SEMANA conoció tres nuevos nombres que se habrían beneficiado de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de la investigación formal que le abrió la Corte Suprema de Justicia a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Se trata de la concejal de Bogotá María Clara Name Ramírez, hija del senador del Partido Alianza Verde, Iván Name; el alcalde de Montelíbano, Córdoba, Gabriel Alberto Calle Demoya, y el candidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Enrique Calle Aguas, respectivamente papá y hermano del representante del Partido Liberal, Andrés Calle.
Las primeras versiones de la Corte Suprema de Justicia sobre estos nuevos nombres es que el dinero que se desvió desde la UNGRD habría ido a parar en las respectivas campañas electorales de los nuevos mencionados, razón por la que se pidió pruebas, como la certificación de la concejal de Bogotá, el alcalde de Montelíbano y la inscripción del candidato a la Gobernación de Córdoba.
Esos tres nuevos nombres aparecen en la ponencia que por meses construyó el magistrado Francisco Farfán, y la cual presentó ante la Sala de Instrucción que finalmente decidió abrir investigación formal contra los dos congresistas tras los graves señalamientos que hicieron en su contra los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Con la apertura de la investigación, Name y Calle serán escuchados en indagatoria y la Sala deberá definir su situación jurídica. El proceso podría llegar a la Sala de Primera Instancia. Ahora tendrán que explicar si recibieron los 4.000 millones de pesos que ha confesado Pinilla y López, y de paso, contar sus versiones sobre el supuesto financiamiento que se les dio a las campañas de María Clara Name, Gabriel Calle y Enrique Calle.
Por este caso que lleva la Corte Suprema de Justicia ya han declarado de manera juramentada el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por petición de Billi Torres, el abogado de Andrés Calle, teniendo en cuenta que la supuesta plata que recibió cuando era presidente de la Cámara de Representantes era para que apoyara las reformas que presentó el Gobierno nacional al Congreso de la República.
Después de que la Corte le abrió la investigación formal a Calle, su abogado explicó en un comunicado: “Esta situación es una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa y demostrar la inocencia del representante Calle Aguas”. Y agregó que el congresista “está plenamente comprometido con la transparencia y asumirá ante la Honorable Corte su disposición para esclarecer la verdad”.
Por su parte, la magistrada Cristina Lombana fue la única integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se opuso a abrir investigación formal contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de la UNGRD.
En el salvamento de la magistrada Lombana, conocido por SEMANA, se advierte: “Olmedo López y Sneyder Pinilla se encuentran negociando con la Fiscalía la eventual aplicación de un principio de oportunidad o de un preacuerdo (...); en ese escenario, aportaron documentos que el magistrado instructor solicitó, incurriendo en el yerro de incluirlo en la actuación sin que el eventual convenio, a la fecha, haya sido aprobado”.
Y es que tanto López como Pinilla han asegurado en reiteradas ocasiones que a Iván Name se le entregaron 3.000 millones de pesos, y a Andrés Calle, 1.000 millones de pesos, para que —supuestamente— apoyaran las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro en el momento en que lideraban las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.