El debate constitucional por las reformas que ha presentado en los últimos meses el Gobierno de Gustavo Petro empezará a redactar un nuevo capítulo con la entrada en escena de un protagonista que acaba de ser elegido con una votación de 57 contra 47, en favor de Miguel Efraín Polo, quien derrotó a la también candidata Claudia Dangond.
Polo llegará al despacho que deja Antonio José Lizarazo, y puede inclinar la balanza al interior del alto tribunal; en este caso, sería en favor de Gobierno del presidente Gustavo Petro. La conclusión se da porque el ahora nombrado magistrado Polo se desempeñaba como magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Casa de Nariño, quien llegó a la Corte Constitucional con el impulso del Gobierno.
El primer tema que aparece en el panorama, y que es clave, es la reforma pensional que ha impulsado el Gobierno y que ha recibido todo tipo de críticas, cuestionamientos y observaciones por parte de diferentes sectores políticos.
Incluso, la Procuraduría General –en cabeza de Margarita Cabello Blanco– ya le pidió el pasado 8 de noviembre a la Corte Constitucional declarar inexequible absolutamente toda la Reforma Pensional por considerar que fue aprobada en la Cámara de Representantes sin un debate ni deliberación clara.
En el trámite que se adelantó entre la Cámara y el Senado, cita el concepto, se introdujeron 60 modificaciones frente al texto que en un principio había sido aprobado. Igualmente, se omitió un debate clave frente a 95 artículos.
Para la Procuraduría General se “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”. Los congresistas, se añade, no tuvieron el tiempo suficiente para evaluar el tema. “En la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes”.
Vía al Mar
El alto tribunal también tiene pendiente el debate sobre la demanda presentada en contra del artículo 140 de la reforma tributaria.
El demandante asegura que con lo contenido en este artículo el Gobierno Petro busca aplicar la valorización para más de 144 mil predios y darle así inicio al proyecto vial que conecta a Barranquilla con Cartagena.
Sin embargo, con esto –alega– se estaría afectando varias normas fundamentales como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia.
Casualmente, el magistrado ponente de este caso es Antonio José Lizarazo, quien deja su cargo en el próximo mes de febrero.
Venta de aguardiente
Un tema crucial para la economía por departamentos, y cuyo debate se ha extendido por meses, tiene que ver con la demanda en contra del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 que establece que la facultad de los departamentos para restringir la venta de aguardientes.
Dicha normatividad faculta a los departamentos que ejerzan el monopolio por producción directa o por contrato de los licores, para suspender la expedición de los permisos de introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus jurisdicciones.
En este trascendental debate ya se realizó una audiencia pública en la que se escuchó a varios gobernadores y empresarios. Se espera que Polo, como magistrado, modifique en parte la balanza que existe frente a este ajustado tema.