Las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que presentó el presidente Iván Duque no solo fueron una derrota para su gobierno y para el senador Álvaro Uribe sino que a este último le trajo una consecuencia judicial. El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el jefe del Centro Democrático por haber participado de la votación de las objeciones a pesar de que se había declarado impedido, en noviembre de 2017, para votar la ley estatutaria que sobre esa jurisdicción especial de paz había tramitado el Senado. La demanda fue formulada por el ciudadano Andrés Zalamea y el asunto le correspondió al magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio quien acaba de ordenar una serie de testimonios. Entre los citados para declarar este próximo miércoles están el expresidente del senador, Ernesto Macías y el Secretario General de esa corporación, Gregorio Eljach Pacheco; así mismo los senadores conservadores Laureano Gómez Acuña y Efraín Cepeda. En criterio del demandante el expresidente y senador Uribe ha debido mantener su impedimento y no participar en la votación de las objeciones. Las personalidades citadas por el Consejo de Estado deberán presentarse en el Palacio de Justicia el próximo miércoles (10 de julio) a las 8:45 de la mañana. Y deberán responder a las preguntas que formule el magistrado Moreno sobre las circunstancias que rodearon la votación de Uribe respecto a las objeciones presidenciales a la JEP. Ver: ¿Está en riesgo la investidura de Uribe? En el auto en que se ordena la citación a los declarantes también se reconoce a Holman Ibañez Parra como abogado defensor de Uribe. En una situación similar a la Uribe están las senadoras María del Rosario Guerra y Paola Holguín que pese a su impedimento participaron de la votación de las objeciones. Sin embargo, al igual que Uribe, la plenaria del Senado fue la que decidió habilitarlos para votar con el argumento de que las causales de impedimento habían desaparecido. La pérdida de investidura es una sanción severa que, de imponerse, implica despojar al parlamentario de su fuero, es decir, sacarlo del Congreso. Este es el auto de pruebas expedido por el Consejo de Estado sobre el proceso contra el expresidente Uribe: