SEMANA revisó información pública que se encuentra en la página de la Rama Judicial del despacho Quinto Civil del Circuito de Medellín.
De acuerdo con la información pública, en ese despacho existían asuntos radicados con anterioridad al 16 de noviembre de 2022, los cuales en virtud al artículo 63ª de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 1285 de 2009 que consagra el sistema de turnos para las decisiones judiciales, debían ser atendidos antes que las dos demandas que presentara el Grupo Sura y Cementos Argos.
El primer proceso que debía ser resuelto mucho antes de las demandas presentadas por Grupo Sura y Cementos Argos es el Declarativo Verbal de Responsabilidad civil extracontractual cuya radicación aparece como 05001310300520220037700, siendo demandante Sebastián Cadavid Benitez, en contra de la Compañía Metropolitana de Buses, la Compañía Mundial de Seguros y Juan Felipe Ramírez.
Esta demanda, según el registro de Rama Judicial, fue presentada el día 11 de noviembre de 2022 y para el momento en que se presenta esta denuncia no tiene decisión alguna, mucho menos pronunciamiento de admisión o inadmisión.
El segundo proceso que se resolvió después de las demandas presentadas por Grupo Sura y Cementos Argos, a pesar de haber llegado primero al despacho del juzgado 5 penal del circuito, es el radicado 05001310300520220037600, un proceso declarativo de pertenencia siendo demandante Jean Ramon Ortiz Estrada.
Esta actuación que, según la página de la Rama Judicial, llegó al despacho 5 civil del circuito de Medellín el 11 de noviembre de 2022, solo fue resuelta frente a la admisibilidad de la demanda el día 22 de noviembre de 2022, es decir 11 días después y cinco días después de que se resolvieran las demandas del Grupo Sura y Cementos Argos.
La Corte Constitucional, en torno al sistema de turnos en los despachos judiciales, habla de garantía de igualdad para los ciudadanos y así lo ha consagrado en varias jurisprudencias.
Este viernes, el juez Matos emitió un comunicado a la opinión pública tras conocerse que la Fiscalía abrió una investigación por posibles hechos de corrupción judicial en el manejo de las demandas de Sura y Cementos Argos.
El juez culpó a los medios de comunicación y evitó dar explicaciones de fondo sobre los hechos que son materia de investigación de la Fiscalía.
Atención: Fiscalía abre investigación por posibles hechos de corrupción en decisión de juez que favoreció a Sura y Cementos Argos, en trámite de OPA
Este jueves, la Fiscalía informó que abrió una investigación por posibles hechos de corrupción que habrían rodeado la decisión del juez Rafael Antonio Matos Rodelo, quien falló recientemente a favor de Sura y Cementos Argos.
La Fiscalía investiga porque las dos demandas recayeron en el mismo juzgado; los autos admisorios y la adopción de medidas cautelares, que se habrían dado de manera casi simultánea y en tiempo récord, según informa La República. “Vale recordar que las medidas cautelares fueron el argumento jurídico que esgrimió la administración de Grupo Sura, en cabeza de Gonzalo Pérez, para no acatar la orden que emitió la Junta de vender la participación en la multilatina de alimentos”, dice el diario.
Esto señala el comunicado de la Fiscalía:
“Con respecto al proceso que se adelanta de oferta pública (OPA) para adquirir las acciones del Grupo Nutresa, la Fiscalía General de la Nación se permite informar:
1. La Fiscalía recibió dos denuncias penales que se relacionan con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S.A. Lo anterior, a raíz de posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de dichas demandas civiles, que podrían configurar hechos de corrupción judicial.
2. Una vez conocida la situación, su complejidad y la gravedad de los hechos, la Fiscalía dispuso el abordaje de la investigación a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción y destacó un equipo compuesto por dos fiscales, uno de ellos Delegado ante Tribunal de Distrito, así como un grupo interdisciplinario de servidores de policía judicial, entre los que se encuentran expertos en informática forense, administradores de empresas, contadores y abogados. Esto, a efectos de garantizar el avance estratégico, ágil y eficaz de la investigación y dar una respuesta pronta a la ciudadanía sobre el esclarecimiento de estos hechos que son de público interés”.
* Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA