La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo diversas acciones para garantizar la adecuada ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Fusagasugá y Soacha. Como parte de estas diligencias, el organismo de control solicitó acciones y correcciones en varias instituciones educativas con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio para los estudiantes.
En una comunicación dirigida a los alcaldes Jhon Jairo Hortúa Villalba, de Fusagasugá, y Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, de Soacha, así como a los secretarios de Educación de ambos municipios, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá inició una acción preventiva en colaboración con la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. En esta comunicación, se instó a los funcionarios a adoptar las medidas y verificaciones necesarias.
En el caso del alcalde de Soacha, la Procuraduría le informó sobre la existencia de una cocina y un comedor que no están habilitados a pesar de ser infraestructuras nuevas, la falta de disponibilidad de gas domiciliario, la entrega de algunas raciones industrializadas y la falta de raciones durante al menos cuatro días. Estas situaciones son consideradas graves para los beneficiarios del programa.
Por su parte, al alcalde de Fusagasugá se le comunicó sobre la ausencia de redes eléctricas adecuadas y seguras, la presencia constante de agua en los pisos y mesones debido a fugas de los lavaplatos, la falta de personal, el mal estado de los enseres y la cantidad insuficiente de elementos para la distribución de los alimentos, entre otros problemas que requieren atención.
El Ministerio Público les dio a los alcaldes 10 días de plazo para que “relacionen las acciones ejecutadas para subsanar las observaciones que, por su naturaleza lo permitan, así como el plan de acción formulado para aquellas a las que se les dará manejo a mediano y largo plazo”.
Problemas con el PAE en Buenaventura
Por otro lado, la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, realizó una visita a Buenaventura para hacer seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y encontró que alrededor de 45.000 estudiantes, en su mayoría afrocolombianos, aún no habían recibido la primera ración en lo que va del año, lo que también afecta a más de 900 estudiantes indígenas en el Distrito.
Durante la visita, la Contraloría General evidenció graves problemas de infraestructura en la Institución Educativa Simón Bolívar, como baterías sanitarias dañadas, techo en mal estado, baños inundados y malos olores que pueden generar enfermedades en los estudiantes debido a las deficientes condiciones de salubridad.
La Contraloría Estudiantil de la institución acompañó a los funcionarios de la Contraloría General durante el recorrido y reiteró la necesidad de recibir los alimentos todos los días, ya que en ocasiones es la única ración alimentaria que los estudiantes reciben diariamente.
En el marco de la Estrategia de Control Fiscal Participativo denominada ‘Especial Seguimiento’, la Contraloría General convocó a representantes de diversas entidades y comunidades educativas para una mesa de diálogo participativo sobre el PAE, donde se acordaron compromisos para mejorar la situación en Buenaventura.
Uno de los compromisos fue que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) solicitará los recursos necesarios para cumplir con el servicio del PAE al 100% durante los 140 días faltantes de la vigencia 2023. El otro es que la Secretaría de Educación de Buenaventura también se comprometió a dar inicio al programa el 17 de abril de 2023, sin embargo, “no se cumplió con lo pactado y ya han pasado 49 días sin prestar el servicio”.
Desde la Contraloría General de la República hacen un llamado de atención a las entidades territoriales que ejecutan el PAE, “para que inicien oportunamente, cumplan los lineamientos establecidos y garanticen el servicio durante todo el calendario académico, desde el primer día, sin interrupción, como se determina en la Ley 2167 del 2021″.