SEMANA tuvo acceso a detalles del expediente en el caso que tiene aún la Corte Suprema de Justicia y por el que es investigado el excongresista del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.
Cabe recordar que lo que investiga el despacho del magistrado Héctor Alarcón son los presuntos hechos de corrupción mientras Ballesteros estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016.
En total son 3 contratos investigados: uno de ellos es el 157 de 2014, documento que fue suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S. A. S. (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento) el 29 de diciembre de 2014. Este contrato fue firmado por la suma $1.188.804.830 y su objetivo era el mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector denominado El Casino, cerca de algunos tramos del municipio de Sucre Santander.
Recientemente, en su carta de renuncia al Congreso, Ballesteros señaló: “Durante más de tres años como Representante a la Cámara por el departamento de Santander, siendo este mi primer periodo, le he puesto el corazón y lo mejor de mí al cumplimento de mis deberes y funciones como Congresista, honrando la confianza de los santandereanos, y el respaldo de la gran mayoría de seres humanos maravillosos como ustedes, con los que he tenido la fortuna de trabajar”, se lee en la carta.
Volviendo al expediente del caso, en septiembre del año 2019 hubo una compulsa de copias ante la Corte Suprema luego de un interrogatorio concedido por Lenín Pardo, esposo de quien fuera en su momento la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo. Allí no solamente se mencionaba al excongresista Aguilar sino también al exgobernador Richard Aguilar. En ese entonces, Ballesteros era gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant).
A partir de dicho testimonio clave para el caso, en noviembre de 2019, la Corte que ya venía investigando a Richard Aguilar, abrió proceso contra Ballesteros. El alto tribunal indagaba posibles delitos contra la administración pública. En junio de 2021 se abre investigación formal.
Bajo la lupa de los investigadores está un posible acuerdo previo que habría sido para la adjudicación de construcción de dos acueductos: Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, exrepresentante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015 a cambio de 600 millones de pesos a manera de comisión.
Lo que señala el expediente en poder del despacho de Héctor Alarcón es que, como Ballesteros renunció a su cargo en 2016, no se concretó la adjudicación. Uno de los testigos clave, Lenín Pardo, señala “Octavio Reyes le dice a Julián Jaramillo que necesitaba que lo contactara con Richard Aguilar o que a través de alguno de nosotros, le lleváramos la razón de que le devolviera los 600 millones de pesos que le había hecho llegar a través de su amigo Edwin Ballesteros, que necesitaba recuperarlo, en vista de que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho a cambio de ese compromiso económico”.
Y es que, precisamente, la decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria y ahora vincularlo formalmente tiene que ver con un proceso que se surte contra el exsenador Richard Aguilar. La investigación apunta a que habría existido un acuerdo para la adjudicación de los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de $600 millones. Sin embargo, SEMANA ha contactado al congresista Ballesteros, quien ha insistido en que aportará a la justicia las pruebas que muestran que es inocente.
De otro lado, la situación de Aguilar, la investigación viene por hechos relacionados del momento cuando fue gobernador de Santander y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato habrían existido presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor.
Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.
Por un lado, los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación, y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
Existe también un chat de Whatsapp en el que Ballesteros habla de una posible convocatoria de más de 150 personas y Pardo le responde que no alcanzan esa cantidad de personas. Según esa versión, “la suma de dinero que la iba a entregar como producto de una parte de la coima que estaba exigiendo”, dijo Pardo a los investigadores.
La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.
De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Aguilar.
Ahora los dos escenarios son: que el caso se archive tras no encontrar elementos para llamarlo a juicio o que su caso continúe y tenga que comparecer. Por ahora, el despacho del magistrado Alarcón entrará a estudiar su situación.