El Senado de la República aprobó en sesión plenaria y por unanimidad el proyecto de ley por “el cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.
La iniciativa pretende aumentar penas privativas de la libertad a quienes cometan hurtos urbanos y delitos relacionados, así como a quienes atenten contra los bienes públicos y las autoridades, y ahora este pasará a conciliación.
El paso por el Congreso de esta iniciativa fue de al menos un mes entre debates en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, y a medida que el Gobierno defiende la importancia de este proyecto, sectores de la oposición lo califican como una amenaza en lo que en el derecho a la protesta se refiere.
Algunos de las claves de este proyecto son:
1. La estipulación de la figura del “peligro para la comunidad”, la cual evitaría que un juez cuente con las herramientas necesarias para que los reincidentes en delitos sean judicializados.
Así las cosas, el juez podrá ver “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.
2. También se aumenta la pena del homicidio hasta 58,3 años (en la actualidad el máximo es de 50 años), cuando se cometa en contra de: miembro de fuerza pública en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, con fines terroristas, persona internacionalmente protegida, menor de edad, servidor público, periodista, juez de paz, defensor de Derechos Humanos y miembros de una organización política o religiosa.
Frente al hurto, se establece una pena de prisión, que será de 2,6 años a 4 años, cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y de 4 a 9 años, cuando la cuantía sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Con este proyecto, además se da el aval a que las entidades territoriales firmen contratos “para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada” en algunas cárceles de sus territorios. La advertencia de los opositores es que esto podría llevar a la “privatización” de las cárceles.
4. Del mismo modo, se creará la Dirección Nacional de Delitos Informáticos en la Fiscalía General, que busca combatir este tipo de delitos que se han incrementado en los meses más recientes, pues ha aumentado el uso de internet.
5. Finalmente, con la aprobación de este proyecto, se estableció la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.
Su ponente, el senador Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, dijo durante la exposición del proyecto que el objetivo principal que está expresado en 68 artículos, es “generar unas condiciones diferentes para que los vándalos sean castigados y el ciudadano sea protegido y pueda acceder a su derecho a la seguridad”.
Varón Cotrino recalcó que “este proyecto permite atacar ciertos hechos, el ciudadano del común le teme a salir a la calle porque teme perder la vida por un hurto”.
Por su parte, Julián Gallo, del partido Comunes, manifestó que “en el proyecto se hace referencia a aspectos que no tocan realmente la seguridad ciudadana”.
Mientras que el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, afirmó: “Con este proyecto, lo que se pretende no es generar un estado de tranquilidad y seguridad ciudadana, sino convertirnos en una sociedad donde impere el uso de la fuerza, totalmente desproporcionado”.
En este mismo sentido se expresó el senador Roy Barreras Montealegre: “Este es un proyecto verdaderamente atrabiliario, podríamos llamarlo el proyecto ‘Turbay’ porque revive el estatuto de seguridad y lo empeora”.