Antes de su extradición a Estados Unidos, el exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, alcanzó a salpicar a varios políticos con presuntos nexos con grupos paramilitares, declaraciones que las autoridades deberán cotejar para establecer su veracidad.
Alias Otoniel es requerido por una corte de Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con narcotráfico. Las autoridades señalaron que, una vez cumpla su condena en Estados Unidos, deberá volver al país para atender los procesos que cursan en su contra en Colombia.
Las declaraciones las dio alias Otoniel ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual generó, sin lugar a dudas, un nuevo terremoto político. Tras dos días de audiencia reservada, alias Otoniel reveló detalles sobre la alianza criminal que se conformó a finales de la década de los noventa y el nuevo milenio con oficiales del Ejército, dirigentes políticos y empresarios en el Urabá antioqueño.
Y es que, al ser parte del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –que delinquía en esa región del país–, alias Otoniel fue testigo de las alianzas que se generaron para extender el proyecto político de los paramilitares y aumentar los ataques en contra de los grupos guerrilleros.
En la diligencia, que fue reservada y la cual se adelantó hace varios días, el jefe de la banda criminal les suministró una lista a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Verdad en la que se encontraban los nombres completos de varios exalcaldes y exgobernadores de Antioquia, Casanare, Meta y Guaviare que habrían apoyado a los paramilitares y se habrían concertado con esta estructura armada ilegal.
De acuerdo con la declaración de alias Otoniel, muchos de los dirigentes políticos y empresarios se reunían constantemente con los integrantes de la Casa Castaño con el fin de hablar de la financiación de las estructuras y su expansión por ese territorio. Igualmente, se pactaron varios compromisos.
Entre estos se encontraba la entrega de la contratación estatal y un porcentaje del 5 % de todos los contratos que se adjudicaban en las gobernaciones y alcaldías que conformaban el pacto suscrito. Estos hechos se habrían presentado entre los años de 1999 y 2004. Todo esto debía ser coordinado por los delegados de Carlos Castaño y los comandantes paramilitares de los bloques que delinquían en la región del Urabá.
Con esos datos se pudo establecer que la JEP compulsará copias ante los diferentes organismos con el fin de adelantar las investigaciones para establecer la veracidad de lo dicho por Otoniel.
Presuntos nexos con militares
Esta declaración se incluye a la que entregó el excomandante del Clan del Golfo sobre la relación directa de varios oficiales del Ejército Nacional. Paramilitares y militares habrían creado una estrategia de apoyo mutuo para no atacarse en la zona y presentar resultados operacionales.
Además, vinculó a varios oficiales del Ejército Nacional de tener participación y conocimiento en la masacre de Mapiripán (Meta) –registrada el 15 de julio de 1997– y la cual fue ejecutada por grupos paramilitares.
Alias Otoniel también hizo referencia al nombre del general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional. En su declaración, aseguró que el oficial tenía conocimiento sobre la práctica conocida como ‘los falsos positivos’ en el departamento del Meta.
El entonces general supuestamente habría dado apoyo para que civiles ajenos al conflicto fueran presentados como guerrilleros abatidos en combate. De esta forma, se querían mostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión y la delincuencia.
Los comandantes paramilitares en dicha región del país –indicó la fuente citando lo dicho por Otoniel– detectaron un aliado en el general Barrero en el marco de la lucha territorial que se tenía con grupos subversivos y de delincuencia común en dicho departamento. El oficial, incluso, habría recibido un pago cercano a los 500 millones de pesos por su colaboración. Los paramilitares, además, habrían colaborado en operativos militares.
En su extensa declaración, alias Otoniel afirmó además que el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Orlando Rivas, tenía vínculos con el Bloque Centauros de las AUC. Igualmente, mencionó a cerca de seis agentes de dicho organismo, quienes incluso los trasladaban en las camionetas oficiales.
El excomandante del Clan del Golfo dijo que un paramilitar conocido con el alias de El Llanero manejaba toda la contratación con la gobernación de Casanare.
Por último, y sobre el tema central de la audiencia, alias Otoniel no dio nombres ni datos relevantes sobre las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento. Esto pese a que en una carta enviada a la JEP había señalado tener información sobre la forma en que se adelantaron los denominados falsos positivos entre 2008 y 2010 y la relación de varios generales del Ejército.