiscalía contra estas personas?
L.O.: La desaparición, tortura y posterior homicidio de un miembro de la Fuerza Pública, que fue en el departamento del Valle del Cauca; también muy conocido por todos, donde ya hay una sentencia condenatoria en contra de alias 19, precisamente por los delitos que se suscitaron en Kennedy y en Bosa. También encontramos varias afectaciones que se dieron en la ciudad de Cali. Tenemos otras investigaciones estructurales que nos dan cuenta de las afectaciones que se cometieron en esta lamentable época para el país.
SEMANA: Por ejemplo, el caso de alias 19 vimos las audiencias donde crítica a la Fiscalía, a la Policía y a los investigadores, pero además amenaza de muerte a un juez...
L.O.: Creo que la Fiscalía tiene una gran ventaja y es que tenemos un control constitucional directo y por los jueces de la República. Los jueces, en el marco de su autonomía e independencia son los encargados de evaluar la pertinencia de esos elementos materiales probatorios. Recordemos que en el caso de alias 19 ya tenemos una sentencia condenatoria, estamos hablando de una certeza frente a las pruebas.
SEMANA: ¿Qué piensa usted que este hombre del que estamos hablando, condenado a más de 14 años por estos crímenes tan aberrantes que cometió según la justicia, pueda quedar en libertad y ser gestor de paz?
L.O.: No sé cómo se vaya a reglamentar el tema. Por ahora, sabemos que él tiene una sentencia condenatoria. Ya no estamos hablando de una persona imputada, sino de una persona condenada. Es decir, sus condiciones serían totalmente distintas.
SEMANA: ¿Le deja un sinsabor que ustedes los fiscales y los miembros de la Policía Judicial se tardan meses e incluso años en elaborar un proceso para que finalmente los dejen en libertad?.
L.O.: La Fiscalía continúa haciendo su trabajo, también para nosotros ha sido satisfactorio que tuvimos la fortaleza, con muy buenos equipos investigativos, dimos cara frente al país de todo lo que pasó en las manifestaciones. Las cifras hablan por sí solas, en el esclarecimiento de los homicidios cometidos tanto por civiles como particulares y miembros de la fuerza pública tenemos un avance del 58,9%. Hemos logrado también nueve sentencias condenatorias en todo lo que tuvo que ver con la autodenominada primera línea. Tenemos varias personas imputadas y acusadas por delitos graves que se suscitaron. Incluso logramos una estrategia de alto impacto de atacar sus finanzas criminales.
SEMANA: ¿Si son nombrados gestores de paz en qué momento volverían a la cárcel o no volverían? ¿o qué pasaría si un juez o un tribunal los requiere y ya no los encuentran?
L.O.: Al leer la ley 2272 se dice que muchos de los condenados no podrán ser gestores de paz, por otra parte se dice que no se habla de amnistía ni indulto, entonces son mucha las condiciones que tiene que el gobierno entrar a reglamentar y nosotros continuaremos con la gestión que nos asiste en el marco del cumplimiento de la Constitución. Hemos sido muy respetuosos para poder continuar adelante con nuestras investigaciones.
SEMANA: Hay voces, después de este anuncio, que dicen que más del 90% de las personas que fueron capturadas en estas manifestaciones han quedado en libertad porque las evidencias no son sólidas ¿Hay pruebas sólidas y suficientes para que estas personas estén judicializadas y privadas de la libertad?
L.O.: Es importante aclararle al país que hay delitos que por la pena que se impone, no todos ameritan una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Por ejemplo, daño en bien ajeno, agresiones personales con incapacidad menor a 30 días, y por supuesto frente a los casos más graves que me indagan en este momento, los que tienen que ver que ya se encuentran con medidas intramurales que ya se encuentran en etapa de juicio, la Fiscalía tiene toda la fortaleza probatoria, incluso lo digo de cara a las mesas técnicas de seguimiento que se realizan.
SEMANA: Y las pruebas son interceptaciones, grabaciones, que son
L.O.: La Fiscalía le ha apuntado precisamente a prevalecer la prueba técnica sobre la testimonial, porque sabemos la dificultad de ir a un juicio única y exclusivamente con testimonios, entonces nuestro cuerpo técnico en investigación, la Policía Nacional y los equipos mixtos que hemos conformado, esa es una regla y es fortalecer y en gran medida prevalecer la prueba técnica en aras a llevar un juicio totalmente fortalecido.
SEMANA: Estás personas quedan libres y son nombradas gestores de paz, ¿qué pasa con sus procesos penales y sus condenas?
L.O.: Nosotros no tenemos otra manera que continuar adelante, no sabría decirle cuál va a ser la reglamentación frente a personas que ya tienen una condena en firme, entonces ya sería un tema muy difícil de abordar porque ya se habría agotado toda la instancia que le compete a Fiscalía, e incluso de lo que compete a la Judicatura.