Si, por un lado, Enrique Peñalosa cuenta con las mayorías en el Concejo que le han aprobado sus proyectos, por otro lado, tiene una oposición férrea que ha logrado que varias de sus obras sean suspendidas a través de demandas, tal y como ocurrió hace unos días con el cobro de valorización. La Alcaldía había recibido autorización del cabildo distrital para cobrarles a los bogotanos una contribución de un billón de pesos, que serían invertidos en la construcción de 16 obras. Estas incluyen aceras y ciclorrutas, cuatro obras de infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental, un centro cultural y la reconstrucción de la zona industrial. Una acción judicial, puesta por la concejala Ángela Garzón, echó para atrás, al menos temporalmente, ese recaudo. Garzón, quien además es candidata a la alcaldía por el Centro Democrático, partido que paradójicamente apoyó la elección de Peñalosa, demandó para que el acuerdo entre el Concejo y el Distrito sea anulado. Según ella, las obras propuestas por valorización no son prioritarias, y el bolsillo de los ciudadanos ya está bastante golpeado. A esto se suma que la Procuraduría General le solicitó a la Alcaldía Mayor decretar la suspensión provisional del cobro, ya que no hay un estudio de la capacidad de pago de los contribuyentes y tampoco están claros los términos de costo-beneficio de las obras propuestas. Puede leer: “Yo no me hago el simpático: tomo decisiones de largo plazo”
La licitación de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima difícilmente verá la luz. Hace poco un juez ratificó la decisión de suspenderla. La Alcaldía se limitó a responder que los proyectos tienen los estudios de pertinencia respectivos, e invitó a una mesa de trabajo con el ente de control para aclarar las dudas. De mantenerse en firme la suspensión, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tendría que devolver el dinero a los contribuyentes que ya pagaron, un proceso que no ha sido nada fácil en oportunidades anteriores. Frente a esto, la concejala Garzón hizo un llamado para que los bogotanos no paguen hasta que haya una decisión definitiva. Pero este no es el único proyecto con líos jurídicos. El Distrito tiene más de 32.000 procesos activos, con pretensiones económicas que superan los 22 billones de pesos. De estos, 72 son de alto impacto. Es decir, se refieren a bloqueos, suspensiones o medidas preventivas contra asuntos consignados en el Plan de Desarrollo Distrital. De estos procesos, la ciudad tiene 24 fallos a favor y 3 en contra. Hasta el momento, el Distrito tiene 72 procesos de alto impacto, de los cuales 24 han fallado a favor y 3 en contra. Una de las obras bandera del Gobierno Peñalosa era la construcción de TransMilenio por la carrera Séptima, para la que ya se habían aprobado 2,4 billones de pesos. Sin embargo, dada la cantidad de demandas en su contra, es posible que esta no vea la luz. El juez 49 administrativo de Bogotá ratificó la orden de suspender la adjudicación, argumentando que “no cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes sobre la calle 85”. Asimismo, que tampoco se respeta la reglamentación de los andenes que debe ser de 3,5 metros de ancho, y que no se garantizan los 28 metros de ancho que deben existir frente al edificio Altos de la Cabrera. Le recomendamos: ¿Puede Peñalosa salvar la valorización? El IDU respondió que respeta la decisión, pero que apelará. Según el instituto, el edificio Altos de la Cabrera se construyó invadiendo la zona de reserva vial, y ahora que la Alcaldía busca ampliar ese andén, es incoherente que se favorezca al privado: “No importa que los estudios y diseños se hayan hecho por un costo de 29.000 millones de pesos, por dos de las firmas más importantes de ingeniería y diseño que hay en Colombia. Aquí lo que importa es lo que piensa un juez que frena este proyecto crucial para la movilidad de la ciudad”, aseguró el alcalde Peñalosa con ironía. Más allá de las diferencias de criterio en torno a la importancia o no de esta megaobra para la Séptima, lo cierto es que por ahora parece que todo en ese corredor vial seguirá igual. Pero hay más. La primera línea del metro, que costaría más de 13 billones de pesos, ya ha superado cuatro demandas, pero todavía está activa la del Polo Democrático, que espera que el proyecto sea frenado para retomar el metro subterráneo. Los argumentos que tienen es que el proyecto no está concebido dentro del POT vigente, que hay presuntas irregularidades en la declaratoria de importancia estratégica y que no habría estudios de factibilidad en el momento en que la iniciativa fue aprobada por el Concejo de Bogotá. El Distrito insiste en que la obra será contratada en octubre. Mientras tanto, este megaproyecto seguirá siendo objeto de polémica y, sin duda, epicentro de discusión de los aspirantes a reemplazar a Peñalosa. Entre esos proyectos críticos para la capital, también están las intervenciones en los humedales; sobre ellas, igualmente, se pronunció un juez esta semana. Lo que ha planeado la administración distrital es la construcción de ciclorrutas, senderos peatonales, postes de luz y miradores. El argumento es que si la comunidad puede visitar los humedales, hay control ciudadano para que estos no se conviertan en botaderos. Para esto se creó el Decreto 565 de 2017, por medio del cual se modificaba la política de humedales, y cuyo cambio principal es que hace un poco más flexible la intervención de esas reservas.
Las demandas más sonadas tienen que ver con el medioambiente. Algunas de ellas son la tala de árboles, la intervención en la reserva Thomas van der Hammen y en Lagos de Torca. Le puede interesar: TransMilenio por la Séptima en Bogotá: un nuevo tropiezo en los estrados El decreto fue demandado y se ordenaron medidas cautelares que implican su suspensión, con el argumento de que no fue socializado. La Alcaldía ha continuado con las obras, pues están incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, una norma superior a los decretos. Por esa razón, el alcalde y los funcionarios de la administración podrían ser sancionados por la Procuraduría, entidad que establecería que al seguir con las obras hay un desacato. A mediados de junio, la Alcaldía también tenía previsto adjudicar la construcción del parque en el embalse de San Rafael. Se trataba de un espacio 12 veces más grande que el Simón Bolívar, en el que se haría una inversión de 138.000 millones de pesos para convertirlo en un complejo turístico gratuito. No obstante, el sindicato del Acueducto de Bogotá logró que el juez sexto de la capital impusiera medidas cautelares que suspenden el proceso de contratación, mientras el Distrito demuestra que el proyecto cumple con las normas ambientales y garantiza que no se afecten las fuentes hídricas que proveen agua potable a los capitalinos. Finalmente, hay demandas activas contra la continuidad del relleno sanitario de Doña Juana, la tala de árboles, la intervención de la reserva Thomas van der Hammen y Lagos de Torca. También contra la implementación de los taxis inteligentes, la intervención del Bronx (los cuatro procesos los ha ganado el Distrito), la iniciativa de cobrar por el uso del carro en días de pico y placa (que está suspendida) y la venta de la ETB (una iniciativa de la cual el Distrito desistió). La administración ha insistido en que los perjudicados con estas acciones son los ciudadanos que no ven las obras o tienen que esperar más de lo previsto. Muchas de las decisiones de los jueces están afectando el interés público de millones de bogotanos. Algunas pueden tener motivaciones políticas o ideológicas. Y unas más nacen de la legítima inconformidad de la comunidad que acude a la justicia. Lo cierto es que la mayoría de estas iniciativas hicieron parte de una propuesta de campaña con la que fue elegido Peñalosa en 2015. Si el ritmo de las obras de modernización de una ciudad termina en los estrados judiciales, es la evidencia más palpable de la judicialización de la política y del gobierno de los jueces.